En la mañana de este miércoles 4, efectivos antimotines y de otras reparticiones policiales sitiaron un sector del asentamiento Belén en Ciudad del Este para llevar a cabo un mandamiento de desahucio de dos propiedades ubicadas en la comunidad, las cuales forman parte de la famosa Finca 66. Sin embargo, se encontraron con una violenta resistencia por parte de los pobladores, quienes respondieron arrojando piedras, petardos y otros objetos a las fuerzas de seguridad, oponiéndose tenazmente al cumplimiento de la orden judicial.

Después de una violenta escaramuza, se informó sobre la aprehensión de cinco personas y varios heridos en ambos bandos. Además, se incautó una motocicleta en medio de la confusión.

En el primer procedimiento la entrega del inmueble se realizó sin incidentes. Cabe mencionar que la propiedad en cuestión era utilizada como depósito de mercaderías, específicamente carbón, que fue trasladado a un inmueble contiguo propiedad del demandado, Sr. Aldo Florentín Barua Acosta.

El segundo procedimiento, con la ayuda de personal civil contratado como estibadores, se extrajeron los muebles y enseres personales de los ocupantes precarios. Una vez que el inmueble quedó libre de ocupantes, el Oficial de Justicia procedió a la entrega de la posesión a su propietario.

Sin embargo, alrededor de las 11:00 horas, un grupo de personas armadas con palos, cascotes, petardos y otros elementos contundentes, identificados como vecinos del lugar, avasallaron el sitio donde se realizó el procedimiento, provocando disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Tras el violento enfrentamiento fueron aprehendidos los siguientes:

1. Derlis Gabriel Maldonado Cabral, sin antecedentes.

2. Marcial Paredes Martínez, sin antecedentes, 41 años de edad.

3. Líder Melgarejo Ramírez, con antecedentes por robo y hurto agravado, 24 años de edad.

4. Marcos Florencio Estigarribia González, con antecedentes por robo agravado, 29 años de edad.

5. Guillermo Eduardo Benítez Caballero, sin antecedentes, mayor de edad.

Una mujer falleció de infarto durante el proceso de desalojo

Durante el proceso de desalojo, un grupo de personas, todos residentes del lugar, solicitó asistencia médica para una mujer identificada como Olga Ayala Fernández (43), quien debido a la situación en la que se encontraba fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital de Traumas de la ciudad, pero lamentablemente llegó al centro de salud sin signos vitales.

Según relatan algunos pobladores del lugar, la mujer sufrió un infarto al enterarse de que su hijo había resultado herido por balines de goma en un incidente relacionado con la intervención policial. Sin embargo, es importante destacar que la relación exacta entre el infarto y el incidente está siendo investigada por las autoridades pertinentes.

La agente fiscal Vivian Coronel ha formulado cargos en contra de Rafael “Mbururú” Esquivel, acusándolo de presuntamente haber abusado de una niña de 12 años en el año 2019. Este proceso legal se centra en las acusaciones de abuso sexual infantil, con Esquivel siendo señalado como el autor principal. Además, la madre de la adolescente en cuestión también enfrenta acusaciones por complicidad.

De acuerdo con los hechos relatados, el presunto abuso habría tenido lugar entre los meses de junio y julio de 2019 en el interior del motel Samoa, ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este. Supuestamente, la madre de la víctima habría ordenado que su hija acompañara a Esquivel al mencionado lugar, donde se habría producido el abuso sexual.

La denuncia salió a la luz el 7 de marzo de 2023 cuando la Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia informó a la Fiscalía sobre un presunto caso de proxenetismo en el que la menor habría sido víctima, con su propia madre siendo señalada como la supuesta responsable. Tras la intervención del Ministerio Público, se sometió a la adolescente, quien actualmente tiene 16 años, a un examen médico forense, el cual reveló evidencia de un «desgarro antiguo de himen».

Además, la víctima recibió apoyo de un profesional del Centro de Atención a Víctimas, durante el cual confesó que fue forzada por su madre a mantener relaciones sexuales con Rafael Esquivel. También afirmó que su progenitora había recibido dinero a cambio de permitir que el acusado abusara de ella.

El 31 de marzo de 2023, la víctima ratificó plenamente las acusaciones de abuso sexual durante su testimonio ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes. Como resultado, la fiscal Vivian Coronel procesó a ambos presuntos responsables, quienes actualmente están detenidos y enfrentan posibles condenas de prisión significativas.

A lo largo del período estipulado por el Juzgado, la Fiscalía Especializada recopiló pruebas sólidas contra los acusados. Estas pruebas incluyen el testimonio de la víctima ante la unidad fiscal, el informe del médico forense, una evaluación psicológica y la declaración realizada en la Cámara Gesell como parte del proceso de recolección de pruebas anticipadas.

El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado de Garantías Nº 5, bajo la supervisión de la magistrada Cinthia Garcete Urunaga. La representación pública ha solicitado que el caso sea elevado a juicio oral.

En un episodio ocurrido la madrugada de este miércoles 27, un dúplex ubicado en el barrio Pablo Rojas, a metros de la comisaría 4ª., fue objeto de un ataque a balazos cometido por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. Este caso cobra especial relevancia debido a una denuncia previa presentada por el propietario del edificio, Osmar Darío Marecos.

Marecos había presentado una denuncia en junio pasado ante el Ministerio Público alegando haber recibido amenazas de muerte por parte de Víctor Cesar Meaurio Enciso, quien es señalado como el presunto responsable del robo de más de 400 máquinas de criptomonedas propiedad de Marecos. El robo tuvo lugar en abril pasado en la colonia Alfredo Plá de Presidente Franco.

Según los informes policiales, en el hecho reciente, dos individuos no identificados, vestidos de oscuro y con cascos protectores, se aproximaron al lugar a bordo de una motocicleta deportiva de color oscuro equipada con una luz frontal tipo xenón. Uno de los sospechosos portaba un arma de fuego, posiblemente un revólver o una pistola.

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Los atacantes pasaron frente al edificio en cuestión y luego regresaron, momento en el que uno de ellos abrió fuego repetidamente hacia las cámaras de seguridad del edificio. Las cámaras capturaron el incidente en detalle.

El propietario del edificio se enteró del ataque alrededor de las 19:00 horas del mismo día cuando descubrió los impactos de bala en la propiedad. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, se hizo evidente la gravedad de la situación.

INACCIÓN FISCAL

Marecos dijo estar preocupado por la falta de acción por parte del fiscal Alcides Giménez, quien está a cargo de investigar la denuncia de amenazas de muerte que presentó en junio pasado. Afirma que, desde la presentación de la denuncia, el fiscal no ha tomado medidas para abordar el caso, lo que aumenta su temor por su vida y la de sus seres queridos.