La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, declaró inadmisible el recurso de Apelación presentado por los agentes fiscales René Fernández y Josefina Aghemo. Con esta resolución queda firme el planteamiento de que dicha causa sea llevada a los Tribunales de Ciudad del Este.

El 30 de enero pasado los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández solicitaron la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito del senador Javier Zacarías Irún. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Asunción resolvió derivar dicho pedido a un juzgado de Alto Paraná argumentando falta de competencia territorial.

El escrito de los fiscales René Fernández y Josefina Aghemo, que pedía anular la resolución, fue presentado ante la Secretaría de Atención Permanente del Poder Judicia en febrero pasado.

La Cámara de Apelaciones en lo penal, Primera Sala, había argumentado que no existía competencia territorial para mantener la causa en Asunción mientras que la Fiscalía refirió que no se tomó en cuenta que en la causa se investigan varios hechos relacionados con el enriquecimiento que tuvieron su ejecución tanto en la capital, como en diversos puntos del país e incluso en el extranjero por tanto si existían elementos.

Además, la Fiscalia señaló que en ese entonces, llamativamente ese fallo no fue notificado al Ministerio Público y este tomó conocimiento por otro mecanismo.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia rechazó la admisibilidad del recurso interpuesto y el caso pasa a tribunales de Alto Parana.

ANTECEDENTES

El juez Gustavo Amarilla se había inhibido de la causa de apertura por Enriquecimiento Ilícito. Posteriormente, el 6 de febrero, el magistrado Fernández impugnó dicha inhibición y esta fue remitida al Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que -sin tratar la cuestión de fondo- decidió declararse incompetente por cuestiones territoriales.

En la audiencia de revisión de medida cautelar para Lider Garcete s/ Violencia Familiar, desarrollada en el Juzgado Penal de Garantias N° 3, a cargo de Carlos Vera Ruiz, el 3 de mayo de este año,  los representantes de la querella adhesiva, abogados Leonardo Samaniego Amarilla y Nilda Benítez Peña, han realizado el ejercicio de su representación, con el abuso de sus facultades que la Ley procesal les confiere.

Un informe elevado por el Poder Judicial incia que ambos abogados «de forma temeraria se dirigieron al magistrado Vera Ruiz, quien lleva adelante el proceso penal, recayendo así la actitud de los auxiliares de justicia, en una clara violación al artículo 112 del Código Procesal Penal “Litigar con Buena Fe”, al mencionar en la audiencia de revisión lo siguiente.

“Esta representación de la querella adhesiva, quiere dejar plasmada en acta que en caso que Líder Garcete López, sea beneficiado con algún tipo de medidas menos gravosas, previstos en el artículo 245, hará uso de su derecho a recurrir a los organismos de protección a las mujeres, Secretaría de la Mujer, y de ser necesario, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados…”. Ante esto, se observa el claro intento de coacción ejercido por los citados profesionales, al magistrado penal de Garantías, refiere el informe.

En estricto uso de sus facultades, y más allá de eso, constituye una obligación para el juez aplicar la disciplina o sanción, consagrados en los artículos 113 y 114 del Código Procesal Penal. Ante esto, el juez Vera Ruiz declaró litigantes de mala fe a los abogados Samaniego Amarilla y Benítez Peña, por resolución fundada, manteniendo todas sus actuaciones tanto en el expediente judicial, como en relación a la resolución donde los declara litigantes de mala fe, obrando estrictamente conforme a Derecho, no habiéndose extralimitado en sus funciones.

Esta circunstancia hizo que medios de comunicación de la zona hayan publicado el caso, en forma consecutiva, con datos que nada obedecen a la verdad, y ante ello, los querellantes han recurrido a una figura dilatorias y de chicanas jurídicas, con la recusación al magistrado, cuyo informe y oposición a la recusación, ha sido remitido al Tribunal de Alzada, para su estudio y consideración.

Por este medio, se deja constancia a la sociedad jurídica y la ciudadanía, que en la causa penal citada, el magistrado ha obrado, en todo momento, conforme a Derecho y que las partes ya han recusado en la misma causa, a las juezas de Garantías N° 1, Teresita Cazal y de Garantías N° 5, Cinthia Garcete, siendo el juez Carlos Vera Ruiz, el último recusado.

Una visita rutinaria y a la vez sorpresiva, realizaron este jueves los jueces de Ejecución de Sentencias, Aldo Moreira y Lilian Benítez, con el acompañamiento de sus pares del fuero penal de la Adolescencia, defensores públicos y otras dependencias del Poder Judicial con fin de verificar las condiciones generales de una población de 47 adolescentes infractores.

La magistrada Penal Adolescente del segundo turno, María Luísa Añazco, explicó que buscarán en coordinación con la Presidencia del Fuero Penal Adolescente, para una solución vía interinstitucional para los problemas de documentación de los jóvenes transgresores.

“Muchos mienten sobre su identidad y debemos recurrir al sistema AFIS de la Policía para tener los datos reales, pues algunos no tienen documentos. Ahora, vamos a ver si con la Presidencia conseguimos una alternativa para que puedan tener sus certificados de nacimiento y gestionar su cédula de identidad”, explicó la jueza Añazco.

El problema de fondo es que los adolescentes y sus familiares, en su mayoría de escasos recursos económicos no disponen de dinero para una nueva impresión del certificado de nacimiento que solo en la primera expedición se entrega en forma gratuita. Para lograr una salida al efecto, los juzgados penales de la Adolescencia recurren a la titular del fuero penal Adolescente, abogada Rocío Gossen, para que por por sus buenos oficios, se logre un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Justicia.

EL RECORRIDO

Durante el recorrido en el Centro Educativo, ubicado en el km. 9 Acaray de Ciudad del Este, observaron que los adolescentes reciben una buena alimentación y no escucharon mayores quejas del trato que reciben de los educadores asignados a la institución.

Actualmente existen tres condenados, pues en el caso de los adolescentes, la última alternativa judicial es la prisión, los demás son procesados, sumando en total a 47 adolescentes en el lugar que tiene capacidad para 50 personas. De ese grupo, están también tres extranjeros y tres indígenas.