Ante la gran cantidad de casos por abuso sexual en niños que son tramitados en los juzgados penales de garantías y sentencias, el magistrado Milciades Ovelar Escobar, advierte la severidad de las penas por este hecho punible, con las modificaciones introducidas en el Código Penal desde diciembre del 2017. La ciudadanía, especialmente los padres, deben conocer y tomar las precauciones que correspondan en los casos relacionados a niños y adolescentes.

El magistrado reveló casos que le tocaron analizar en juicio oral y público, donde niñas de 12 a 13 años ya tenían una vida sexual activa, pero cuando la relación es descubierta por sus padres, denuncian al Ministerio Público y se inicia un proceso penal. “Aunque esa relación sea supuestamente consentida por el niño o niña y se de en un ambiente de «noviazgo», para la Ley es un hecho punible y la persona se expone a una pena que va desde 15 años de prisión para arriba”, explicó el juez Ovelar.

Agregó que la dureza en la penalización apenas es un factor para desalentar este tipo de crimen y resaltó que lo más importante es el rol de la familia y la sociedad que deben, en primer lugar, cumplir su función de proteger a los niños.

A diario, se conocen de causas de abusos sexuales en niños y adolescentes y en prácticamente el 100 % de los casos se desarrolla en el vínculo familiar. Es por ello que los padres deben tener todo el cuidado necesario con el fin de evitar este tipo de situaciones que dejan consecuencias lamentables e irreparables en las víctimas.

LAS SANCIONES

El artículo 135 del Código Penal Paraguayo establece que son niños hasta los 13 años, los que no pueden consentir, en ningún caso una relación sexual. Sin embargo, si la víctima entra en la faja etaria de 14 a 16 años, aún con consentimiento, se configura el hecho punible que se denomina ESTUPRO, cuya sanción penal es multa. Es decir, las adolescentes, fuera del matrimonio, no pueden tener relaciones hasta los 17 años de edad.

En el caso que víctima y victimario sean del mismo género, el delito se denomina ACTO HOMOSEXUAL CON PERSONAS MENORES (de 14 a 16), con una pena carcelaria de hasta dos años o una multa.

Ahora bien, en los casos de abuso sexual en niños (víctima de hasta 13 años), si hay coito, la pena mínima es de 15 años de prisión y puede llegar a un máximo de 30 años, si concurren otro agravantes como la repetición, violencia durante el acto o la condición especial del autor (padre o tutor).

Si la acción del acusado se limite a simples manoseos u otros actos capaces de despertar el instinto sexual (sin coito), la pena establecida es de 4 a 15 años de penitenciaría.

Agentes antinarcóticos irrumpieron  en la tarde de este martes en una vivienda localizada en el centro de Presidente Franco, a pocas cuadras de la comisaría sexta, donde hallaron gran cantidad de marihuana y accesorios que hacen presumir que el local era utilizado como un laboratorio. Un detenido arrojó la intervención.

Datos suministrados por el fiscal antinarcótico, Elvio Aguilera, fueron hallados alrededor de 45 panes y nueve bolsas de la hierba alucinógena, totalizando 122 kilogramos.

El detenido en la ocasión de trata de Denis Augusto Britez Godoy (25), quien posee antecedentes por un hecho de tentativa de homicidios y otros, refiere el informe policial.

Un sexagenario que habría extraído 360 mil dólares americanos de una cuenta corriente ajena de la sucursal de un banco de Ciudad del Este, utilizando una cédula apócrifa, fue acusado por el Ministerio Público. Se trata de Ricardo López Gómez (66), quien se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. El requerimiento conclusivo fue presentado por el fiscal Víctor Adolfo Santander por la supuesta comisión de los hechos punibles de Estafa y Producción de Documentos no Auténticos. La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías número 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos.

Según los antecedentes, el 18 de julio del 2018, el encausado se habría apersonado hasta la sucursal del Banco BBVA S.A., ubicada en el kilómetro 3,5 de la avenida Monseñor Rodríguez casi Jorge Anisimoff de Ciudad del Este, y utilizando una cédula apócrifa retiró la suma de 360 mil dólares de la cuenta de Felipe Carlos Resck Bonnin.

Para el efecto, el presunto criminal presentó un documento con su fotografía, pero con los datos del titular de cuenta, quien es cliente de la citada entidad bancaria.  Previamente, López Gómez realizó trámites administrativos internos, induciendo de esta manera a un error a los funcionarios del banco, lo que motivó la extracción irregular del millonario monto.

Tras la denuncia, la Fiscalía inició la investigación y mediante imágenes del circuito cerrado pudo comprar el hecho público. En la filmación se puede visualizar el momento en que Ricardo López Gómez ingresa al banco, conversa con un cajero, le facilita su cédula de identidad apócrifa, realiza los trámites administrativos internos y luego recibe los 360 mil dólares ajenos. Finalmente, como si nada, se retira del lugar.

Al contar con estos elementos, el fiscal Santander ordenó la detención preventiva del sospechoso y el 15 de noviembre de ese mismo año, el anciano fue privado de su libertad por agentes del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional durante un procedimiento efectuado en la ciudad de San Lorenzo. Seguidamente, el responsable de la investigación dispuso su imputación y requirió la prisión preventiva, a fin de garantizar el sometimiento del imputado al proceso penal, considerando que el mismo no posee arraigo y además cuenta con varios antecedentes penales  por hechos similares.

El Ministerio Público sostiene, en base a los elementos probatorios reunidos durante la etapa investigativa, la existencia material del hecho y la participación penalmente responsable del acusado Ricardo López Gómez. Entre estas pruebas figuran el informe técnico de identificación humana del Departamento Especializado contra la falsificación de documentos y abuso de documentos de la Policía Nacional, y los respectivos informes de la entidad bancaria y otras instituciones públicas y privadas.

«La información colectada no permite suponer la existencia de ninguna circunstancia de eximición penal. Conforme con lo expuesto, esta representación fiscal considera que la conducta desplegada por el acusado es típica, antijurídica, reprochable y punible», resalta la acusación presentada por el fiscal Adolfo Santander, quien solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público

El Tribunal de Sentencias integrado por Efrén Giménez, Milciades Ovelar y Herminio Montiel, remitieron una nota al director de la Penitenciaría Regional, Alberto Ramón Orella y el Ministro de Justicia Julio Javier Ríos, para que dispongan los mecanismos necesarios, para que el condenado Elías Caballero Ramírez, reciba asistencia médica en forma urgente, ante una severa hernia abdominal que padece hace varios años.

Los magistrados ordenaron que la médica forense de turno inspeccione al hombre y eleve un informe a las autoridades penitenciarias. El hombre dijo al Tribunal que hace cuatro años soporta dolores intensos y exhibió parte de su abdomen que está con un enorme bulto y requiere una urgente intervención quirúrgica.

El hombre estaba recluido en la Penitenciaría de Tacumbú, cumpliendo condena por otro hecho punible de robo y de acuerdo a lo expresado por el defensor público Ramón Flecha, quien lo asistió hoy en un juicio oral, explicó que su colega de la capital del país realizó un seguimiento del caso de Caballero, pero no fue atendido por las autoridades penitenciarias.

 “Mi colega de Asunción, presentó todos los informes, todos los estudios médicos de Elías Caballero, quien debe ser sometido a una cirugía, pero no hubo reacción de las autoridades de Tacumbú para derivarlo a un centro asistencial. Ahora, está en el penal de Ciudad del Este, luego que el Tribunal haya ordenado su traslado”, expuso el defensor público.

EL JUICIO ORAL

Este martes, el Tribunal de Sentencias condenó a 5 años y 6 meses de prisión a Caballero Ramírez, por el hecho punible de robo agravado, ocurrido el 8 de febrero de 2014, a las 22.00, en el km. 8 Monday, frente al colegio Juana María de Lara.

En esa ocasión, junto a otro sujeto pidieron un aventón a Vicente Gómez Aranda quien conducía su motocarro Kenton de color verde. El hombre accedió y en el trayecto, le apretaron con un destornillador, le sacaron del manubrio del biciclo y lo pasaron a la parte trasera de la moto, de donde pudo saltar en un descuido y correr de los asaltantes, de acuerdo a la acusación sostenida por la fiscal Cinthia Leiva Cardozo.

Los jueces Zunilda Martínez, Efrén Giménez y Herminio Montiel condenaron a cinco años de pena privativa de libertad a Tomasa Martínez Ortiz por el hecho de violencia familiar con resultado de lesión grave, donde resultó víctima su esposo Luciano Miranda Arzamendia, el 3 de abril de 2015, en una vivienda del Área 4 de Ciudad del Este.

La decisión del Tribunal fue por unanimidad en base a las pruebas testimoniales y documentales desarrolladas en la audiencia, donde se demostró que a consecuencia de las lesiones recibidas, su esposo tuvo fractura de cadera, pérdida de pieza dentaria y el retiro del catéter que, de acuerdo a la versión de los testigos, fue realizado por la acusada.

La víctima era no vidente, sufría de diabetes y de acuerdo a la acusación fiscal, el catéter le fue retirado de forma brusca, produciéndola un sangrado y con mucha dificultad pudo pedir auxilio para ser llevado a un centro asistencial.

Un servicio de ambulancia llegó a la casa y la víctima (jubilado de Itaipú) fue llevado primeramente a un hospital de Foz de Yguazú para su asistencia médica y luego a la Fundación Tesãi, donde constataron las lesiones mencionadas.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Claudelina Corvalán pidió seis años de prisión para Tomasa Martínez y la querella planteó siete años de pena privativa de libertad. El Tribunal tuvo en cuenta que la acusada no registra antecedentes, sus condiciones personales, que siempre estuvo sometida al proceso y otros elementos que pesaron a su favor al momento de la medición de la pena.