El fiscal Miguel Ángel Alvarenga, de la Unidad Zonal de Yguazú, imputó a un hombre que habría abusado sexualmente de su sobrina de 12 años y requirió al Juzgado Penal de Garantías que declare su rebeldía, considerando que se encuentra prófugo de la Justicia. El sospechado está identificado con las iniciales A.R.M., quien soporta el cargo por Abuso Sexual en Niños.

Según los antecedentes, los abusos supuestamente se repitieron durante mucho tiempo en una vivienda ubicada del distrito de Juan E. O’Leary. Al tener conocimiento de la situación, la directora de la escuela donde estudia la menor y la responsable de Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) realizaron la denuncia en el Ministerio Público.

Luego, el fiscal Alvarenga dispuso la realización de un estudio sicológico y la inspección médica de la víctima, que determinaron que la misma presuntamente sufría de los abusos sexuales. Durante la entrevista con la sicóloga de la Fiscalía, la niña detalló la forma en que su tío presuntamente abusaba de ella.

En base a estos elementos incriminatorios, el representante del Ministerio Público ordenó primeramente la detención preventiva del supuesto agresor y ahora presentó la imputación. Asimismo, el fiscal Miguel Alvarenga solicitó la suspensión del plazo procesal hasta que A.R.M. sea privado de su libertad.

El Tribunal de Sentencias integrado por Fátima Burró, Milciades Ovelar y Alba Meza, condenó a dos años de prisión, al suboficial Marcos Antonio Verdún, por el hecho punible de cohecho pasivo, ocurrido en mayo del año 2017. El fiscal Carlos Almada estuvo en representación del Ministerio Público, pero otro colega le antecedió en la investigación.

La acusación fiscal fue por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y por frustración de la persecución penal y, al respecto, los juzgadores explicaron que la tarea del Ministerio Público tuvo muchas falencias, por lo que ambos hechos punibles no pudieron ser demostrados en el juicio oral.

Sin embargo, indicaron haber llegado a la convicción de la existencia del cohecho pasivo (sin agravante) basado principalmente en los indicios y circunstancias fácticas que se ventilaron a lo largo de la audiencia oral y valorados, en su conjunto, con arreglo a la sana crítica, ya que el órgano acusador no ha alcanzado pruebas directas.

EL HECHO

El acusado era titular de la subcomisaria de N° 48, colonia Nueva Conquista del distrito de Itakyry, al norte del departamento y él, según el Ministerio Público, recibía en forma permanente, beneficio económico proveniente del narcotráfico.

La investigación se abrió cuando el propio acusado, se molestó por su traslado y el 10 de mayo del 2017, mediante un video viralizado, dijo haber recaudado dinero proveniente de productores de marihuana para varios jefes policiales. El uniformado manifestó haber recibido, la última vez, 45 millones de guaraníes para su parte, incluso aseguró tener fotografías que prueban lo manifestado, auto incriminándose de esa manera.

Al respecto, los integrantes del Tribunal se preguntaron el por qué, las autoridades policiales mencionadas en el material audiovisual no fueron incluidas en la investigación del Ministerio Público y que tampoco se obtuvo actos concretos que demuestren que Verdún haya obstruido la persecución penal, como se lo acusó y si fuese así debía ser castigado como autor de narcotráfico por omisión pues, en su calidad de funcionario policial (garante) tenía la obligación de evitar el resultado de un hecho punible. Con eso los juzgadores dan a entender la desprolijidad de la acusación fiscal.

Igualmente, llamó la atención de los magistrados que el sumario en justicia policial haya sido tan superficial, pues solamente se resolvió amonestar al suboficial y sin haberse hecho diligencia alguna, ya que, “por orden superior”, no se debía profundizar la investigación, según testificó el propio fiscal sumariante.

Verdún, había dicho en su defensa que el dinero con el cual estaba alardeando en el video no fue producto de coima alguna de narcotraficantes, sino un préstamo, pero el tribunal tampoco fue convencido al respecto.

El fiscal Sergio Irán Villalba (foto) formuló acusación contra dos hermanos sindicados de matar a un joven durante un frustrado asalto. Ellos son Fernando José Aquino Salinas (19) y Alberto Rafael Aquino Salinas (20), quienes soportan cargos por Homicidio Doloso y Robo con Resultado de Muerte o Lesión Grave. Igualmente, el representante del Ministerio Público requirió la elevación de la causa a Juicio Oral. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 1, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.

Según los antecedentes, el crimen ocurrió el 16 de febrero del presente año, a las 23:00 horas aproximadamente, en la vía pública  de la fracción Villarrica del barrio San Alfredo de Ciudad del Este, resultando víctima fatal Alexis Daniel González Bogado. En la oportunidad, los presuntos delincuentes -que circulaban en una motocicleta- habrían atacado a mano armada a la víctima, quien a su vez estaba por abordar su biciclo en la vereda de una casa.

Acto seguido, los presuntos criminales intimaron al joven a la entrega de su motocicleta, pero éste se resistió y arrojó la llave del rodado sobre la muralla de una propiedad privada. Este hecho enfureció a los supuestos asaltantes, quienes realizaron varios disparos de arma de fuego, uno de los proyectiles impactó en la región lumbar de Alexis Daniel, quien cayó al suelo y falleció ensangrentado camino al Hospital de Traumas.

Por su parte, los supuestos autores escaparon rápidamente del lugar. Pero, en prosecución de la investigación, agentes de la Policía Nacional detuvieron a los hermanos Aquino Salinas. Luego, ambos fueron procesados por el fiscal Sergio Villalba y ahora formalmente acusados. Los mismos se exponen hasta a 30 años de pena privativa de libertad.

El fiscal Edgar Torales (foto) presentó imputación contra el ciudadano Rubén Coiteux Fariña (36) por el supuesto hecho punible de Abuso Sexual en Perjuicio de dos hermanitas, de 8 y 9 años respectivamente. De igual modo, el representante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva del encausado.

Según la investigación, los supuestos abusos se repitieron presuntamente en varias ocasiones en una vivienda del distrito de Minga Guazú, hasta que las afectadas decidieron contar a su madre y la misma inmediatamente realizó la denuncia en el Ministerio Público.

La acción penal fue radicada el 10 de mayo del presente año. Luego, el fiscal Torales solicitó una serie de diligencias investigativas, hasta que el estudio sicológico realizado por una profesional del Ministerio Público confirmó que  las víctimas eran supuestamente manoseadas en sus partes íntimas por el Coiteux Fariña.

Refieren los datos, que el hombre presuntamente aprovechaba cada que vez que las niñas iban a la casa de su abuela para cometer los abusos, considerando que el mismo residía en las inmediaciones del lugar.

El Tribunal de Sentencias integrado por Amílcar Marecos, Dólica Giménez y Fátima Burró, aplicó la sanción penal de 7 años de penitenciaría a Derlis Da Silva Figueredo, por un hecho de robo agravado ocurrido en el año 2014. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Cinthia Leiva y la defensora pública Lucia Franco, asistió al acusado.

En esa ocasión, la víctima de robo fue Darío René Castillo Rojas, en las inmediaciones de la seccional colorada del barrio Santa Ana, cuando fue reducido por el acusado a punta de arma de fuego (revolver calibre 38), para despojarle de un teléfono celular. El hombre llegó  hasta su víctima a bordo de una motocicleta y de la misma forma huyó del sitio.

El 9 de julio de ese año, Da Silva Figueredo fue privado de su libertad por otro hecho punible y como Castillo es funcionario judicial y el detenido fue llevado para su audiencia, lo identificó plenamente como responsable del asalto que sufrió, meses atrás.  En efecto, el hoy condenado, registra varios antecedentes por otros hechos punibles similares.