Delincuentes asaltaron a dos mujeres y robaron la suma de 30 mil dólares que retiraron de una entidad bancaria. El atraco se registró este último jueves, en el distrito de Yguazú, camino a Santa Teresa.

Resultaron víctimas Nilsa Rizzoto (69) y Mirian Insfrán Vargas (31), quienes fueron interceptadas por los desconocidos en la calle del km 37, a unos 6 mil metros de la Ruta PY02.

Las afectadas se trasladaban en un automóvil de la marca Toyota, modelo WISH, color negro, con chapa AAKZ-956.

Ambas, según el parte policial, retornaban de Ciudad del Este, donde cambiaron una hoja de cheque a cargo del Banco Itaú. En el trayecto, se quedaron en el km 30 de Minga Guazú y luego continuaron el viaje, conforme relataron a los intervinientes.

Al alcanzar el lugar mencionado, le salieron al paso los malvivientes, quienes circulaban a bordo de una motocicleta. Allí, a punta de arma de fuego fueron obligadas a entregar la mochila que contenía el dinero en efectivo.

Consumado el hecho, se dieron a la fuga. Intervino el fiscal Alfredo Acosta Heyn.

Ciudad del Este y su área metropolitana están experimentando un incremento en los niveles de inseguridad, según informes recientes. Fuentes cercanas a las autoridades policiales han planteado la preocupante hipótesis de que existe una especie de «carta blanca» otorgada por las fuerzas del orden a los delincuentes para la comisión de delitos, especialmente robos con grandes botines. Estas fuentes sugieren que algunos jefes policiales podrían estar brindando protección a los delincuentes a cambio de un porcentaje de los beneficios económicos obtenidos a través de los robos.

Estas acusaciones, de ser ciertas, representarían una seria violación de la confianza y los deberes de las fuerzas del orden encargadas de proteger a la ciudadanía. La corrupción policial es un fenómeno perjudicial que socava el estado de derecho y mina la confianza de la población en las instituciones encargadas de mantener la seguridad.

Es fundamental que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva y transparente para determinar la veracidad de estas acusaciones y, de ser comprobadas, tomar medidas contundentes contra los responsables. Además, es necesario implementar estrategias y políticas efectivas que aborden tanto el creciente problema de inseguridad como las posibles manifestaciones de corrupción en las fuerzas policiales.

La seguridad ciudadana es un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por las instituciones del Estado. Los residentes de Ciudad del Este y su área metropolitana merecen vivir en un entorno seguro y confiar en que las autoridades competentes velan por su bienestar. La lucha contra la inseguridad y la corrupción requiere de un esfuerzo conjunto y decidido por parte de la sociedad y las instituciones, con el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad en la región.

Una comitiva de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, encabezada por la agente fiscal Lisa Baeza, llevó a cabo un allanamiento e incautación de una gran cantidad de productos presuntamente falsificados de la marca Stanley.

El procedimiento tuvo lugar este miércoles último en un depósito ubicado en la avenida San Blas del microcentro de Ciudad del Este, en cumplimiento del Auto Interlocutorio Nº 695 emitido por el Juzgado de Atención Permanente, a cargo de la magistrada Cinthia María Garcete. La denuncia fue presentada por los abogados Federico Huttemann y Enrique Guerrero, del estudio jurídico Berkemeyer y Asociados.

Durante el operativo, los intervinientes incautaron varias cajas de vasos y termos de la reconocida marca internacional, así como también dos máquinas que se encontraban en pleno proceso de sublimación de los productos. El local intervenido pertenece al comerciante de nacionalidad palestina Sermham Mohamad Marmar.

Por disposición de la fiscal a cargo, las mercaderías incautadas fueron trasladadas al depósito del Ministerio Público para su posterior peritaje. Mientras tanto, el presunto responsable del delito contra la propiedad intelectual será convocado a comparecer ante la Unidad Fiscal para presentar sus descargos correspondientes.