Un incendio afectó este viernes una librería ubicada en el mercado de abasto, causando daños materiales. El siniestro se desencadenó en horas de la madrugada, al parecer, debido a una vela que el propietario dejó encendida en el local.

El reporte fue realizado a los bomberos alrededor de la 01:00 horas. Los voluntarios se esforzaron arduamente para extinguir las llamas, logrando evitar que la situación se agravara, y que solo se produjeran daños materiales.

El propietario de la librería, Fernando Miguel García (40), informó a las autoridades presentes que había dejado la vela encendida para su santo, lo que aparentemente desencadenó el desafortunado incidente.

Las Unidades de Salud Familiar están siendo blanco de los delincuentes en los últimos días. Esta vez robaron medicamentos, un televisor de 40 pulgadas, cafetera y olla eléctrica. El hecho ocurrió en la ciudad de Hernandarias, este jueves último.

Se trata de la USF “Nuestra Señora de la Asunción”. El hecho fue denunciado por el médico Ronald Paul Escobar, ante la Comisaría 5ª. Los malvivientes derribaron una reja de metal y luego una puerta corrediza de blindex para ingresar. La USF es una estructura nueva, inaugurada recientemente.

Escobar explicó que ayer al llegar a su lugar de trabajo, minutos antes de las 7:00, se encontró con las puertas violentadas y adentro totalmente desordenado, confirmando que los objetos mencionados ya no estaban.

En cuanto a la cantidad exacta de medicamentos robados, deben hacer un inventario para determinar, según anunció el profesional de blanco.

La semana pasada, una USF de Ciudad del Este también fue visitada por los marginales, quienes se apoderaron de 391 dosis de vacunas.

El agente fiscal Alcides Giménez Zorrilla formuló acta de imputación contra dos mujeres por la presunta comisión de los hechos punibles de tentativa de homicidio y lesión grave. Ellas son Marian Guadalupe Penayo (26) y Janina Maiara González Ramírez (28), quienes se encuentran privadas de libertad.

Las mismas están sindicadas de haber agredido a Francisca Paola Benítez Pereira y su madre Marta Ramona Pereira. El hecho ocurrió el 18 de julio pasado, en el barrio Remansito de Ciudad del Este. En esa oportunidad, las víctimas estaban en compañía de dos amigas, en una despensa.

Eran las 16:00 horas aproximadamente y cuando iban a regresar a su domicilio, las hoy procesadas les cerraron el paso a bordo de una motocicleta, de la marca Star, modelo Sk 125 cc, color azul, matrícula 464 AARZ PY. Allí, según la pesquisa, descendió Marian Penayo y se apoderó de una piedra, amenazando a Francisca Benítez con romperle la cabeza.

Víctimas y victimarias mantuvieron una discusión. Después las atacantes se retiraron, pero regresaron a eso de las 18:00 horas, con machete y arma de fuego en mano. Nuevamente discutieron y forcejearon, circunstancia en que Marta Ramona acusó un disparo en la pierna, lado derecho, con orificio de entrada y salida, por lo que fue auxiliada en el Hospital Distrital de Presidente Franco. La Fiscalía pidió la prisión preventiva de ambas involucradas en el caso.

La fiscal Vanesa Candia presentó acusación contra un funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este por los presuntos delitos de uso de certificado de salud de contenido falso y producción de documentos no auténticos. El acusado es Edgar Amado Flecha Rejala. La representante del Ministerio Público solicitó que el caso sea elevado a juicio oral y público. El requerimiento fue presentado en el Juzgado de Garantías Nº 6.

Según los antecedentes, se alega que el acusado presentó dos certificados de reposo médico que se sospecha son falsos ante la Dirección de Talento Humano de la institución municipal, con el fin de justificar su ausencia el 6 de marzo de 2020 y entre el 20 y el 30 de noviembre del mismo año. Sin embargo, la entonces encargada de dicha sección, Belén Zarza, comenzó a dudar de la autenticidad de los certificados de reposo médico, por lo que se comunicó con el médico firmante, el Dr. Orlando María Id Villalba, quien confirmó que los documentos eran falsos.

Al enterarse de la irregularidad, el Dr. Id Villalba presentó una denuncia formal, preocupado de que esta situación pudiera afectar la credibilidad de su profesión y solicitando a la Fiscalía que determinara quién era responsable de esta irregularidad, ya que podría manchar su historial médico.

En respuesta, el Ministerio Público inició una investigación y, tras recopilar pruebas incriminatorias contra el sindicado, procedió a su imputación. Finalmente, una vez cumplido el plazo establecido por el Juzgado de Garantías, la fiscal Vanesa Candia presentó la acusación formal.