El agente fiscal Gabriel Segovia Villasanti solicitó la declaración de rebeldía de un hombre al cual imputó por la supuesta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación. El encausado está identificado como Cristhian Marcelo Segovia Ortiz, quien habría perpetrado la agresión sexual en contra de una vecina de 14 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2022, en una vivienda ubicada en el kilómetro 4,5 de Ciudad del Este. En esa ocasión, la menor fue a la casa de una vecina, quien le pidió ayuda para inflar globos con motivo de un cumpleaños infantil.

En dicho momento, también se encontraba en el lugar Segovia Ortiz, quien aprovechó la entrada de la víctima a una habitación junto a los hijos menores de la dueña de casa para, presuntamente, cometer la agresión sexual.

Supuestamente, el acusado apretó a la joven contra la cama y la manoseó con fuerza, para luego burlarse de ella. La víctima escapó del lugar y posteriormente informó lo sucedido a sus padres, quienes presentaron una denuncia ante las autoridades. Tras esto, la Fiscalía ordenó la detención preventiva del sindicado, quien permanece prófugo.

Conforme al dictamen de una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, la afectada presentaba daños psicológicos, incluyendo perturbación del sueño, angustia e indignación. Finalmente, tras considerar cada uno de los elementos incriminatorios, el representante del Ministerio Público formuló la imputación y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía del presunto agresor.

El agente fiscal Víctor Adolfo Santander formuló imputación contra un joven identificado como C. B.G., de 19 años, por la presunta comisión del hecho punible de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. El encausado se encuentra privado de libertad, a disposición del Juzgado de Garantías.

Los datos refieren, que el 22 de agosto pasado,  a las 11:30 horas aproximadamente, el hoy procesado habría golpeado brutalmente a su hija de solo 1 año y 8 meses. El caso se registró en una vivienda situada en el asentamiento 11 de setiembre, en el distrito de Hernandarias.

La menor -según la investigación- fue encontrada tirada en el piso, con indicios de violencia, por lo que rápidamente una tía la trasladó hasta el Hospital Distrital, para luego realizar la denuncia formal.  El médico forense del Ministerio Público, Dr. Aníbal Duarte, inspeccionó a la pequeña, dictaminando que presentaba “múltiples lesiones lineales, a doble línea, de aproximadamente 8 a 15 cm de longitud cada una, siendo 6 de ellas las más evidentes”.

Por otro lado, la Oficina de denuncia del Ministerio Público informó que el ahora procesado, cuyos mayores datos se reservan por la condición de menor de la víctima, ya contaba con una denuncia por violencia familiar, de fecha 10 de febrero del año 2022, siendo la afectada otra hija del indiciado.

Con estos elementos, el fiscal interviniente imputó al sindicado y pidió cuatro meses de plazo, debiendo el juzgado determinar la medida cautelar que considere aplicable al caso.

El fiscal Alfredo Acosta Heyn imputó y pidió la rebeldía de un hombre que se habría apropiado de un tractocamión que el propietario le había entregado en calidad de arriendo. El sospechoso está identificado como Francisco Ibarra Oviedo, quien se encuentra prófugo de la Justicia. El mismo enfrenta cargo por el supuesto hecho punible contra los bienes de las personas (apropiación). El representante del Ministerio Público inicialmente había ordenado la detención preventiva del sindicado.

Conforme a los datos, el 23 de diciembre de 2022, la víctima Ramón Gumercindo Ramírez González y el hoy imputado celebraron un contrato de compra-venta de un camión de la marca Scania 124/1998, de color rojo, con matrícula BDY 369. El acuerdo se llevó a cabo en la escribanía de María Rufina Zaracho Bogado.

Luego, Ibarra Oviedo planteó a Ramírez González pagarle un determinado monto por el usufructo del vehículo y así seguir trabajando con el mismo. De esa forma, llegaron a un acuerdo y la víctima entregó una autorización para conducir al sospechoso. Sin embargo, transcurrieron varios meses, sin que el procesado se reporte para pagar por el alquiler del camión o devolverlo al dueño.

Incluso, la víctima comenzó a insistir al encausado que le devolviera el rodado, pero el citado hizo caso omiso. A raíz de esto, el afectado revocó la autorización para conducir y también radicó la denuncia en el Ministerio Público. Luego de reunir los elementos de sospecha, el fiscal Acosta Heyn presentó la imputación y solicitó al Juzgado la declaración de rebeldía del imputado.