Organizaciones de personas con discapacidad del Alto Paraná aprovecharon el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, para hacer un fuerte llamado al Estado. El mensaje es claro: las leyes están, pero no se cumplen.

En un comunicado, recordaron que Paraguay firmó en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desde entonces se han aprobado varias leyes para garantizar sus derechos. Algunas de estas normas buscan asegurar educación inclusiva, accesibilidad en el transporte, inclusión laboral, entre otros aspectos.

Sin embargo, según las organizaciones, muchas de estas leyes son “letras muertas”. Es decir, están en el papel, pero no se aplican en la vida real.

Las organizaciones también pidieron que se reduzcan las trabas burocráticas que complican su trabajo. Destacan que, ante la ausencia del Estado, son ellas las que llevan adelante proyectos y programas en beneficio de las personas con discapacidad.

Además, insisten en que es hora de dejar atrás el enfoque asistencialista y empezar a ver a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. “Queremos un cambio cultural”, señalaron.

Otro punto importante es que piden trabajar en conjunto con el Estado, pero sin injerencias políticas. La idea es buscar soluciones reales que ayuden a la inclusión económica, social y comunitaria de las personas con discapacidad.

El mensaje final es contundente: “Somos menos cuando no incluimos a todos”. Una invitación a la reflexión y, sobre todo, a la acción.

Gilberto Báez, un anciano con cáncer de huesos, se encuentra desde las 13:00 horas de este lunes esperando atención médica en el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este. A las 18:30 horas, seguía sin recibir asistencia, mientras los médicos se justifican alegando estar en cirugía.

La desidia institucional es evidente. A pesar de su delicada condición, Báez permanece sentado junto a su esposa, sin haber almorzado, sometido a la espera interminable que parece ser la norma en el IPS. Este no es un caso aislado, sino un reflejo de un sistema colapsado, incapaz de brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.

El argumento de “ocupación en cirugías” evidencia una evidente falta de gestión y planificación ¿Cómo es posible que un paciente oncológico deba esperar horas sin siquiera recibir una evaluación inicial?

La situación de Gilberto Báez es un llamado urgente a las autoridades, que parecen más enfocadas en justificar fallas que en ofrecer soluciones. La espera interminable no solo vulnera derechos básicos, sino que expone a los pacientes a riesgos innecesarios, en un sistema que, lejos de protegerlos, los abandona.