El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto turno a cargo de la Jueza Gabriela Ramírez Meaurio ordenó el levantamiento del embargo preventivo trabado sobre todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro de la Fundación Tesãi.

El equipo jurídico solicito una sustitución del embargo preventivo dictado por la jueza en lo Laboral Graciela Panza por otra medida menos gravosa, resolución fundada  que fue dispuesta en la fecha  por otro Juzgado en el juicio sobre cobro de regulación de honorarios profesionales a favor del  Abg. César Luis Puente Cuellar en una demanda iniciada en el 2005 en contra de la institución.

El Consejo Directivo y los gerentes de la institución, además del equipo jurídico encabezado por el Abg. Samuel González celebran que la magistrada en su decisión haya precautelado el derecho a la vida y la salud, viendo la urgencia del caso ante el inminente cierre o paralización de las actividades médicas y hospitalarias y su impacto social y económico en la región.

La resolución judicial fue dictada en el marco del juicio “César Luis Gabino Puente  Cuellar C/ Fundación Tesãi, expediente N° 4 folio 03 año 2020.

El Abg. Samuel González, asesor jurídico explicó que la Fundación Tesãi afectada en sus derechos había solicitado la sustitución del embargo en base a la urgencia de levantar la medida cautelar más gravosa porque al no haber libre disponibilidad de fondos y recursos (cuentas bloqueadas) no se podían afrontar gastos ni pagos de salarios al personal médico y de servicios  y mucho menos mantener operativa la institución, poniendo en riesgo las atenciones sociales  mediante el convenio con la Itaipú y que beneficia a miles de familias humildes de comunidades de la región.

“En base a estas urgencias hemos propuesto subsidiariamente la sustitución de ese embargo preventivo por otra medida cautelar de igual carácter por lo que se ha trabado embargo preventivo sobre equipamientos médico hospitalarios y una flota de vehículos de la misma”, señaló.

JUSTICIA. Acotó que la magistrada del Juzgado del quinto turno Abg. Gabriela Ramírez Meaurio  actuó con recto sentido de justicia, ajustando sus actuaciones  a derecho al otorgar la sustitución que va a permitir a la Fundación Tesãi a seguir trabajando normalmente cumpliendo y honrando todos sus compromisos.

Aclaró que los equipamientos embargados del quirófano inteligente tienen un fin preventivo con una característica meramente instrumental hasta cubrir el valor de la suma reclamada  Gs. 29.725.922.900 que es el capital solicitado por el demandante  en base a un laudo arbitral que le favoreció en el año 2015.

“Lo que se busca es asegurar a futuro el cumplimiento de alguna sentencia que pudiera recaer. Esta sentencia no va a recaer en ocho días ni seis meses o un año, tiene su proceso técnico procesal en una línea de tiempo”, sostuvo el jurista;  refiriendo asimismo que  esta medida menos gravosa cumple una finalidad precautoria  para  asegurar el efectivo cumplimiento del cobro de un crédito.

El profesional del derecho dijo que el autointerlocutorio dictado por la jueza Gabriela Ramírez trae mucha calma y tranquilidad luego de intensos  días de angustia e incertidumbre de toda la población del Alto Paraná y región.

ACTITUD. El Abg. González expresó  que es meritorio destacar la solvencia moral y ética de la magistrada que con una actitud patriótica y en defensa de las clases más vulnerables ha actuado con probidad,  coraje y valentía;  restituyendo derechos conculcados de rango constitucional dictados en forma arbitraria e ilegitima por la jueza de ferias en lo Laboral Graciela Panza el pasado jueves 30 de enero.

Las cuestiones de fondo seguirán agregó el abogado haciendo hincapié en la necesidad de aclarar que estas medidas cautelares pretenden asegurar el cumplimiento de eventuales sentencias a futuro. “No es cierto que van a quedarse con el quirófano inteligente nosotros somos depositarios de ese bien. Nosotros seguiremos operando, haciendo procedimientos quirúrgicos, utilizando nuestros vehículos sin ningún problema.  Y vuelvo a insistir que somos depositarios de esos bienes”, enfatizó.

Sostuvo que lo logrado fue un triunfo de todo un equipo humano extraordinario, con una estrategia jurídica bien planificada y analizando todos los posibles escenarios y soluciones pero siempre por los conductos legales y las herramientas procesales pertinentes en el marco de la transparencia y trabajo en equipo. Agradeció a los  miembros del consejo directivo, gerentes, funcionarios y empleados, médicos, enfermeras y personal de blanco que estuvieron en vigilia permanente, además de la ciudadanía y las fuerzas vivas que se sintieron empoderados con la causa de la Fundación Tesãi.

“Hubo la prudencia necesaria para el planteamiento, la victoria es del pueblo, de la familia tesãi. Hemos ganado una batalla;  la guerra continúa pero estamos fortalecidos para continuar”, remató finalmente.

ANTECEDENTES. La Fundación Tesãi recibió el pasado jueves 30 de enero de 2020 un embargo preventivo, dispuesto por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Ferias de Ciudad del Este, Graciela Panza, en virtud de una intimación oficial para el pago de Gs. 29.725.922.900, en concepto de honorarios profesionales más intereses cuya suma total ronda los 75 mil millones de guaraníes  a favor de un abogado por un caso que data del 2005 y que guarda relación con el reclamo de crédito fiscal.

El Ministerio Público se encuentra investigando la supuesta existencia de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos paraguayos a extranjeros, especialmente a ciudadanos de Bangladesh y de la India.

El trabajo esta a cargo de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, a cargo de la Analía Rodríguez Palacios, que realizó sucesivos allanamientos en los últimos días.

Se allanaron los edificios España, Panorama II y una vivienda del barrio Santa Ana, de donde se requisaron gran cantidad de evidencias que se utilizaban presuntamente para las falsificaciones de los documentos.

Con relación al hecho, fueron detenidos e imputados la semana pasada Mohammad Rumen Miah (36) y Rafiqul Islam (31), quienes están recluidos en prisión. El primero, quien sería el cabecilla de la organización, soporta cargos por Producción de Documentos no Auténticos, Asociación Criminal y Lavado de Dinero. Mientras que el segundo es investigado por Uso de Documentos Públicos de Contenido Falso.

El presunto líder de la organización criminal habría gestionado y obtenido documentaciones a 76 personas de diferentes nacionalidades, presumiblemente mediante la implicancia de autoridades paraguayas. Supuestamente las operaciones ilegales se realizaban desde el 2013, conforme con la pesquisa fiscal.

Presumiblemente, la organización delictiva cobraba 5 mil dólares por cada trabajo que realizaba y producto de las operaciones ilegales, Mohammad Rumen Miah habría adquirido varios inmuebles en Ciudad del Este y también tenía dinero guardado en diferentes entidades bancarias de esta zona del país, a nombres de terceros.

La Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas inició la investigación hace 4 meses y de esa manera pudo reunir los elementos de sospechas para presentar la imputación contra los dos extranjeros. Otras 76 personas son investigadas por el Ministerio Público.

La fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada de Antisecuestros, imputó por Extorsión y Extorsión Agravada a la ciudadana Norma Beatriz Ramírez Giménez (32), quien supuestamente habría extorsionado y exigido la suma de 100 millones de guaraníes a un productor brasileño para retirar una denuncia por supuesto abuso sexual en niños.

Igualmente, procesó a los supuestos cómplices Elder Torres Piatti (43) y Miguel Arcangel Meiners (52) por los mismos hechos punibles. El primero es un estudiante de derecho que se hacía pasar como abogado y el segundo es nada menos que el cuñado de la víctima.

Según la investigación, las tres personas serían responsables de haber exigido el millonario monto a Felicio Degeninsky (62) para dejar sin efecto la supuesta denuncia en su contra, que realidad no existía. El monto inicial solicitado era de 45 millones de guaraníes, según refiere el acta de imputación.

Conforme con los datos aportados por el denunciante, todo comenzó el 13 de enero del 2020 cuando fue junto a él, en su casa del distrito de San Alberto, su cuñado Miguel Meiners, quien le alertó sobre la presunta denuncia por abuso sexual en contra todos ellos, incluyendo a su concubina.

El visitante le pidió a la víctima que no comentara a nadie el asunto y que las negociaciones serían entre él y la señora Norma Ramírez, madre de la supuesta víctima del abuso sexual. También le habría dicho que el abogado de la mujer, de nombre Elder Torres, quería hablar con él.

Luego, el 14 de enero, a las 08:20 aproximadamente, el afectado se trasladó hasta la estación de servicios Petrobras del km 4 de Ciudad del Este, donde conversó con el supuesto abogado de Norma. Éste le refirió que existía la denuncia por supuesto hecho de abuso sexual su contra, como así también del señor Miguel Meiners y su actual pareja, de nombre Layde.

El supuesto profesional del foro le advirtió que el caso era grave, que todos podrían ir a parar a la cárcel, y que por eso sería bueno llegar a un acuerdo. El productor agrícola quedó sorprendido, pero aceptó la ilegal proposición.

Una semana después, el 18 de enero, en horas de la tarde, el afectado recibió una llamada telefónica de Miguel Meiners, manifestándole que que debían encontrarse en la estación de servicios Axion, ubicada en el cruce de Gleba 8, para conversar sobre el monto y mantener en secreto la supuesta denuncia por abuso sexual.

Luego, al día siguiente, es decir el 19 de enero, se reunieron a las 08:00 en el referido local. En ese momento, el supuesto abogado pidió a Felicio Degeninski la suma de 45 millones de guaraníes, dándole un plazo de 20 días para juntar ese monto.

Desorientado, el señor Felicio decidió contar a su hijo Marcelo Degeninsky lo que le estaba pasando. Luego, éste último se comunicó, vía telefónica, con su tío Miguel Meiners, refiriéndole que quería resolver el problema de su padre y a la vez le preguntó si conocía o tenía algún abogado. En la oportunidad, su tío Miguel le dijo que tenía uno bueno, además le expresó que él supuestamente tenía que conseguir la suma de 30 millones de guaraníes y Felicio 15 millones para pagar a la mujer.

Posteriormente, continuaron las extorsiones ya por parte de la señora Norma Ramírez y el supuesto abogado Elder Torres Piatti, quienes le pidieron la suma de 1.500.000 guaraníes a la víctima. Luego, le solicitaron la suma de 100 millones de guaraníes para retirar la denuncia. El 5 de febrero, la víctima recibió nuevamente un audio de parte de Torres Piatti, preguntando en qué quedaron con la señor Norma.

Este 6 de febrero, Degeninski se presentó ante la unidad fiscal antisecuestro y manifestó que la cantidad exigida había bajado a 30 millones de guaraníes, pero le pidieron una seña de 5 millones de guaraníes. La entrega del botín se tenía que realizar en la estación de servicios Petrobras del km 4 de Ciudad del Este.

Inmediatamente después, la Fiscalía Antisecuestro pidió la autorización judicial para una entrega vigilada, como anticipo jurisdiccional de pruebas, previa autenticación de las fotocopias de los billetes a ser entregados, que autorizó el juez Amílcar Antonio Marecos.

Finalmente, el procedimiento se realizó un poco después del mediodía de este jueves 6 de febrero, oportunidad en Norma Beatriz Ramírez fue privada de su libertad. Entre tanto, los otros dos implicados en el hecho siguen prófugos de la justicia con orden de detención pendiente.

La agente fiscal Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada de Antisecuestros, realizó una entrega vigilada de dinero que terminó en la detención de una mujer que habría extorsionado a su expareja, exigiendo la suma de 45 millones de guaraníes, supuestamente para mantener en secreto una denuncia sobre supuesto abuso sexual.

La sindicada está identificada como Norma Beatriz Ramírez. Su detención se produjo a las 12:52 de este jueves 6 de febrero, dentro de una estación de servicios, situada en el km 4 de Ciudad del Este, con el acompañamiento de agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional.

Resultó víctima Felicio Degeninski. Conforme con los datos, el 13 de enero pasado, Felicio se enteró a través de su cuñado Miguel Meniers, que Norma Ramírez le comentó la existencia de una supuesta denuncia en su contra sobre abuso sexual en niños, por lo que el 14 de enero pasado, acordaron encontrarse en la gasolinera del emblema Petrobras, inmediaciones de Divisa.

En esa oportunidad, se presentó un supuesto abogado, identificado como Eider Torres Ciati, quien aseguró que había una causa penal en contra del recurrente y que incluso podría ir preso. Le instó a llegar a un acuerdo, tratándose de un caso grave, por lo que planearon encontrarse en el surtidor del emblema AXION, en el cruce de Gleba 8, pues víctima y victimaria fijan domicilio en la zona. Esa vez, el supuesto profesional del derecho le habría exigido la suma de 45 millones de guaraníes, emplazándole por 20 días para conseguir esa cantidad de dinero, según la denuncia que obra en el Ministerio Público.

Mientras Felicio trataba de conseguir la suma que le solicitaron, Norma Ramírez le pidió una entrega de 1.500.000 guaraníes como seña, en tanto que el monto total de la extorsión ya ascendía a 100 millones de guaraníes para dejar sin efecto la supuesta denuncia por abuso sexual

Este 6 de febrero, Degeninski se presentó ante la unidad fiscal antisecuestro y manifestó que la cantidad exigida había bajado a 30 millones de guaraníes. La entrega del botín se tenía que realizar en la estación de servicios Petrobras del km 4 de Ciudad del Este.

La Fiscalía inmediatamente pidió la autorización judicial para una entrega vigilada, como anticipo jurisdiccional de pruebas, previa autenticación de las fotocopias de los billetes a ser entregados. Finalmente, el procedimiento se realizó un poco después del mediodía, oportunidad en Norma Beatriz Ramírez fue privada de su libertad.