Concejales municipales de la bancada oficialista respondieron a las acusaciones formuladas por el interventor Ramón Ramírez, quien señaló a la administración de Miguel Prieto por presunta malversación de fondos públicos y obras irregulares en el Hospital Regional. Los ediles aseguraron que no existen pruebas concretas y defendieron la legalidad de las inversiones realizadas entre 2019 y 2022.

Los concejales Sebastián Martínez, Víctor Torales, Alison Anisimoff y Pedro Acuña participaron de la reunión de prensa convocada por el interventor y, al finalizar, expresaron públicamente su posición en defensa de la gestión municipal.

El presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, afirmó que todos los gastos fueron ejecutados conforme al presupuesto aprobado por el legislativo comunal. «No van a encontrar en ningún lado una malversación en el gobierno de Miguel Prieto. Jamás se destinaron fondos a algo que no haya estado previamente presupuestado y aprobado», expresó.

Respecto a las obras realizadas en el Hospital Regional, Martínez sostuvo que los proyectos contaron con la aprobación del Ministerio de Salud, incluyendo el pabellón de contingencia —actual UTI infantil— y las refacciones del pabellón de traumas. Aseguró que cada ejecución estuvo a cargo del entonces director del hospital, Dr. Federico Shoredel, en representación del Consejo Local de Salud, y que las obras fueron oficialmente recibidas.

Según los concejales, no existe daño patrimonial comprobado. «Desde el primer día, su único recurso fue generar titulares sin sustancia. No señalan una obra específica, ni un expediente puntual», agregó Martínez.

También denunciaron que el Ministerio de Educación estaría bloqueando proyectos del municipio, como el plan de microplanificación escolar. Afirmaron que, pese a la falta de apoyo del gobierno central, la administración municipal redujo su deuda de G. 350.000 millones a menos de G. 75.000 millones, utilizando exclusivamente recursos propios.

CIUDAD DEL ESTE. Un exfuncionario de la Gobernación de Alto Paraná denunció públicamente un presunto esquema de corrupción que involucra directamente a Mirna Wolf, esposa del gobernador César «Landy» Torres. Según su testimonio, grabado en un audio difundido recientemente, se pedían diagnósticos médicos falsos y facturas infladas a personas de escasos recursos para justificar pagos sociales, que en realidad se usaban para desviar fondos.

«Ellos me dijeron para buscar un doctor que me haga un diagnóstico falso para mi papá… Después yo pueda conseguir una factura de tantos millones, pero ellos solamente me iban a dar 1 millón y medio, 2 millones máximo. Pero ellos me pidieron un monto mucho mayor», relató el exfuncionario, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.

Según detalló, todo comenzó cuando solicitó una ayuda económica por su situación familiar. La primera asistencia fue de G. 2 millones, supuestamente por viáticos. Luego, la misma abogada Mirna Wolf le propuso otro tipo de “ayuda”, condicionada a conseguir un diagnóstico médico falso de un familiar.

«Me dijo: ‘Yo te voy a ayudar con un pago más de tu problema, pero vos me tenés que conseguir sí o sí un diagnóstico médico… puede ser de tu papá’, dice. Justo mi papá es cardíaco. Casi hice, pero después dije: ‘No, yo no soy corrupto’», relató.

Cuando se negó, la gestión fue derivada a Indianara Romero, secretaria general de la Gobernación, quien le sugirió hablar con otra funcionaria de confianza. «Ellos piden cierto monto en factura legal, pero en la ayuda social solamente dan tipo 1 millón, 1 millón y medio. Entonces ahí empecé a sospechar. Esta gente está comiendo plata, digo».

El exfuncionario aseguró que no fue el único en esa situación: «Muchísimas personas van a estar identificadas conmigo porque se les pide tantos millones en facturas».

Las acusaciones, ya conocidas por el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, incluyen además el presunto cobro de coimas del 15 % a empresas proveedoras del almuerzo escolar, contratos por más de G. 24.000 millones, y un manejo discrecional de los fondos sociales.

Desde dentro de la institución se apunta también a la diputada Liz Acosta como aliada clave de la estructura. «En la Gobernación no manda Landy. Mandan su esposa y Liz Acosta. Ellas deciden todo», afirman funcionarios que también temen represalias.