El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, expuso durante una entrevista concedida a Radio Concierto una serie de hallazgos administrativos, financieros y estructurales que forman parte de la revisión en curso. Aseguró que el informe final incluirá tanto las causales que motivaron la intervención como otros hechos detectados durante su gestión.
Según Ramírez, el equipo interventor enfrenta el doble desafío de mantener los servicios municipales operativos y al mismo tiempo indagar sobre posibles irregularidades. En ese sentido, afirmó que existen presiones hacia funcionarios que colaboran con la intervención, y señaló que muchos trabajadores actúan en función de lealtades políticas y no bajo una lógica institucional.
Uno de los puntos críticos abordados fue la situación financiera de la comuna. El interventor reconoció que las recaudaciones están por debajo de los niveles del año anterior y que actualmente no hay garantías para afrontar obras adjudicadas por más de G. 30.000 millones, firmadas poco antes de la intervención. «No vemos un calce financiero para esas contrataciones», expresó.
También hizo referencia al sistema informático de gestión municipal, al que calificó como deficiente en trazabilidad. Indicó que los técnicos del equipo interventor no pueden rastrear qué funcionarios realizaron cambios en registros de pagos o estados de cuenta, lo que impide detectar posibles manipulaciones. «No existe una auditoría informática que permita hacer un seguimiento de las modificaciones», explicó.
En cuanto al manejo de fondos, Ramírez reveló que existen 22 cajas chicas distribuidas entre distintas direcciones, por un total de aproximadamente G. 155 millones. Aseguró que algunas de ellas no cuentan con respaldo documental suficiente y que el esquema actual permite un uso discrecional del dinero.
El interventor también cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de contratación pública. Mencionó el caso de empresas adjudicadas de manera recurrente, como Sermac, y observó la ejecución de obras con anticipos significativos sin las certificaciones requeridas. Entre ellas citó las plazas públicas, las lomadas inclusivas y otras obras urbanas que están siendo revisadas.
Sobre el papel de la Junta Municipal, afirmó que varias aprobaciones se realizaron sin documentación de respaldo y que el informe final incluirá observaciones al órgano legislativo comunal. «La función contralora de la Junta empezó recién con esta intervención», dijo.
Finalmente, se refirió al Consejo de Salud, que según los registros analizados manejó más de G. 10.000 millones en tres años sin cumplir con los procesos exigidos por la normativa de la administración pública. Ramírez explicó que muchas contrataciones se realizaron por fuera de los procedimientos de licitación a través de este canal, lo que será igualmente detallado en el informe.
El plazo máximo de intervención vence a los 60 días de su inicio. Sin embargo, el interventor adelantó que su informe será entregado antes de ese plazo y que incluirá hallazgos actuales detectados fuera del periodo original de revisión
