Concejales municipales de la bancada oficialista respondieron a las acusaciones formuladas por el interventor Ramón Ramírez, quien señaló a la administración de Miguel Prieto por presunta malversación de fondos públicos y obras irregulares en el Hospital Regional. Los ediles aseguraron que no existen pruebas concretas y defendieron la legalidad de las inversiones realizadas entre 2019 y 2022.

Los concejales Sebastián Martínez, Víctor Torales, Alison Anisimoff y Pedro Acuña participaron de la reunión de prensa convocada por el interventor y, al finalizar, expresaron públicamente su posición en defensa de la gestión municipal.

El presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, afirmó que todos los gastos fueron ejecutados conforme al presupuesto aprobado por el legislativo comunal. «No van a encontrar en ningún lado una malversación en el gobierno de Miguel Prieto. Jamás se destinaron fondos a algo que no haya estado previamente presupuestado y aprobado», expresó.

Respecto a las obras realizadas en el Hospital Regional, Martínez sostuvo que los proyectos contaron con la aprobación del Ministerio de Salud, incluyendo el pabellón de contingencia —actual UTI infantil— y las refacciones del pabellón de traumas. Aseguró que cada ejecución estuvo a cargo del entonces director del hospital, Dr. Federico Shoredel, en representación del Consejo Local de Salud, y que las obras fueron oficialmente recibidas.

Según los concejales, no existe daño patrimonial comprobado. «Desde el primer día, su único recurso fue generar titulares sin sustancia. No señalan una obra específica, ni un expediente puntual», agregó Martínez.

También denunciaron que el Ministerio de Educación estaría bloqueando proyectos del municipio, como el plan de microplanificación escolar. Afirmaron que, pese a la falta de apoyo del gobierno central, la administración municipal redujo su deuda de G. 350.000 millones a menos de G. 75.000 millones, utilizando exclusivamente recursos propios.