El Ministerio Público, representado por la fiscal Hermenegilda Cubilla, obtuvo una condena de 6 años de pena privativa de libertad para un hombre acusado por Robo Agravado. El mismo está identificado como Jorge Peralta (33), quien conoció su sentencia este miércoles 28 de abril durante la sustanciación del juicio oral y público.

La representación pública sustentó la acusación durante el debate, mediante la producción de pruebas documentales y testimoniales. De esa manera, demostró que Peralta fue el autor del hecho punible contra la propiedad, ocurrido en fecha 2 de abril de 2018, a las 23:30 aproximadamente, en un inmueble del kilómetro 6,5 Monday de la capital del Alto Paraná.

En aquel entonces, el hoy sentenciado ingresó a una vivienda, ubicada detrás de la capilla San Isidro, y se apoderó de dos teléfonos celulares, propiedad de la señora Cecilia Delgado González, quien se encontraba en la casa. En ese momento, llegó al lugar Junior Delvalle, hijo de la mujer, quien sorprendió al ladrón.

Sin embargo, el criminal reaccionó y amenazó con apuñalar al joven, quien salió al patio, alertando a los vecinos. Éstos inmediatamente acorralaron y aprehendieron al autor del ilícito, quien fue entregado a agentes policiales de la zona. De su poder recuperaron los celulares robados y también requisaron el arma utilizado para el atraco.

Luego, el Ministerio Público le inició la investigación a Jorge Peralta, que ahora derivó en su condena, dictada por los jueces Lourdes Morínigo, Evangelina Villalba y Óscar Gabriel Genez, quienes integraron el Tribunal Colegiado de Sentencia.

Tras un juicio oral y público, que se realizó este 27 de abril en sede del Poder Judicial de Ciudad del Este, la fiscal Liliana Denice Duarte propició una condena de 13 años de prisión al chofer de un transporte escolar que abusaba sexualmente de una estudiante de 8 años de edad, quien era su pasajera. El sentenciado, un joven de 25 años, fue hallado culpable por Abuso Sexual en Niños.

Durante el debate, la representante del Ministerio Público produjo numerosas pruebas que resultaron irrefutables para demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado. Por consiguiente, los jueces Vitalia Duarte, Serafín González y Fabio Aguilar, integrantes del Tribunal Colegiado de Sentencia, dictaron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, la denuncia fue radicada por la madre de la víctima, el 25 de noviembre de 2018, en sede de la comisaría 6ª de Presidente Franco. La mujer manifestó que descubrió lo ocurrido luego de que su pequeña comenzara a tener pesadillas en forma constante y se despertaba a los gritos, en horas de la noche, implorando que le cuidaran, que sus padres y su abuelo se mantuvieran cerca, pues alguien quería matarlos.

La situación se tornó preocupante, por lo que la denunciante empezó a indagarle de todas las formas. Allí, ella contó que su transportista le manoseaba todos los días antes de llegar a la casa y que en una oportunidad incluso le exhibió un arma de fuego para amedrentarla y mantenerla callada, diciéndole que asesinaría a sus padres y a su abuelito.

Los datos añaden que una vez que se bajaban los demás ocupantes del vehículo, el chofer del minibus gritaba a la pequeña para que pasara a sentarse a su lado. Luego, le metía la mano debajo de su uniforme y le golpeaba con fuerza en sus partes íntimas.

Una vez que se iniciaba el acto criminal, el hoy condenado elevaba el volumen de la radio y conducía a alta velocidad para atemorizar a la menor, a fin de que se quedara quieta. La afectada indicó a los intervinientes que en reiteradas ocasiones lloró porque sentía mucho dolor, sin embargo, el transportista esperaba que se calmara para hacerle llegar a su domicilio.

Así pues, la Fiscalía inició el proceso penal en contra del agresor sexual, tras reunir los elementos incriminatorios, hasta que finalmente propició la condena de 13 años de pena carcelaria.

El Ministerio Público informó que la fiscal Rocío Celeste González, de la Unidad Especializada N° 2 en la Lucha contra la Violencia Familiar, formuló acusación contra un comerciante que habría ejercido violencia física y sicológica durante varios años contra su esposa.

El encausado está identificado con las iniciales C.R.A., quien soporta cargos por los supuestos hechos punibles de Violencia Familiar y Coacción.

El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2, a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos. La representación pública solicitó que la causa sea elevada a juicio oral.

Según los antecedentes, la víctima habría sufrido agresiones durante 6 años de convivencia con el ahora acusado, con quien tuvo dos hijos. Incluso, estando embarazada la misma era castigada supuestamente por el indiciado, quien presumiblemente es adicto a sustancias estupefacientes. Además, sería muy violento y siempre portaba arma de fuego, refiere el escrito fiscal.

La accionante declaró además que en reiteradas ocasiones denunció al presunto autor ante las autoridades policiales, pero estas acciones nunca prosperaron, según indicó.

Refirió igualmente que en el primer año ya habría sido brutalmente agredida por el sospechado, razón por la cual se vio obligada a terminar el relacionamiento. Explicó que luego retomó la relación porque el hombre le pidió perdón y también se comprometió a realizar un tratamiento, a fin de dejar su adicción a las drogas.

Pero los castigos físicos continuaban constantemente y debido a esta situación, la víctima decidió cortar definitivamente el vínculo con su pareja. Sin embargo, su exesposo seguía manteniéndola en zozobra y la amenazaba con matarla, enviándole mensajes de texto y de voz. Además, la perseguía sistemáticamente en su casa, con la intención de amedrentarla, señala la acusación.

El 3 de marzo del 2020, la recurrente presentó otra denuncia contra el sujeto, tras un nuevo ataque presuntamente sufrido en su vivienda del kilómetro 8,5 Acaray de Ciudad del Este. En aquella oportunidad, el hoy encausado habría llamado en varias ocasiones a la víctima por teléfono y como ésta no le respondía, le envió mensajes de audios, amenazándola una vez más de muerte.

Finalmente, el presunto responsable de la violencia fue sometido a proceso y ahora acusado por el Ministerio Público, que requirió su juzgamiento en una audiencia pública.