El fiscal Edgar Benítez Delgado solicitó la prisión preventiva de un supuesto asaltante que operaba en vehículos de transporte público. Se trata de Félix David Giménez Vera (25), quien está imputado por el supuesto hecho de Robo Agravado y se encuentra recluido en sede policial, a disposición del Juzgado de Garantías.

El sospechado fue aprehendido este 27 de abril, a las 10:20 aproximadamente, luego de un nuevo atraco presuntamente cometido en contra de una mujer. En la oportunidad, el sujeto iba disfrazado de pasajero en el interior de un bus de la empresa de transporte Mburucuyá y al alcanzar el kilómetro 1,5 se levantó de su asiento y habría apretado un cuchillo por el cuello de la víctima, Rebeca Leticia Neumann Sanabria.

Seguidamente, exigió a la afectada la entrega de su teléfono celular. Tras apoderarse del aparato telefónico, el presunto delincuente descendió rápidamente del bus y comenzó a correr.

Sin embargo, un agente policial que estaba de civil en las inmediaciones del lugar y otros transeúntes, que se percataron del atraco armado, comenzaron a perseguir al supuesto criminal, hasta que le dieron alcance y procedieron a su aprehensión. De su poder recuperaron el objeto robado y de igual forma requisaron el cuchillo utilizado para el robo.

Giménez Vera sería responsable de varios hechos similares perpetrados en los últimos tiempos en vehículos del transporte público, según los datos. Ahora, tras su procesamiento, se expone a varios años de encierro.

En prosecución de una investigación por los supuestos hechos punibles de Robo Agravado y Reducción, el fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a seis personas. Los procesados son Cristhian Marcos Figueredo Ayala, Francisco Ramón Báez González, Marcos Alejandro Leguizamón Resquín, Hugo Javier Báez González, Natalia Romina Leguizamón y el menor M.C.T. (16).

Los dos primeros se encuentran privados de su libertad en sede de la Dirección de Policía de Alto Paraná, con pedido de prisión preventiva. Mientras que los cuatro restantes están prófugos y declarados en rebeldía por el Juzgado Penal de Garantías. 

Según la investigación, el atraco armado ocurrió el 19 de abril, a las 16:45 aproximadamente, en la vía pública del kilómetro 5,5 Monday del barrio San Blas de la capital del Alto Paraná, resultando víctima la ciudadana Esther Soledad  Augusto Gauto.

En aquella ocasión, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas atacaron a la mujer y le robaron a mano armada su motocicleta Star 125, de color bordó con negro, con matrícula 127 AACG, además de un teléfono celular y la suma de 250 mil guaraníes. Tras consumar el ilícito, los autores escaparon rápidamente del lugar.

Luego, habrían llevado el biciclo hasta la casa de Natalia Romina Leguizamón, en el barrio Dios Padre Misericordioso de Presidente Franco. En el lugar, también se encontraba Francisco Ramón Báez, quien igualmente estaría implicado en el hecho. Seguidamente, comenzaron a desmantelar la motocicleta robada para su posterior comercialización de las piezas.

Los presuntos implicados, al tener conocimiento que las imágenes del atraco comenzaron a difundirse a través de las redes sociales y los noticieros de televisión, se dieron a la fuga. No obstante, en el marco de la pesquisa del caso, el fiscal Luis Trinidad y agentes policiales realizaron allanamientos simultáneos este 27 de abril último, en la vivienda de Francisco Ramón Báez, y de Cristhian Marcos  Daniel Figueredo, quienes fueron detenidos. Del poder de los mismos se requisaron las motocicletas presuntamente utilizadas para cometer el asalto.

Durante un juicio oral y público comenzó el 19 de marzo pasado y concluyó este jueves 29 de abril luego de varias deliberaciones, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, un hombre que había abusado sexualmente de su hija menor de edad, fue condenado a 17 años de prisión. Mientras un amigo del hombre fue sentenciado a 15 años de pena carcelaria, al comprobarse que también abusaba de la niña.

En la oportunidad, el representante del Ministerio Público, Miguel Ángel Alvarenga, produjo numerosas pruebas documentales y testimoniales, que demostraron fehacientemente la implicancia de los hoy sancionados.

Por consiguiente, el Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por juez Flavia Lorena Recalde y conformado por los magistrados Milciades Ovelar y Emilia Santos, dictó el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, la denuncia fue radicada el 10 de abril del 2019 por profesionales médicos del Puesto de Salud del barrio San Isidro de la ciudad de Juan E. O’Leary, quienes inspeccionaron a la niña y confirmaron que la misma estaba embarazada.

En aquellos tiempos, la niña vivía con sus abuelos paternos, ya que su mamá había fallecido y su papá se había juntado con otra mujer. En una oportunidad, el padre fue a buscar a la pequeña para llevarla consigo hasta su casa. A raíz de esto, el abuelo de la menor le preguntó al hombre si su concubina se encontraba en la vivienda, contestando que así, a fin de no levantar sospechas. Sin embargo, su pareja había viajado a otra ciudad.

Una vez en la casa, el hombre y su hija se pusieron a ver televisión, pero en horas de la noche el hoy condenado llevó a la niña hasta su habitación, donde la sometió sexualmente, según declaración posterior de la víctima ante la profesional sicóloga y en la Cámara Gesell. La afectada manifestó además que desde los 5 años su papá le manoseaba.

La víctima declaró igualmente que con el otro condenado, quien es amigo de su papá y también de ella, mantuvo relaciones sexuales en tres oportunidades, asegurando que fue por su voluntad. Sin embargo, la Ley califica de abuso sexual el relacionamiento de una persona mayor con una menor de 14 años.

Incluso, mediante una prueba de ADN se comprobó que la criatura que tuvo la menor es producto del abuso sufrido de parte del amigo, y no de su papá.

El Ministerio Público informó sobre la realización de dos allanamientos en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible de explotación sexual infantil, denunciado en la ciudad de Presidente Franco, donde fue rescatada una adolescente de 14 años.

La fiscal Analía Rodríguez Palacios, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y de Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescente, estuvo a cargo de las intervenciones en el departamento de Canindeyú.

Los operativos, realizados con autorización judicial, contaron con el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional.

Durante el primer procedimiento, la comitiva fiscal-policial rescató a una adolescente de 14 años de un inmueble ubicado en la localidad de Puente Kyha. La menor era explotada sexualmente por un hombre mayor de edad, presumiblemente con el consentimiento de su madre.

El segundo allanamiento se llevó a cabo en la colonia Alborada, en la vivienda del supuesto estuprador, de 31 años, que tiene esposa e hijos, según los datos. Sin embargo, el mismo no se encontraba en el lugar.

La representante del Ministerio Público ordenó la detención preventiva del sospechado y anunció que lo imputará próximamente por la supuesta comisión de Estupro, aunque no descartó otras figuras penales. Asimismo, refirió que iniciará proceso penal contra la madre de la menor por supuesta Violación del Deber del Cuidado.

Como evidencia, los intervinientes incautaron un aparato telefónico de la adolescente.  “A través del teléfono incautado obtendremos los datos exactos”, explicó la representante pública.

Los agentes policiales de la Subcomisaría 14 de Minga Guazú, detuvieron a Gustavo Ramos Rolón (22), quien fue denunciado por hurto de una motocicleta de color azul. La aprehensión se realizó en la vía pública del km 14 Acaray, a 5.000 m. de la ruta N°2.

Según manifestación de la víctima, el sindicado hurtó dicha motocicleta en fecha 28-04, a las 19:00 horas para comprar estupefacientes. También se incautó del aprehendido, una motocicleta de la marca Kenton, color negro, sin chapa, de dudosa procedencia que ofreció a la víctima como parte para llegar a un acuerdo.

El procedimiento se comunicó al Ministerio Público.