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Ratifican prisión preventiva de Paraguayo Cubas

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Paraguayo Cubas, líder de Cruzada Nacional y excandidato presidencial, continuará recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, por decisión del Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala. Mediante una resolución ratificó la prisión preventiva de Cubas.

Las acusaciones en su contra incluyen perturbación de la paz pública y otros delitos graves. Los camaristas Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y José Waldir Servín firmaron el fallo, dejando claro que Cubas deberá permanecer en la sede policial mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra.

El juez de Atención Permanente, Yoan Paúl López, fue quien inicialmente ordenó la prisión de Cubas.

La disposición destaca que el imputado fue debidamente notificado de los cargos en su contra y de los hechos punibles que le atribuyen, cumpliendo así con los requisitos legales necesarios.

Esto se suma a la negativa del juez penal de Garantías, Julián López, de anular la imputación presentada por la defensa de Cubas.

Aunque quedan pendientes otros incidentes por resolver, la ratificación de la prisión preventiva representa un obstáculo significativo para el excandidato y su equipo legal.

Disminuye casos de chikungunya y aumenta el dengue, según Salud

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El Ministerio de Salud informó sobre una disminución gradual de los casos de chikungunya después de ocho semanas consecutivas.

El resumen indica que el último pico registrado en el año 2023 fue un total de 6.721 casos confirmados.

En las últimas tres semanas, se han registrado 2.970 casos de chikungunya en todo el país, siendo Central (662), Asunción (635) y Alto Paraná (198) los departamentos con la mitad de los casos concentrados.

En el departamento Central, los distritos con mayor cantidad de casos son Luque (92), San Lorenzo (89), Lambaré (72), Fernando de la Mora (67) e Itauguá (64). En Asunción, los barrios con más casos son Sajonia (57) y Obrero (42).

Por otro lado, observaron un aumento gradual en la cantidad de casos de dengue. Hasta el momento, se han acumulado 3.928 casos de esta enfermedad en todo el país durante este año. La mayoría de los afectados (54%) se encuentran en los departamentos de Central, Boquerón y Asunción.

Comitiva fiscal-policial confirma delitos ambientales en finca de Minga Porã

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En un allanamiento llevado a cabo este viernes, una comitiva fiscal-policial confirmó la comisión de delitos ambientales en una finca ubicada en la localidad de Lote 8, distrito de Minga Porã .

La denuncia inicial fue presentada por los pobladores de la zona, quienes alertaron sobre actividades que atentan contra el medio ambiente.

El allanamiento se realizó en cumplimiento del Auto Interlocutorio número 320, fechado el 19 de mayo de 2023, que señala la presunta infracción a la Ley Número 716/96.

La Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente de Alto Paraná, a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, fue la responsable de llevar a cabo el operativo, bajo la orden del juez penal de Garantías de Minga Porá, el Edgar M. Lezcano.

Durante el procedimiento, se contó con la colaboración del personal de la comisaría número de Limoy y del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (DEBOA).

La finca en cuestión se encuentra en el barrio San Miguel, lote 8, a unos 9.000 metros de la ruta PY 07 «Dr. Gaspar R. de Francia» (antigua supercarretera), y es propiedad del ingeniero Carlos Alderete.

Una vez en el lugar, la comitiva pudo constatar diversas actividades que evidenciaban la degradación del entorno natural. Entre ellas, se observó la tala indiscriminada de árboles nativos, así como la quema parcial de los mismos. Además, se constató la apertura de caminos y la canalización de cauces hídricos, lo que representa una amenaza directa para los ecosistemas locales.

Es importante destacar que, al momento del operativo, no se encontraba ninguna persona responsable ni se hallaron maquinarias en el lugar, lo que hace una posible evasión a las autoridades por parte de los involucrados en los supuestos delitos ambientales.

Sindicato de Itaipú anuncia que actuará en contralor en Proceso Selectivo Externo

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El sindicato de Itaipú anunció que actuará de contralor durante todo el Proceso Selectivo Externo ante las denuncias de que este llamado está direccionado y de que se excluyeron a cientos de postulantes del examen de conocimientos.

“Vamos a tener que ser contralores de lo que está pasando, nosotros también pensamos que no es conveniente que se haga en estos momentos, llama mucho la atención muchas cosas, hay denuncias que estamos recibiendo de parte de algunos postulantes y vamos a ser quisquillosos con las denuncias que vamos recibiendo como sindicato”, expresó el funcionario Reinaldo Cáceres.

Aseguró que si bien no tienen ninguna denuncia probada de la falta de transparencia del concurso, igual se cerciorarán de que todo el proceso se lleve adelante de la manera adecuada.

Remarcó que están evaluando emitir un comunicado sentando postura sobre el caso. Además, adelantó que no todos los sindicatos están apoyando la causa. “Si se va a hacer, que sea como se debe, que no haya ningún direccionamiento, que todos los que van a concursar que tengan el mismo derecho, que no se le disminuya en chances a ningunos de los que van a concursar”, manifestó.

Dijo que desde el sindicato exigirán a la binacional que explique el motivo por el que parte de los 17.000 postulantes no fue convocado al examen de conocimientos, puesto que existen denuncias que alegan esto ocurrió.

Condenan a 13 años de cárcel a «Teletubi»

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El Tribunal de Sentencia integrado por Lourdes Morínigo (presidente), Evangelina Villalba y Óscar Genez (miembros).

A 13 años de prisión fue condenado Esteban Ruiz Díaz López, alias «Teletubi», por un hecho de robo agravado. El juicio oral y público concluyó este viernes en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

Durante el debate, las víctimas identificaron plenamente al acusado como uno de los asaltantes que ingresó junto a un cómplice a una vivienda en el barrio San Ana de la capital de Alto Paraná, el 25 de mayo de 2012, para reducir a sus ocupantes y cometer el hecho.

En aquella ocasión, los delincuentes, fuertemente armados, actuaron con extrema violencia, y procedieron a despojar de sus pertenencias a los moradores del lugar, como ser dinero, computadoras portátiles, celulares, entre otros objetos de valor.

El caso fue denunciado, en su momento, en la subcomisaría 3ª del barrio Santa Ana. Esteban Ruiz Díaz López permaneció prófugo de la justicia durante mucho tiempo y fue declarado en rebeldía hasta su captura y posterior proceso.

Durante el juicio, el representante del Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y evidencias incautadas en la casa del acusado para demostrar su culpabilidad.

Como resultado, el Tribunal de Sentencia -conformado por los magistrados Lourdes Morínigo, Gabriel Genez y Evangelina Villalba- impuso la pena de 13 años de prisión al acusado, quien cuenta con otros procesos penales y condenas anteriores.

El fiscal Alberto Torres representó al Ministerio Público.

Itaipú intenta defender “cocinada” de cargos públicos

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A raíz de una lluvia de críticas sobre posible “cocinada” de cargos públicos antes del cambio de gobierno, autoridades de la Itaipú Binacional intentaron justificar el proceso selectivo para cubrir 220 vacancias, asegurando que es absolutamente transparente. La masiva convocatoria se da en plena etapa de transición de gobierno y pese a que hacen todo lo posible por “aclarar”, generan más dudas aun.

El director de Itaipú, Manuel María Cáceres, encabezó una conferencia de prensa este viernes, con el objetivo de rechazar los cuestionamientos hacia el llamado a contratación de personal, a través del Proceso Selectivo Externo (PSE).

En su intento de responder a los duros cuestionamientos, Cáceres indicó que el año pasado se jubilaron 70 funcionarios y este año está previsto que otros 100 hagan lo mismo, ya que existe una disposición que impone la edad de 60 años para retirarse y por ende hay una necesidad de reponer personal.

Agregó que el hecho de que alguien sea presidente de una seccional, no le impide postularse a los cargos, refiriendo a la situación de Juan Marcel Pereira Dávalos, exprecandidato a intendente y titular de la seccional N° 1 de Ciudad del Este, y cuyo nombramiento como asesor de Comunicación, se habría hecho en forma directa por el presidente Mario Abdo Benítez.

Cáceres en todo momento evitó ahondar al respecto y dijo que, para algunos cargos existen entre 70 a 80 postulantes. Alegó que asegurarán que el concurso sea equitativo y que darán lugar a “los mejores” en capacidad y excelencia.

Juan Pereira estuvo vinculado al clan Zacarías, además de enfrentar cargo por violencia doméstica, en perjuicio de su expareja, Monserrat Quevedo.

Turista argentina denuncia que le estafaron en un negocio de CDE

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Una mujer, de nacionalidad argentina, denunció que en un local comercial de Ciudad del Este le cobraron diez veces más de lo que costaba un producto que adquirió. La afectada es Jessica Andrea Mansilla, quien radicó una denuncia formal.

La misma, aseguró que el 5 de mayo pasado llegó al negocio denominado “Dubai Shop” y compró perfumes, además de una cámara deportiva por el monto total 120 dólares. Sin embargo, al retornar a su destino constató que le debitaron la suma de 760 dólares.

Con acompañamiento fiscal, la mujer compareció al local donde fue atendido por el propietario, Juan Bautista Maldonado Silvero, con quien llegó a un acuerdo.

Allí, se hizo la devolución del dinero total que fue debitado más la suma de 1.120 reales, monto que la denunciante llegó a gastar para poder regresar al país y en concepto de viáticos la suma de 10.740 pesos argentinos, de acuerdo con lo que comentó.

Pobladores de Puerto Indio exigen al MOPC inicio de obras de pavimentación

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Pobladores de Puerto Indio están hartos de las promesas incumplidas de parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que había adjudicado las obras de pavimentación del tramo, que va desde la ruta PY07 (empalme Supercarretera) hasta Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, Alto Paraná. Sin embargo hasta ahora no iniciaron los trabajos.

En reiteradas oportunidades los funcionarios del MOPC estuvieron en el municipio haciendo charlas informativas con propietarios afectados a la obra, asegurando que serán indemnizados.

Los lugareños recordaron hace un año celebraron la adjudicación y esperaron que para el final del año haya comenzado la obra.

“Era para febrero, después mayo, ya se burlan del pueblo» manifestaron algunos de los afectados.

La intendenta de Mbaracayú, Nanci Algarín, refirió que hay un descontento generalizado, pero piden comprender que se trata de una obra de envergadura y debe cumplirse con muchos requisitos legales.

Sostuvo que las dos empresas adjudicadas ya están instaladas en el municipio y están cumpliendo con las últimas diligencias para comenzar a trabajar.

Allanan depósito e incautan mercaderías supuestamente falsificadas

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Una gran cantidad de productos presumiblemente falsificados se encontraron en el lugar

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada Nº 1 en Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Alto Paraná, allanó un depósito, ubicado en una galería céntrica de Ciudad del Este. Se confiscó una considerable cantidad de productos presumiblemente falsificados.

La intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial y tuvo lugar en el cuarto piso del edificio Hijazi Center, situado en la avenida Adrián Jara y Piribebuy, en la capital del Alto Paraná.

Durante la intervención, se incautaron 43 cajas que contiene carcasas de celulares, cargadores, fundas, cables y audífonos de reconocidas marcas, valuados en millonario monto.

La Fiscalía informó que en el momento del operativo, nadie se encontraba en el lugar, por lo que los intervinientes recurrieron a un cerrajero para ingresar.

Condenan a docente y cuatro familiares que intentaron adueñarse de los bienes de un sacerdote fallecido

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Los jueces Flavia Recalde (presidente), Milciades Ovelar y Emilia Santos (miembros)

Una docente que llevó a cabo un plan para apoderarse de los bienes de un sacerdote católico fallecido, fue condenada a 4 años de prisión. El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por los jueces Flavia Lorena Recalde (presidente), Milciades Ovelar y Emilia Santos (miembros).

En el debate se demostró que la hoy sancionada falsificó documentos para afirmar que estaba casada con el cura y que habían tenido una hija en común.

Además, fueron condenados cuatro familiares que actuaron como testigos falsos y un oficial del Registro Civil.

Se trata de la profesora María Teresa Díaz, hallada culpable por producción mediata de documentos públicos de contenido y uso de documentos públicos de contenido falso. Por su parte, José de Jesús Benítez, Guido Ramón Acuña Díaz, Teodoro Fernández Duarte y María Cirila Díaz de Fernández fueron sentenciados a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

Asimismo, el oficial de justicia Benito Ever Ríos González fue declarado culpable de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y condenado a 2 años de prisión en un juicio abreviado, realizado previamente, debido a que admitió su participación en el ilícito.

De acuerdo con los antecedentes, los actos fraudulentos fueron planificados y ejecutados en diferentes fechas y lugares con el propósito de adueñarse de los bienes del sacerdote fallecido, quien dejó propiedades y ganado.

Las falsificaciones comenzaron con el supuesto reconocimiento de una niña indígena como hija de María Teresa Díaz y el sacerdote Severiano Martínez Vázquez, presuntamente realizado el 10 de agosto de 2011 en la Oficina del Registro Civil Nº 318 de la ciudad de San Juan Nepomuceno (departamento de Caazapá).

Además, se alega que se llevó a cabo un supuesto matrimonio entre María Teresa y el sacerdote católico el 22 de septiembre de 2016, a las 17:30 horas, en el predio del hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Asunción.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2016, la principal acusada se presentó en el Juzgado Civil de Santa Rita (Alto Paraná), a cargo del magistrado Julio Ávalos Crovato, para iniciar un proceso sucesorio de Serveriano Martínez, presentando un certificado de nacimiento falso de la supuesta hija y también un certificado de matrimonio apócrifo entre ella y el religioso.

Sin embargo, el juicio sucesorio iniciado por María Teresa en nombre propio y en representación de su hija llegó a conocimiento de Ramón y Daniel Martínez Vázquez, hermanos del cura párroco, quienes radicaron la denuncia penal.

El fiscal Alcides Giménez representó al Ministerio Público en el juicio.

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