La aerolínea Latam había anunciado previamente la reanudación de estos vuelos para noviembre de este año. La decisión de posponer la apertura de la ruta se tomó por razones comerciales y se confirmó en un comunicado al portal de noticias Cabeza News.
La noticia se compartió inicialmente a través de un comunicado dirigido a agencias de viajes y a los pasajeros que habían comprado boletos. La ruta, anunciada en mayo, se realizaría con aeronaves A320 de Airbus, con capacidad para hasta 138 pasajeros en el A319 y hasta 174 pasajeros en el A320.
Latam enfatiza que sigue siendo una de las aerolíneas que más conecta a Brasil con el mundo, ofreciendo vuelos desde el país a 90 destinos directos e indirectos en el extranjero. Para los viajes entre Foz y Lima, los clientes continuarán teniendo la opción de vuelos con conexión en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo.
Agentes Especiales de la SENAD en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en coordinación con personal de la DINAC, identificaron un intento de tráfico internacional de drogas en la terminal aérea.
Durante controles rutinarios, se notaron elementos sospechosos en la maleta de una pasajera que se dirigía a Madrid, España. La pasajera fue identificada como Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, de 28 años, oriunda de Presidente Franco.
Ante las sospechas se comunicaron con el fiscal Osmar Segovia, quien asistió al lugar. Se procedió a la apertura de las dos maletas de la pasajera, encontrando 10 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 kilos 726 gramos.
Era la primera vez que la detenida viajaría fuera del país, y se presume que pudo haber sido reclutada por una organización de tráfico internacional de drogas. El valor de la carga ilícita en el mercado europeo se estima en más de 275 mil euros.
Tanto las evidencias como la detenida fueron remitidas a la Base de Operaciones de la SENAD por orden del fiscal.
Agentes Especiales de la SENAD de la Oficina Regional en Ciudad del Este, bajo coordinación del fiscal Manuel Rojas, realizaron un allanamiento en un local en el barrio San Miguel. Se trata de una propiedad que incluye una cancha de «piki vóley» donde se llevaban a cabo encuentros deportivos con alta concurrencia. Este movimiento constante se utilizaba para ocultar la venta de estupefacientes.
En el lugar, detuvieron a Emerson Danilo Alfonso Valenzuela, como el presunto responsable de la venta de drogas. Se incautaron varias porciones y dosis de cocaína con un peso de 66 gramos, valoradas en unos 6 millones de guaraníes, así como 579 gramos de marihuana, dinero en efectivo y un aparato celular.
Tanto el hombre como las evidencias incautadas fueron remitidos a la Base Regional de la SENAD, a disposición del Ministerio Público. El narcomenudeo conlleva penas carcelarias que oscilan entre 5 y 15 años.
Justo Zacarías Irún, director general paraguayo de Itaipu.
La ITAIPU Binacional emitió un comunicado a la opinión pública en el que revela un conjunto de irregularidades que se descubrieron en su Proceso Selectivo Externo 2023, realizando por el gobierno anterior a pocos meses de finalizar el periodo presidencial. Estas anomalías han desencadenado una serie de decisiones importantes y un compromiso por parte de la institución para rectificar la situación.
Desde el 28 de agosto pasado, la ITAIPU Binacional comenzó un exhaustivo análisis de su proceso de selección. Durante esta revisión, se identificaron diversas irregularidades que dejan en duda la integridad del proceso.
Entre esas irregularidades, la empresa descubrió que se realizaron modificaciones al reglamento tanto antes como durante el desarrollo del proceso. Esta práctica plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad del proceso de selección.
Asimismo, los requisitos para ciertos cargos se consideraron inadecuados, lo que tuvo el efecto de limitar injustamente la participación de algunos candidatos, lo que va en contra del principio de igualdad de oportunidades.
También se detectaron incumplimientos tanto del Reglamento General como del Reglamento Específico, lo que resultó en la admisión de candidatos que no cumplían con las normativas vigentes.
En respuesta a estas preocupaciones, la ITAIPU Binacional ha tomado la determinación de dar por terminados los Contratos Individuales de Trabajo de las personas admitidas a través del Proceso Selectivo Externo 2023. Este proceso de selección contó con la participación de más de 17. 000 ciudadanos y, lamentablemente, no garantizó la igualdad de oportunidades para todos los candidatos, reza el comunicado.
La institución reconoce el impacto que esta decisión puede tener en las personas que actuaron de buena fe y que, tras un esfuerzo genuino, lograron ser seleccionadas en el proceso, afirma la binacional.
En un esfuerzo por restaurar la confianza y garantizar la integridad de futuros procesos de selección, la ITAIPU Binacional se ha comprometido a fortalecer los mecanismos de transparencia, supervisión y control. Se busca asegurar que los procesos futuros sean justos para quienes aspiren a formar parte de la institución.
Además, la ITAIPU Binacional ha decidido iniciar un sumario administrativo con el propósito de determinar el nivel de responsabilidad de todos los involucrados en este proceso. También se está enfocando en el perfeccionamiento del proceso con la meta de establecer, en la brevedad posible, un cronograma de próximas convocatorias a procesos selectivos. Estas medidas buscan restablecer la confianza en la institución y garantizar la equidad en futuros procesos de selección.
La reunión se realizó este martes 10 en la intendencia.
El intendente Miguel Prieto Vallejos reafirmó hoy, durante una reunión con los moradores en la sala de reuniones de la intendencia, que la ex Finca 66 pertenece a la Municipalidad de Ciudad del Este, como lo establece el título de propiedad.
En el encuentro, los moradores y líderes de la ocupación solicitaron el apoyo del intendente en su lucha y manifestaron su preocupación por los desalojos violentos que han ocurrido. Wilmer Cuevas, director de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, destacó que el intendente reafirmó la propiedad municipal de la finca según el título de propiedad. Los afectados también expresaron su interés en visitar el juzgado donde se lleva a cabo la mensura judicial.
Cuevas informó que la mensura judicial se encuentra en la etapa de sentencia, pero se han presentado terceros en el proceso solicitando la recusación de los jueces, lo que ha generado retrasos. Se está impugnando esta situación y está en la Cámara de Apelación. «Se está demorando la mensura de manera intencionada, y no descartamos futuras apelaciones después de la sentencia», señaló.
Los representantes de los moradores de la finca solicitaron tres cosas: el acompañamiento del intendente para reunirse con el gobernador César Landy Torres, una visita a los senadores de la comisión de asuntos municipales y departamentales, y el apoyo de los jueces encargados de la mensura judicial para agilizar el proceso.
José Núñez, uno de los representantes de los moradores de la ex Finca 66, expresó su agradecimiento por el apoyo del intendente y su disposición a acompañarlos en este proceso para poner fin a la violencia y los desalojos. También mencionó sus planes de reunirse con el gobernador y los senadores para buscar soluciones.
Núñez subrayó que el intendente está comprometido en concluir este proceso y resolver el problema, ya que fue él quien inició la mensura judicial, una acción que se había pospuesto durante muchos años.
En un hecho ocurrido en el barrio San Isidro, un repartidor de la empresa «LAZZU S.A.» fue víctima de un robo mientras realizaba sus labores habituales. El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas de este lunes en una calle sin denominación, cuando el repartidor había dejado su camión estacionado para ingresar a un local.
La víctima, identificada como Derlis Fernández Tileria, informó que se encontraba trabajando para la mencionada empresa y tenía bajo su responsabilidad un camión de la marca ISUZU, con matrícula AAHV 439 Py, propiedad de la compañía. Al regresar al camión después de su breve parada, Fernández se percató de que individuos desconocidos habían roto el parabrisas lateral derecho del vehículo y habían sustraído varios documentos, junto con aproximadamente 1.000.000 de guaraníes, que representaban las ventas del día.
La Municipalidad de Ciudad del Este anunció el inicio de importantes obras de empedrado en dos barrios, bajo la supervisión de la dirección municipal de Área Urbana y con la presencia del intendente Miguel Prieto Vallejos.
En la Fracción Jardín del Este del Km. 8 Acaray, se llevará a cabo una obra que abarcará 1.920,00 metros cuadrados y requerirá una inversión de 177.824.200 guaraníes. La empresa encargada de la ejecución es San Francisco Emprendimiento S.A., y se espera que la obra se complete en 90 días. El proyecto incluye diversas etapas, como replanteo y marcación, preparación del terreno, construcción de empedrado sobre tierra colorada, colocación de cordones de hormigón prefabricado, y la creación de badenes de hormigón armado, entre otros aspectos técnicos.
Por otro lado, en el Km. 7 de Monday Ciudad Nueva, se destinarán 91.273.603 guaraníes para empedrar la calle Florida dentro del Lote 44. La empresa SERVMAQ estará a cargo de esta obra, que también tiene un plazo de 90 días para su finalización. Los trabajos implican la instalación de pavimento tipo pétreo, una base de tierra roja compactada adecuada para vehículos de gran porte, la construcción de cordones prefabricados de hormigón, cunetas, badenes y muros de contención.
Este 9 de octubre, en Mburuvicha Róga, se dio inicio a un evento que marcará el rumbo de la energía en el país. Justo Zacarías Irún, director general paraguayo de ITAIPU, participó en la instalación de la Mesa Energética Nacional, encargada de revisar y actualizar la Política Energética 2023-2050. La reunión contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana, así como con líderes del sector energético.
En esta ocasión, el director general de la Binacional enfatizó la importancia de este proceso de revisión y actualización. Su objetivo principal es adecuar el plan energético aprobado en 2016 a la visión que se tiene para el año 2023. Esto implica eliminar acciones que ya se han ejecutado, reintegrar aquellas que quedaron pendientes y trazar una hoja de ruta hasta el 2050, con un enfoque centrado en las políticas gubernamentales para brindar respuestas efectivas a los ciudadanos.
Estos objetivos macro serán llevados a cabo mediante la colaboración de diversas instituciones, coordinadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Viceministerio de Minas y Energía. La premisa es lograr resultados concretos en el corto plazo y presentar una nueva Política Energética 2023-2050.
Se partirá de la base del plan aprobado en 2016, y se formará un grupo de trabajo dedicado a identificar y mejorar los aspectos que requieran ajustes en el nuevo plan.
En el evento, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, destacó la naturaleza multisectorial de la mesa de trabajo, con la participación activa de todas las instituciones relacionadas con el sector energético. Su principal enfoque en los próximos días será la actualización de la Política Energética con la vista puesta en el 2050. Subrayó que esta actualización busca garantizar los derechos de los ciudadanos y promover una política equitativa y un desarrollo sostenible en beneficio de la población.
La ministra recordó que Paraguay ya cuenta con una Política Energética Nacional lanzada en 2016. Para la actualización del nuevo plan, se considerarán los pilares fundamentales que esta contenía, pero se realizará un rediseño con un enfoque renovado, siempre priorizando el bienestar del ciudadano.
Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, asumirá la coordinación de la Mesa Energética Nacional. Explicó que los ejes principales de la nueva Política Energética se centrarán en garantizar la calidad en el servicio de energía eléctrica, aprovechar al máximo los recursos naturales para la generación de energía, promover el uso de bioenergías y fomentar activamente las exploraciones en el campo de los hidrocarburos.
Varios policías y civiles resultaron heridos durante el enfrentamiento.
El agente fiscal Alcides Giménez ha presentado imputación contra cinco hombres acusados de atacar y herir a oficiales de policía durante un desalojo en Ciudad del Este, específicamente en el kilómetro 4.5. Los acusados enfrentan cargos por resistencia y daños a propiedad pública, de acuerdo con el Código Penal.
Los individuos señalados son Derlis Gabriel Maldonado Cabral (27), Marcial Paredes Martínez (41), Líder Melgarejo Ramírez (23), Marcos Florencio Estigarribia González (29) y Guillermo Eduardo Benítez Caballero (34). Todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
El incidente ocurrió cuando los acusados se resistieron al desalojo, lanzando petardos y objetos contundentes, como piedras, cascotes, botellas de vidrio y canicas con honditas, hacia los oficiales que estaban llevando a cabo el procedimiento. Como resultado del ataque, varios policías, incluyendo a Esteban Flores, Carlos Javier Ibarra Gaona, Silvio Báez Caballero, Alex Llanes y Arnaldo Benítez, resultaron heridos.
Además de las lesiones a los oficiales, los acusados dañaron un carro hidrante de la marca IVECO, modelo 170E22, de color negro, año 2015, matrícula EAJ 651, propiedad del Ministerio del Interior, que estaba siendo utilizado en el desalojo.
El desalojo fue llevado a cabo en cumplimiento de una sentencia definitiva emitida el 15 de noviembre de 2021 en un caso de reivindicación de inmueble presentado por Pablo Aquino Gavilán contra Aldo Florentín Barúa Acosta. El operativo estuvo bajo la supervisión del oficial de justicia, el abogado Mario Peralta.
En un nuevo caso de abuso que afecta a menores de edad, una pareja fue detenida bajo la acusación de abusar sexualmente de su propia hija de 11 años. Los arrestados son D. G. S., de 44 años, y C. E. V., de 36 años, quienes son los padres de la víctima y ahora enfrentan graves cargos.
La investigación de este caso comenzó después de que una vecina presentara una denuncia ante el Ministerio Público. La denuncia señalaba que la niña había sido víctima de abuso sexual desde los 9 años. Lo más alarmante es que, al parecer, la madre estaba al tanto de los abusos y no tomó ninguna medida para proteger a su hija. Incluso se menciona que la madre participaba en maltratos físicos hacia la menor y la amenazaba para que no revelara lo que sucedía en su casa.
La situación llegó a su punto crítico el sábado por la noche cuando la niña, no pudiendo soportar más el maltrato y los abusos, escapó de su casa y buscó refugio en la casa de una vecina. Fue entonces cuando relató la pesadilla que había estado viviendo a manos de sus padres.
La vecina, conmovida y preocupada por la seguridad de la menor, inmediatamente contactó a las autoridades policiales. Los agentes del destacamento policial N°1 del kilómetro 8 de Ciudad del Este respondieron a la llamada y se dirigieron al lugar de los hechos.
Una vez que se aseguraron de que la niña estuviera a salvo, llevaron a cabo los procedimientos necesarios para casos delicados como este. La víctima fue sometida a evaluaciones médicas y psicológicas para recopilar evidencia y determinar la gravedad de los abusos. Los resultados confirmaron la terrible verdad: la niña había sido víctima de abuso sexual.
La fiscal Vivian Coronel, a cargo de la unidad especializada en casos relacionados con niños y adolescentes, tomó el caso de inmediato. Basándose en la evidencia recopilada y el testimonio de la niña, la fiscal ordenó la detención de los padres.
Vivian Coronel, fiscal.
El padre, D. G. S., enfrenta cargos de abuso sexual en niños, mientras que la madre, C. E. V., enfrenta cargos de negligencia y maltrato infantil debido a su presunta complicidad en los abusos y su aparente incapacidad para proteger a su hija.
Para proteger la identidad y la integridad de la víctima, se ha aplicado el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de nombres, fotografías o datos que puedan identificar a menores involucrados en hechos punibles. Esta medida se toma para evitar que la víctima sea revictimizada o estigmatizada durante el proceso legal.
