Ciudad del Este – Thiago Henric Dias Campos, un brasileño de 26 años, fue aprehendido este domingo en el Km 9 lado Acaray, Fracción San Pedro San Pablo, tras un allanamiento que se volvió riesgoso. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 12:30 horas, cuando se recibió una denuncia sobre violencia familiar en su vivienda.

Al llegar al lugar, la fiscal Estela Mary Ramírez decidió usar un chaleco antibalas debido a la situación de riesgo. Dias Campos se encontraba atrincherado dentro de su casa, con dos menores de edad, y había realizado disparos, lo que complicó la intervención.

Las autoridades intentaron comunicarse con él, pero el brasileño se negó a abrir el portón. Ante esta situación, se solicitó el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), quienes finalmente ingresaron a la vivienda utilizando la fuerza. Durante el allanamiento, encontraron una pistola calibre 9mm con dos cartuchos sin percutir, que estaba en posesión de Dias Campos.

El operativo fue coordinado tras recibir una alerta al sistema 911. La intervención de la fiscal y el GEO fue decisivo para controlar la situación sin que se registraran heridos. El detenido fue trasladado a la Dirección de Policía.

El allanamiento se llevó a cabo con orden del Juzgado Penal de Garantías N° 3.

Un motociclista oriundo de Minga Guazú falleció este domingo tras sufrir un accidente sobre la ruta PY07, en el kilómetro 173, en jurisdicción de Los Cedrales. La víctima, identificada como Ever Luis Galeano Suárez, de 30 años, perdió el control de su motocicleta Honda CB 900, lo que provocó su caída y un arrastre de aproximadamente 150 metros.

El accidente ocurrió cerca de las 7:00 horas. Testigos señalaron que Galeano adelantó a varios vehículos antes de perder el equilibrio y caer al pavimento. El hombre fue auxiliado por Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este y trasladado al Hospital de Traumas, donde llegó sin signos de vida, según el reporte médico.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Edgar Benítez, mientras que la motocicleta quedó en la Comisaría 16ª de Los Cedrales para las investigaciones correspondientes.

El Ministerio de Justicia informó sobre el traslado de Carmen y Laura Villalba, así como de Francisca Andino, al nuevo pabellón de máxima seguridad para mujeres en la penitenciaría de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná. La medida se enmarca en la reestructuración del sistema penitenciario, que ahora cuenta con módulos diferenciados para hombres y mujeres, respondiendo a las recomendaciones del Consejo de Defensa Nacional (CODENA).

El nuevo pabellón para mujeres funcionará de manera independiente del módulo de varones, garantizando un mayor control y seguridad. Las autoridades señalaron que esta separación administrativa y funcional busca mejorar la gestión de los internos y asegurar el cumplimiento de las políticas criminales del país.

El traslado de las reclusas se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con el apoyo de las fuerzas públicas. Carmen Villalba y su hermana Laura, vinculadas al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), son consideradas de alta peligrosidad. Carmen fue condenada en 2004 por su participación en secuestros y otros delitos relacionados con el EPP. Laura Villalba cumple una condena por cargos similares. Francisca Andino, la tercera reclusa trasladada, también enfrenta serias acusaciones, aunque con menos notoriedad que las hermanas Villalba.

Ciudad del Este. En un operativo conjunto entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se detectó una conexión clandestina a la red de distribución eléctrica que alimentaba a 10 procesadoras de criptomonedas en el barrio Ysapy. El hallazgo se realizó el pasado jueves 10 de octubre, durante una verificación técnica llevada a cabo por funcionarios de la ANDE.

Según el reporte oficial, la conexión ilegal no contaba con ningún tipo de medición, lo que generaba un importante consumo de energía sin control. Durante la inspección, se registró una corriente promedio de 37 amperios por fase en baja tensión, lo que equivale a una carga total de 24.42 kW. Esto provocó un daño patrimonial estimado en G. 92.000.000 para la ANDE.

Ante esta situación, la empresa estatal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica, bajo el amparo de la Ley N° 7300/2024. Esta normativa protege el sistema eléctrico y establece penas de hasta 10 años de cárcel por el robo de energía. La denuncia fue radicada en la Unidad Penal N° 9 y el caso quedó a cargo del fiscal Alcides Giménez, quien ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, las autoridades incautaron las 10 máquinas procesadoras de criptomonedas, que quedaron bajo resguardo de la ANDE para continuar con las investigaciones. Los responsables del delito también deberán abonar los costos generados por la intervención, además de la multa prevista en la Ley N° 966/64.