El abogado Carlos Russo Galeano presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Esteban Teófilo Wiens Wiens, funcionario de la Gobernación de Alto Paraná y excandidato a intendente de Ciudad del Este. El escrito señala un presunto aumento patrimonial injustificado que no guardaría relación con sus ingresos declarados.

Según la denuncia, entre 2018 y 2023, Wiens habría pasado de declarar un patrimonio neto de G. 500 millones —compuesto por un solo inmueble— a G. 943.773.957, incluyendo ahora depósitos bancarios, vehículos y muebles. El denunciante también cuestiona el origen de los fondos utilizados en la campaña política de Wiens en 2021.

En el escrito ingresado el 21 de marzo, Russo solicita que la Contraloría General de la República remita al Ministerio Público las declaraciones juradas de Wiens, y que la Justicia Electoral informe sobre los recursos declarados para la mencionada campaña.

Frente a esta acusación, Esteban Wiens emitió un comunicado público dirigido a la ciudadanía esteña, en el cual afirma que la denuncia carece de sustento contable y que no existe hecho punible alguno que justifique una investigación. Sostiene que las intenciones del denunciante datan de años atrás y que buscarían desacreditar su imagen, así como la de personas vinculadas a la iglesia cristiana (Centro de Adoración Familiar) en la que él se desempeña como pastor principal.

“Seguimos adelante con la fe puesta en Dios, convencidos de que la mentira nunca prevalecerá sobre la verdad”, expresó Wiens, anunciando además que está evaluando acciones legales con su equipo jurídico.

Defensa habla de simulación de hecho punible y cuestiona fundamentos de la denuncia

El abogado defensor de Wiens, Pedro Rodolfo Mendoza, afirmó que la denuncia presentada por Carlos Russo carece de fundamentos jurídicos y configura una posible simulación de hecho punible, lo cual está tipificado como delito en el Código Penal paraguayo.

“El derecho de denunciar existe, pero está limitado por la necesidad de contar con indicios razonables sobre la existencia de un hecho punible y la participación del denunciado”, señaló Mendoza. Agregó que en este caso se trata de “simples suposiciones o relatos inconsistentes que ni siquiera permiten suponer un hecho punible real”.

Mendoza aclaró que la presentación hecha por Russo no puede considerarse una “noticia criminis” válida y que al pretender activar al Ministerio Público sin elementos suficientes, se corre el riesgo de utilizar la estructura estatal para perseguir a un ciudadano inocente.

“Mi defendido no puede ser considerado imputado porque ni siquiera existe una imputación formal ni sospecha fundada sobre su autoría en algún hecho delictivo”, añadió. Remarcó que Wiens colaborará con la investigación como ciudadano paraguayo, aunque no tiene la obligación legal de hacerlo, ya que la presunción de inocencia está garantizada por la Constitución Nacional.

El defensor también anticipó que presentarán documentación adicional durante el proceso para sustentar su postura y demostrar que las motivaciones de la denuncia estarían influenciadas por cuestiones personales y publicaciones previas en redes sociales, que a su criterio evidencian un intento de “persecución mediática”.

El Tribunal de Apelación Penal de Alto Paraná revocó la orden de captura contra el abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir físicamente a funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), en un hecho ocurrido en el distrito de Tavapy. La resolución judicial, firmada por los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez, generó fuertes críticas por el tratamiento del caso, especialmente porque la principal víctima es una mujer, funcionaria pública en ejercicio de sus funciones.

Según la imputación, Acosta abofeteó a la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas durante una inspección técnica, además de maltratar verbal y físicamente a otros trabajadores del INTN. El hecho quedó registrado en video y fue ampliamente difundido, lo que desató un rechazo generalizado en redes sociales y medios de comunicación.

El juez penal de garantías de Santa Rita, Bernardo Silva, había dispuesto la orden de detención preventiva, considerando la gravedad del hecho y la existencia de riesgo procesal. Sin embargo, el Tribunal de Apelación decidió revocar esa decisión y conceder la eximición de medida cautelar, con base en que el imputado, a través de sus abogados, se había presentado voluntariamente ante la justicia antes de ser capturado y ofreció documentación sobre su arraigo.

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La resolución se amparó en el artículo 249 del Código Procesal Penal, que permite solicitar la eximición si aún no se ejecutó la medida restrictiva de libertad. El tribunal también valoró la falta de respuesta de la Fiscalía al recurso de apelación, señalando que la fiscal del caso, Rocío Celeste González Alvarenga, no solicitó medidas cautelares adicionales ni respondió en el plazo legal, lo cual favoreció el planteamiento de la defensa.

La decisión de los camaristas fue duramente cuestionada por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, considerando que sienta un precedente negativo en casos de violencia de género. Sostienen que se otorgó un beneficio procesal a una persona con influencia social, pese a la gravedad del hecho, la existencia de pruebas materiales y la condición de funcionaria pública de la víctima.

Desde el INTN, la institución condenó enérgicamente la agresión sufrida por sus trabajadores, expresando su solidaridad con los afectados y solicitando que se garantice la seguridad del personal técnico en el ejercicio de sus funciones.

El expediente fue devuelto al juzgado de Santa Rita, donde se deberá fijar una audiencia de ser oído, con el imputado ya en libertad.

Este caso vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de garantizar una justicia igualitaria, libre de privilegios, y la aplicación efectiva de las leyes que protegen a las mujeres contra toda forma de violencia.