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Comuna toma precauciones ante posibles hechos violentos

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Luego de la propagación de un audio a través de las redes sociales donde dos personas aparentemente finiquitan detalles de un supuesto plan para cometer hechos de violencia durante la marcha prevista para este martes, la Municipalidad de Ciudad del Este hizo una denuncia ante el Ministerio Público contra personas innominadas sobre supuestos hechos punibles en contra de la seguridad de la convivencia de las personas (perturbación de la paz pública, amenaza, incitación a cometer hechos punibles, apología al delito) y contra la libertad (coacción grave). 
El asesor jurídico de la comuna, abogado Cristian Cabral, además solicitó a la Policía Nacional los recaudos pertinentes con la finalidad de brindar seguridad y garantía a los contribuyentes de modo a precautelar los derechos de terceros conforme establece la Constitución Nacional. 
“La Municipalidad de Ciudad del Este siempre precautelando la seguridad de la ciudadanía en general y atendiendo que se filtró un audio a través de Whatsapp y en las redes sociales, tuvimos conocimiento de una preparación para la conspiración de irrumpir la institución municipal y por ende a la sociedad, ya que estas personas se estarían manifestando pero no de forma pacífica, al contrario de manera agresiva”, indicó.
A reglón seguido expresó que ya se ha realizado la denuncia penal contra personas innominadas ante posible atentado. “Las informaciones dan cuenta que pretender dañar patrimonio de la institución municipal como de terceros, es por eso que estamos haciendo una denuncia penal contra personas innominadas, en el audio se escucha a dos personas donde se puede identificar solo nombres, por esa razón pedimos que el Ministerio Público investigue y que llegue a la sanción de estas personas que están atentando en contra de los derechos de terceros”, expresó Cristian Cabral.
“La manifestación pacífica es válida, pero por sobre todo debe prevalecer el derecho de terceros, por esa razón estamos realizando la denuncia por perturbación de la paz pública, amenaza, incitación a cometer hechos punibles, apología al delito y contra la libertad, coacción grave y otros hechos, ya tenemos todos los antecedentes, van varios meses en que se manifiestan en contra de la institución municipal pero no de manera pacífica”, indicó.
Para culminar agregó que el municipio ha tomado todos los recaudos posibles para garantizar la seguridad de la institución y de los contribuyentes, “La institución municipal está tomando los recaudos posibles, tanto el ministerio público como la policía nacional que son los órganos encargados de brindar seguridad a la ciudadanía y de garantizar el libre tránsito, la comandancia ya está en conocimiento por lo que los contribuyentes podrán realizar sus diligencias”, culminó el asesor jurídico de la comuna esteña, Cristian Cabral.

Procesan a hombre que quiso depositar billetes sin valor a una cuenta bancaria

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La Fiscalía Penal de turno, a cargo de la abogada Juliana Giménez Portillo, presentó imputación contra el ciudadano Emilio Jacinto González Neira (49) por el supuesto hecho punible de reducción. El hombre quiso depositar la suma de 8.250.000 guaraníes -en billetes de 50 mil de la serie “C”, sacados de circulación por disposición del Banco Central del Paraguay (BCP)- a una cuenta corriente de la sucursal del Banco Continental de Ciudad del Este. 
La aprehensión del hombre se produjo este 22 de julio, a las 12:30 aproximadamente, en el interior de la entidad bancaria, ubicada en la calle Boquerón entre Monseñor Rodríguez y Adrián Jara del centro de la capital del Alto Paraná. 
Los billetes, 165 en total, fueron presentados en ventanilla de la entidad bancaria, sin embargo, el cajero se percató de que los mismos no tenían valor e inmediatamente comunicó el hecho a agentes del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, que llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso con las evidencias. 
El imputado declaró, en sede del Ministerio Público, que se desempeña como funcionario de la empresa courrier Nova Group S.R.L y que normalmente realiza los depósitos bancarios para la empresa. Refirió que en la fecha indicada un solo cliente ha pagado en efectivo por los servicios de envío de mercaderías y que esa totalidad ha llevado al banco a los efectos de depositar en la cuenta de Sebastián Lafarja. 
El encausado sostuvo que grande fue sorpresa cuando el cajero del banco le mencionó que los billetes se encontraban fuera de circulación. Agregó que se comunicó con sus compañeros de trabajo, quienes le confirmaron que el único que pagó en efectivo ese día fue un tal Domingo, alias “Mingo”, de nacionalidad brasileña, cuyos otros datos desconocen. 
Los billetes de 50 mil guaraníes de la serie “C” fueron sacados de circulación y sin valor legal por resolución del BCP, debido a que en el año 2006 fueron robados en el Brasil antes de llegar a Paraguay. La representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para el imputado. De igual modo, pidió 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.

CGR aclara que no existe ningún impedimento para auditar la Municipalidad de CDE

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La Contraloría General de la República, a través de una nota firmada por el contralor Roy Rogers Canás y el secretario Alfredo David Barúa, aclara que no existe ningún inconveniente o impedimento legal para que esa institución realice una auditoría, control o verificación de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Esclarece además que de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, posee la competencia exclusiva para ejercer el control de ejecución y de la liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones del sector público, como asimismo, el examen de sus cuentas, fondos e inventarios, conforme a la Constitución Nacional.
En la nota, la CGR dice que “el control y fiscalización que la Contraloría ejerce sobre las instituciones de conformidad a la Constitución Nacional y las leyes serán sin perjuicio de la facilidades que corresponden a otros organismos e instituciones del Estado, como el Tribunal de Cuentas a los que por Ley se asignen potestades de control y fiscalización.
Además el texto resalta que “desde la Corte Suprema de Justicia ha partido un comunicado en el cual ha esbozado los mismos lineamientos sostenidos por este Organismo Superior de Control, ratificando las facultades constitucionales y legales de la institución en materia de control gubernamental”.
La nota de la Contraloría General de la República finaliza diciendo que puede realizar las verificaciones y controles pertinentes a cualquier institución y que no existe ningún impedimento legal para auditar la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La Contraloría General de la República se encuentra facultada a disponer, a través de sus Unidades Organizacionales de Gestión Misional competentes y los Exámenes Especiales o Auditorías correspondientes para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales, no existiendo impedimento legal alguno de proceder en dicho sentido con relación a la Municipalidad de Ciudad del Este”, culmina la nota enviada y firmada por el Contralor General de la República, Roy Rogers Canás.

Acusan a un abogado y otros dos implicados por extorsión y coacción

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La fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro, formuló acusación contra el abogado Gustavo Miguel Pérez Fretes (33), Aracely Zaragoza González (21) y Néstor Ricardo Brítez Prieto (27) por extorsión y coacción. Los mismos inventaron una supuesta violación de la joven para extorsionar a Aldo Agustín Acuña Quiñónez, a quien exigieron el pago de 10 mil dólares americanos para no denunciarlo ante el Ministerio Público por el supuesto hecho punible. 
La representante de la sociedad, igualmente, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 6, a cargo de Dólica Giménez de Liuzzi. 
Los tres sospechosos fueron aprehendidos el 14 de enero del presente año, en horas de la tarde, en distintos procedimientos efectuados por la Fiscalía y agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Los operativos se realizaron luego luego de la denuncia radicada por la víctima, el 12 de enero. 
Según los antecedentes, el afectado conoció a Aracely a través de las redes sociales y luego iniciaron contactos a través de llamadas telefónicas y mensajes de textos. El 8 de enero programaron una cita en una vivienda y mantuvieron relaciones sexuales. Al día siguiente, es decir el 9 de enero, Aldo Agustín recibió una llamada telefónica de parte del abogado, desde el celular de Aracely, expresándole que quería hablar con él para llegar a un acuerdo amistoso supuestamente por haber violado a la joven. 
Posteriormente, marcaron un encuentro en la cafetería “La Negra” del barrio Boquerón de Ciudad del Este. Allí, Pérez Fretes y Ricardo Prieto, quien dijo ser primo de la mujer, exigieron a Aldo Agustín la suma de 10 mil dólares o un automóvil para evitar la denuncia en la Fiscalía por la presunta violación cometida contra la mujer. 
El afectado les manifestó que no contaba con el dinero y lo máximo que podía conseguir era la suma de 2 millones de guaraníes, que los extorsionadores aceptaron al principio. Pero, luego siguieron amenazando y exigiendo los 10 mil dólares a la víctima, quien decidió radicar la denuncia. 
La Fiscalía, en el transcurso de la investigación, pudo comprobar fehacientemente que los números telefónicos de la víctima y victimarios estaban en permanente comunicación. A raíz de esto, la fiscal Zunilda Ocampos determinó la acusación de los tres implicados y pidió el juzgamiento de todos ellos. 

Caso Forex: Testigo reconoce que también era lavadora de dinero

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La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia -en la prosecución del juicio oral a los tres primeros acusados- que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares. La mujer ya había prestado declaración testimonial bajo la regla del anticipo jurisdiccional de pruebas, en la etapa preparatoria, pero esta vez brindó información que no había dado nunca antes, desde el 2011 hasta la fecha.
Los acusados y juzgados en debate público por diversos hechos punibles son; Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. La audiencia pública comenzó el 14 de junio pasado y se reanudó este miércoles 20 de julio, por novena vez, desde las 14:00 y hasta las 18:30, en la sede del Poder Judicial de Ciudad del Este. El Ministerio Público está representado por los fiscales; Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, quienes conforman un equipo investigador bajo la coordinación del fiscal adjunto del Área Penal X, abogado Alejo Vera.
“Soy parte de esa asociación criminal. Yo soy la que propuse la creación de la casa de cambios Forex a Felipe (Duarte), yo trabajaba con él desde el 2008 aproximadamente. Yo puse mi plata en el lugar, porque había ganado con las transferencias con Felipe desde antes de la creación de la casa de cambios. Conseguí que Gustavo Céspedes nos dé la franquicia de su casa de cambios Forex Paraguay y logré que Felipe y Tai Wu Tung firmen. Tai Wu Tung era mi pareja sentimental. El dinero que se manejaba allí adentro era mío”, aseguró Reyes ante el Tribunal Colegiado, conformado por las magistradas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
Cuando la defensa de los acusados preguntó a la testigo de dónde sacó el dinero para invertir en la casa de cambios (en los documentos figura como funcionaria), reiteró que desde el 2008 venía trabajando con Felipe Duarte en transferencias y ahí ganó esa plata (400 mil dólares). Dijo que luego planteó a Felipe habilitar la casa de cambios, para poder operar sin inconvenientes. También reconoció que lavaba dinero, cuando la defensa le preguntó aquello. “Yo soy parte de esa asociación criminal”, aseveró Nélida Reyes.
La mujer reconoció igualmente que se dedicaban a captar el dinero y enviaban ilegalmente hasta 1 millón de dólares por día al exterior, utilizando las empresas llamadas de “maletín”, con ayuda de funcionarios de diversos bancos, refiriéndose a los gerentes imputados por la Fiscalía de las cuatro entidades bancarias. La testigo expresó que llevaba a una limpiadora de Forex para realizar las operaciones, y que ella nunca apareció en los documentos por ningún lado.
Asimismo, la declarante culpó a Sady Carísimo Báez de sacarle su empresa. “Sady Carísimo me sacó mi empresa (por la casa de cambios Forex). Ella les hizo la cabeza a Felipe y a Tai para que me saquen del negocio. La casa de cambios era mía y un día de mí cabello me sacaron del lugar Felipe Duarte y Tai Wu Tung y se quedaron con mi dinero. Ellos me estafaron y por eso yo los denuncié”, resaltó.
También reveló que los demás vinculados a las empresas de “maletín” cobraban 5 mil dólares por mes, pero en el Instituto de Previsión Social (IPS) figuraban con el salario mínimo. “Eso me consta, porque así figuraba en la planilla de Forex”, refirió.
Reyes fue propuesta por el Ministerio Público y cuando compareció ante el Tribunal, la Fiscalía pidió que sea leída su declaración anterior, el que diera en la etapa preparatoria, a fin de que las partes, a partir de allí, puedan formular preguntas por el principio de bilateralidad. De igual modo, para hacer el examen y contra examen de la testigo y contrastar lo que ya había dicho inicialmente.
El juicio oral del caso Forex, donde están procesadas 40 personas por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y otros, proseguirá el próximo miércoles 27 de julio, a partir de las 13:30 horas, en la capital del Alto Paraná. Entre los 40 sospechosos, 22 están sindicados por la creación de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente. La pesquisa se inició el 22 de diciembre de 2011.
FOTO: Diario Vanguardia

Hallan cadáver de un universitario con presunción de suicidio

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Un estudiante de medicina fue hallado muerto hoy en el interior de su habitación, localizado en el segundo piso del edificio Cristal de Minga Guazú. Las autoridades presumen de un caso de suicidio, ya que fue encontrado un escrito en el lugar del hecho y que está siendo analizado.

La víctima fatal se trata de Enrique Augusto Olmedo Román, 20 años, estudiante del segundo año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Este (UNE), de dicho municipio.
Acorde a las primeras informaciones, en la habitación fue encontrado un brasero, lo que hace presumir que el estudiante falleció asfixiado por la emanación del carbón encendido.
Sus compañeros de la facultad relataron que esta mañana intentaron en varias ocasiones comunicarse con el hoy fallecido vía telefónica, y al no recibir respuesta decidieron ir hasta su habitación donde lo encontraron muerto.
El diagnóstico de la forense Dra. Raquel Cáceres, la causa de la muerte es asfixia.
FOTO: Wilson Ferreira – ÚH.

Recluso que extorsionaba desde la cárcel afrontará juicio oral

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La Fiscalía Antisecuestro, a cargo de Zunilda Ocampos Marín, formuló acusación contra el recluso Milciades Vera Monges (37) por la comisión del supuesto hecho punible de extorsión agravada, y al mismo tiempo solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 6, a cargo de la magistrada Dólica Giménez de Liuzzi. 
Vera Monges está sindicado de haber extorsionado desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este al señor Pedro Filemón Pineda Ríos y a su familia, constreñimiento seriamente con la intención de obtener para sí o para otras personas beneficio patrimonial indebido. 
El hombre, presuntamente, exigía el pago de 7 mil dólares americanos a la víctima y a su esposa, a través de llamadas telefónicas, desde el número (0973) 601037. El sospechado llamó en reiteradas ocasiones a Pineda Ríos, realizando todo tipo de amenazas como la de secuestrar o atentar contra la vida de sus hijos y nietos. El acusado, incluso, ordenó que se disparara contra la vivienda de la víctima, violando así el bien jurídico protegido, el patrimonio, estando recluido en la cárcel regional. 
La denuncia fue radicada en el Ministerio Público el 11 de agosto de 2015 por Cynthia Rossana Pineda Morel, domiciliada en el barrio Juan E. O’Leary de Ciudad del Este, comunicando que sus padres Pedro Filemón Pineda y Dirce Antonia Morel estaban recibiendo llamadas y mensajes de textos con fines extorsivos, desde el celular (0973) 601037, exigiendo la suma de 7 mil dólares americanos para no matar a sus hijos o hacer algún otro daño. 

“Atendena señora, nosotros queremos solucionar buenamente contigo el problema o si no le vamos a matar a tu hijo y no queremos que se entrometa nada de Policía o si no hay negocio tu hijo va a morir”, fue uno de los mensajes recibidos por Dirce Antonia. Luego, Filemón Pineda recibió otra llamada telefónica de un hombre que hablaba en español y guaraní, manifestándole: “soy un enviado para matar a su hijo”, afirmando conocer el movimiento de su hijo que en ese momento estaba en la escuela.

Comuna proyecta construir un comedor comunitario en el kilómetro 11

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Durante una visita que realizó al asentamiento San Pedro, del kilómetro 11, lado Monday, la intendente municipal Sandra de Zacarías, observó junto a los vecinos el sitio donde próximamente será erigido un comedor comunitario a ser destinado a niños y adultos de escasos recursos económicos.

“En los asentamientos urbanos viven las familias que más necesitan de nosotros, por eso estoy contenta de colaborar con ellos, tenemos planeado ejecutar varias obras en estos lugares, como empedrados, comedores y dispensarios médicos”, dijo la intendente.
En ese mismo lugar, días pasados, la comuna entregó constancias para la conexión de energía eléctrica a las familias.
Luego la administradora comunal se dirigió al asentamiento La Esperanza, donde dialogó con los vecinos a quienes prometió que su administración no cejará en su afán de dotar de mejores infraestructuras viales al lugar. Habló de la construcción de empedrados, asfaltados, canalización y entubamiento de calles.

Gobernación quiere erradicar uso de letrinas en instituciones educativas

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Luego de implementar con éxito el programa denominado “Aulas de madera cero”, derribando las viajes aulas de madera y erigiendo nuevas de material cocido, la gobernación de Alto Paraná está ideando otro plan, esta vez para buscar la eliminación total de los retretes comunes que continúan en uso en varias instituciones educativas del décimo departamento.
Durante su última visita al distrito de Hernandarias, el gobernador Justo Zacarías sostuvo que no se puede ofrecer una educación sanitaria eficiente si aún se cuenta con letrinas o sanitarios en condiciones deplorables en las escuelas. Recordó que así como están llegando a anular las aulas de madera, lograrán eliminar las letrinas. El plan lleva el nombre de “Letrinas cero en Alto Paraná”.
Acorde a los datos, este plan busca contrarrestar otra de las mayores carencias del sector educativo, escuelas y colegios, que aun cuentan con letrinas o sanitarios en pésimas condiciones. “Buscamos contribuir para que los chicos reciban una educación integral y saludable, por ende no nos quedamos en los discursos, sino en los hechos. Para finales del 2016 Alto Paraná ya no contará con aulas de madera y en unos meses más también eliminaremos las letrinas, nos trazamos objetivos bien concretos que favorezcan realmente la educación de los que son nuestro presente y futuro, los niños y jóvenes”, acotó.

Ordenan la rebeldía de una estudiante por frustración de la ejecución individual

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El juez Marino Méndez declaró la rebeldía de la estudiante universitaria Marian Sosa Giménez Ojeda (foto), imputada por la fiscal Cinthia Leiva Cardozo en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible de frustración de la ejecución individual.

Según los antecedentes, la mujer ocultó un automóvil por el cual adeudaba aún la suma de 7 mil dólares americanos y se negó a entregar a un oficial de justicia, pese a la existencia de un mandamiento de embargo y secuestro. La denuncia fue radicada por el abogado Atilio René Vera, en su condición de víctima.
Según los antecedentes, el 10 de noviembre de 2014, el profesional del derecho había realizado una compra-venta de un automóvil Toyota Allion, de color plata, año 2002, a favor de Mirian Giménez Ojeda por un valor total de 10 mil dólares, mediante contrato por escribanía. La universitaria entregó la suma de 2 mil de la moneda norteamericana, estableciendo el saldo en 14 pagarés de 500 dólares mensuales. Sin embargo, pasaron los meses y la hoy imputada no cumplió con el compromiso asumido, adeudando hasta la fecha los 7 mil dólares.
A raíz de la falta de pago, la víctima inició un juicio ejecutivo ante el Juzgado de Paz y el 17 de junio de 2015 el magistrado Demetrio Bareiro ordenó el mandamiento de embargo preventivo y secuestro de dicho vehículo. 
En cumplimiento a la orden judicial, el 25 de setiembre de 2015, el oficial de Justicia Cristian Cabrera se constituyó hasta el domicilio de la denunciada, en el barrio Carolina de Ciudad del Este. Pero la encausada le manifestó que no entregará el vehículo, que dijo que tenía guardado en otro punto del país. 
El juez Marino Méndez dispuso además interrumpir la duración del procedimiento y ordenó la suspensión de los plazos a favor del Ministerio Público para la investigación.
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