Este lunes, la intendencia municipal presenta ante la secretaría de la Junta Municipal, el veto de la intendente Sandra McLeod al presupuesto aprobado por la bancada opositora. Paralelamente, será presentada una denuncia ante los estrados judiciales por producción de documentos falsos. Esa misma postura debe tomar el secretario de la JM, pero por coacción.
Con la presentación del veto, los concejales tienen 10 días para expedirse sobre el tema, pero todo indica que el presupuesto tendrá aprobación ficta porque la bancada opositora no reuniría los ocho votos necesarios para rechazar el veto de la intendente.
Adelantándose a eso, desde la administración municipal dicen que con el veto de la intendente se garantizan todos los servicios sociales que el municipio ofrece a la comunidad, como por ejemplo la Escuela de Artes y Oficios, la escuela municipal, los dispensarios, el laboratorio municipal, el convenio con Itaipu y los convenios con universidades.
Según la administración municipal, el presupuesto aprobado por los ediles de la oposición contenía varias irregularidades, como ser la adulteración de varios datos, desde lo enviado por la intendencia, pasando por lo aprobado en plenaria y culminando en un resumen de ingresos y egresos, donde se determina que el presupuesto de gastos terminará siendo mayor que el de ingresos.
La institución comunal cuestiona también el ʺexorbitanteʺ aumento salarial a la intendente de Ciudad del Este, sin que la misma haya solicitado el mismo, y sobrepasando el límite de la ley, que habla de “hasta 10 salarios mínimos (incluyendo sueldo). Sin embargo, los concejales decidieron consignarle a la jefa comunal un ingreso de 29 millones; es decir, 13 millones por encima de los que la misma había propuesto, que era de unos 16 millones, por debajo del límite que establece la ley.
La asesora jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este Graciela Flores (foto), expresó que se pueden encontrar delitos tipificados en el accionar de los concejales opositores, como ser “producción de documentos públicos de contenido falso”. Agregó que la ordenanza, como tal, debe contener datos verdaderos. “No puede ser que yerre en 10 o 15 partes, es más, para redactar un documento tan importante como una ordenanza se debe leer y re leer varias veces. Esto es compatible con una conducta tipificada como hecho punible en el código penal“, dijo
Por otra parte, el secretario de la Junta Municipal, Claudio Durañona podría presentar asimismo una denuncia contra los concejales por el intento de obligarle a firmar la ordenanza manipulada y adulterada a la que se aprobó en la sesión extraordinaria. La negativa del funcionario a firmar dicho documento derivó en su traslado, a disposición de recursos humanos.
Consultada sobre esta situación, la abogada Flores indicó que “se debe ver la legitimación activa, en este caso, deberá el funcionario seguramente quien presente la acción por coacción a cometer un hecho punible, que también puede darse“, indicó.