El Ministerio Público imputó a Santiago Peña y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos en Ueno Bank. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos.
La imputación fue presentada este sábado 7 de noviembre de 2026, mediante el Acta n.º 7, en el marco de la causa penal 92/2026.
A Peña se le atribuyen los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor.
Carvallo, por su parte, fue imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Más de G. 3,6 billones de fondos públicos
Según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta septiembre de 2026 los organismos estatales mantenían depositados en Ueno Bank aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La Fiscalía sospecha que, entre 2023 y 2026, se tomaron decisiones que favorecieron la colocación y permanencia de esos recursos en el banco, mientras la entidad realizaba operaciones crediticias presuntamente irregulares con empresas vinculadas.
En el caso de Peña, los investigadores analizan su participación en decisiones relacionadas con esos depósitos, sus anteriores vínculos accionarios con Ueno Holding y reuniones mantenidas con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS).
Cuestionan actuación del expresidente del BCP
En cuanto a Carvallo, la investigación se concentra en su actuación durante los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank.
También se examina una comunicación enviada al Senado el 7 de octubre de 2026, que presuntamente contenía información diferente de las observaciones técnicas existentes en el BCP.
Fiscalía busca asegurar bienes
Además de solicitar prisión preventiva, los fiscales pidieron medidas para impedir que los imputados vendan o graven sus bienes.
También solicitaron identificar cuentas bancarias, inversiones, inmuebles, vehículos y participaciones empresariales que pudieran estar a sus nombres.
La investigación está a cargo de un equipo de fiscales especializados en delitos económicos.
La imputación no constituye una condena. Corresponderá al juzgado resolver las medidas cautelares solicitadas, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las posibles responsabilidades penales.