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| Felipe Ramón Duarte, procesado. |
La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de
Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su esposa
Nilsa Estela Romero de Duarte, quienes están acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
El equipo de fiscales -conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres– viene insistiendo en reiteradas ocasiones, desde julio del año pasado, la conformación del tribunal para la realización de la audiencia pública. Sin embargo, por diferentes motivos que se dan en el ámbito judicial, no se pudo aún conformar el órgano colegiado. A la fecha, tras la inhibición de la magistrada Lourdes Morínigo, nuevamente se da un retraso en el trámite.
La Fiscalía de Ciudad del Este intervino en la presente causa en el 2012 y primeramente formuló imputación contra 12 personas y luego procesó a otras 10, todas vinculadas a empresas de “maletín”. Igualmente, dispuso el procesamiento de otras 18 personas vinculadas a entidades bancarias.
Tras ardua tarea técnica desplegada por los agentes fiscales -quienes minuciosamente analizaron manuales de procedimientos bancarios, que determinan responsabilidades y obligaciones de los diferentes niveles o cargos de las personas físicas del área de prevención de lavado de dinero, pudieron iniciar el proceso penal en contra de 18 personas.
Los investigadores además analizaron diversas resoluciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), vigente al tiempo de cada operación realizada, conjuntamente con la Ley 1015/95 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y el Código Penal. Así se logró determinar conducta penalmente relevante de las personas físicas que cumplen tareas de prevención de lavado de dinero dentro de las entidades bancarias.
A raíz de ello, iniciaron el proceso penal por negligencia grave en el conocimiento de origen de los fondos ingresados en las diferentes cuentas utilizadas por las empresas de “maletín”, al sistema financiero. Incluso, los responsables de la pesquisa, llegaron hasta los mandos altos, como el caso de los directores de cumplimiento de cada entidad bancaria.
De esta manera, los fiscales realizaron verificación y análisis de conducta de personas físicas, vinculadas a cuatro entidades bancarias, que son Banco Continental, Banco Sudameris, Regional y BBVA, luego de que recayera resolución en el sumario administrativo llevado adelante a estas entidades por la Superintendencia de Bancos, que por ley, ejerce el control y supervisión sobre las entidades del sistema financiero en la República. El marco penal establecido en la ley para este tipo de conducta es de pena privativa de libertad hasta 2 años o multa, conforme a lo que establece el artículo 196, inciso 5º, del Código Penal Paraguayo, de la Ley 1160/97 modificada por la Ley 3440/08.
Durante la investigación, hasta la fecha, fueron condenadas 11 personas vinculadas a las empresas de “maletín”. Mientras, las personas relacionadas a las entidades bancarias, cuyas conductas son sancionadas en la ley con 2 años de pena privativa de libertad o multa, han reconocido su responsabilidad en la negligencia grave y solicitaron salida procesal en la causa penal iniciada en su contra.
En la presente investigación, están procesadas 40 personas, 11 de ellas condenadas; 4 acusadas, pendiente de audiencia preliminar; 2 pendientes de juicio oral, 5 rebeldes y 18 personas vinculadas a entidades bancarias. Entre los rebeldes, se encuentra con orden captura el ciudadano oriental Tai Wu Tung, quien cumplía funciones de gerente general en la extinguida casa de cambios “Forex Paraguay” en Ciudad del Este.
OEA RECONOCE TRABAJO FISCAL
El equipo de fiscales, responsable de la investigación de Forex, fue invitado recientemente por la Organización de Estados Americano (OEA) para realizar una presentación de las técnicas especiales de investigación utilizadas en la causa, que le llevó a identificar la responsabilidad penal de cada uno de los miembros de la organización. Fue reconocido y aplaudido el trabajo de los agentes fiscales en la causa.
Los fiscales consideran que este proceso penal fue ejemplificador, teniendo en cuenta que a partir de ello se ha modificado disposiciones que regulan el control y la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
