El fiscal Julio Paredes investiga a los miembros de un supuesto grupo criminal que habrían falsificado la firma de un juez y su actuario para evitar el pago de más de 1.700 millones de guaraníes de honorarios profesionales a una abogada. La denuncia fue radicada por la profesional del foro Lourdes del Rosario Cantero Wolf, quien solicitó a la Fiscalía que ordene la captura nacional e internacional los principales implicados, entre quienes figura una escribana pública. 

Los denunciados son Rutilio García, su pareja sentimental Theresa Carroll García, ambos estarían residiendo actualmente en los Estados Unidos; Ananía Aurora García de Alcaraz, Higinia Céspedes Rolón viuda de López, la escribana pública Delia Graciela Ruiz y Felipe Santiago López Franco. Los mismos habrían cometidos los hechos punibles de frustración de la ejecución individual, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y evasión de impuestos. 

Según la acción penal, en agosto del 2.013 la abogada Lourdes del Rosario inició un proceso de regulación de honorarios profesionales, en el marco de la causa «Mirtha Elizabeth Franco Alonso y Rutilio García contra Vanderlei Hauschild y otros, sobre nulidad de acto jurídico, cancelación de inscripción y otro», tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial de Iruña (Alto Paraná). 

El juez Omar Vallejos estimó los honorarios de la profesional del foro en la suma de 1.735.541.100 guaraníes (un mil setecientos treinta y cinco millones quinientos cuarenta y un mil cien guaraníes), más 10 % de IVA. Luego, la demandante solicitó las medidas cautelares que aseguren el cobro de los haberes profesionales. De esta manera, el magistrado ordenó embargos sobre tres propiedades ubicadas en Ñacunday, distrito de Santísima Trinidad y un tercero en la ciudad de Ayolas. El cumplimiento de la orden judicial estuvo a cargo del oficial de justicia Gilberto Zaracho Flor. 

Pese a los embargos, Rutilio García y Mirtha Franco enajenaron todas las propiedades. Para el efecto, fabricaron Autos Interlocutorios, falsificando las firmas del juez Vallejos y su actuario, y de esa manera levantaron las medidas que pesaban sobre los inmuebles. Incluso, la propiedad de Ñacunday solamente existía en los papeles, hecho corroborado mediante informes oficiales de los registros públicos. Mientras que las demás propiedades aparecieron sin restricción ni gravamen alguno, mediante las falsificaciones realizadas, y de esa forma pudieron transferir los inmuebles, que llamativamente aparecieron a nombres de familiares cercanos de los denunciados. 

El juez Omar Vallejos aseguró que los instrumentos presentados a su nombre en los registros carecen de validez. La denunciante solicitó la identificación de los funcionarios de los registros públicos que intervinieron en el caso para levantar los embargos y transferir los inmuebles, a fin de que igualmente sean sometidos a procesos penales. 

Los magistrados del fuero penal de la Sexta Circunscripción, preocupados por datos revelados por organismos públicos que dan cuenta que se tiene una mínima cantidad de condenados en la cárcel regional, realizaron un relevamiento de datos y compararon las resoluciones de cada juzgado que dio como resultado, números más elevados a la cantidad de condenados que registra la penitenciaria y la tramitación de sus causas judiciales. 

Tanto el grupo de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y el propio Ministerio de Justicia, indicaron el año pasado que de poco más de 1.200 recluidos, solo 223 personas cuentan con condena. 

Con la depuración de las causas en los juzgados, los datos reales avalados por resoluciones de cada magistrado, son muy distintos. 

De acuerdo a las cifras cotejadas en el 2017, del total de 1.261 recluidos, 1.136 son causas del Alto Paraná y 125 son de causas de Saltos del Guairá y otras circunscripciones judiciales del país. 

De este grupo de reclusos con causas en el décimo departamento, fueron condenados 471 personas y los demás casos fueron elevados a juicio oral y público o sus causas están en etapa investigativa. 

Con estos números obtenidos en juzgados de Garantías, se da cuenta que el 90 % de los internos de la cárcel regional, tienen sus causas en los juzgados del Alto Paraná, de los cuales el 41,46 % ya fue condenado por los hechos punibles que fueron investigados. 

La magistrada Nilda Estela Cáceres explicó que estas cifras pueden variar de forma favorable a la gestión judicial ya que se habilitaron más juzgados de Garantías y se integró al menos un Tribunal Permanente más de lo que ya se tenía en la región. 

«En lo que va del año estaremos haciendo otro cruzamiento de datos para tener una nueva evaluación, a modo de transparentar y revelar cifras que correspondan a la realidad y dejar de lado ese panorama aterrador que se maneja actualmente, en la certeza que en nuestros juzgados estaremos dando seguimiento a las diferentes causas, más aún cuando se trata de los privados de su libertad», indicó la magistrada del juzgado de Garantías N° 8. 

Asimismo, refirió que la tarea se hace en forma periódica, en consonancia con las visitas carcelarias de manera paralela al trabajo de depuración que persiste en los juzgados penales de esta zona del país.