Los procesados son Miguel Ríos, apodado Baixiño, y Armando Vargas Navarro, alias Lelu, quienes soportan cargos por robo agravado y asociación criminal. El primero fue privado de su libertad este 17 de julio y está con pedido de prisión preventiva y el segundo permanece prófugo de la justicia, con requerimiento de rebeldía. Con relación al hecho inicialmente fue imputado Yoni Rolando Ayala Quiñónez, chofer de la firma de caudales, quien habría facilitado el millonario robo, según los investigadores. 

De acuerdo con la imputación, un mes atrás, Ríos y Vargas Navarro habrían contactado con Ayala Quiñónez en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva de la capital del Alto Paraná. En la oportunidad, los presuntos delincuentes plantearon al chofer de la empresa Guardían S.A. hacer un trabajo, que consistiría en brindar informaciones sobre el movimiento de los transportadores de caudales de la firma, a cambio de un pago. Al llegar a un acuerdo, los supuestos delincuentes le facilitaron al empleado un sim card de la empresa Personal, con número (0973) 895719, a través del cual se comunicaban. 

Este 16 de julio, Ayala Quiñónez habría facilitado informaciones a los asaltantes antes de partir con el camión de caudales con destino a San Alberto, transportando dos bolsas de dinero, y sin comunicar del traslado a la Policía Nacional Al llegar al kilómetro 47, unos 10 hombres encapuchados, con armas largas y cortas, atacaron a balazos el rodado. 

En la oportunidad, el conductor, quien iba acompañado por el cajero de la empresa, Óscar Cristaldo Portillo, habría encostado en la banquina el camión sin oponer resistencia. En una camioneta, de la marca Mahindra, iban los custodios Derlis Javier Colmán, Miguel González Brítez, Carlos Rotela Fernández y Marciano Aquino, quienes tampoco pudieron reaccionar. 

Acto seguido, los asaltantes se apoderaron de las bolsas de dinero, con unos 1.000 a 1.200 millones de guaraníes, y escaparon del lugar, no sin antes de incendiar un automóvil y esparcir clavos miguelito sobre el asfalto. Posteriormente, en su huida, abandonaron una camioneta, de la marca Toyota Hilux, de color negro, con matrícula AXF 053, que usaron para el golpe y prosiguieron su huida en otro rodado. 

En el interior de la camioneta fueron hallados cartuchos de 9 mm, 7.62, calibre 12, además de otras evidencias relacionadas al atraco. En tanto, que del lugar del asalto fueron igualmente recogidos vainillas servidas y proyectiles sin percutir, por una comitiva fiscal policial encabezada por el fiscal Alfredo Acosta Heyn. 

El representante público inicialmente ordenó la detención preventiva de los 6 empleados de Guardián S.A., aunque luego todos quedaron en libertad, a excepción de Yoni Rolando Ayala Quiñónez, quien está procesado por robo agravado y asociación criminal, y se encuentra con pedido de prisión. 

El Tribunal estuvo integrado por Zunilda Martínez, María Luísa Añazco y Herminio Montiel, mientras que por el Ministerio Público estuvo la fiscal María Isabel Arnold de la unidad especializada de lucha contra la trata de personas y la explotación sexual, junto a su coadyuvante la fiscal Nathalia Acevedo. 

El caso tomó estado público el 16 de enero de 2016, tras un allanamiento encabezado por el Ministerio Público y la unidad anti trata de personas de la Policía Nacional, luego de la denuncia de Lidio Ramón Florentín, administrador del edificio, quien indicó que en el apartamento 13, del cuarto piso, había mujeres que se dedicaban a la prostitución. Tras el procedimiento, dos mujeres, mayores de edad, fueron rescatadas y el local quedó clausurado. 

Las fiscalas expresaron que Coronel se quedaba con el 50 % de la facturación de las chicas y que encontraron evidencias como el cuaderno donde se realizaba el control de los ingresos y la distribución de ganancias, además de afiches con promociones de ofertas sexuales que eran distribuidos entre los que concurrían al local o en otros puntos estratégicos de la ciudad. La promoción del negocio también se hacía en los diarios de circulación regional, nacional y las redes sociales. 

A través de su abogado defensor, Rafael Coronel admitió que tenía la casa de citas a su cargo, pero insistió que él no sabía que sus actuaciones constituían un hecho punible. Habló de su arrepentimiento ante el Tribunal y demostró que ya se dedica a otra actividad, como chofer. 

La condena impuesta por Tribunal, también implica que Coronel entregue la suma de Gs. 200 mil cada mes, durante los dos años, al Hogar de Ancianos del barrio 23 de Octubre. 

Se prevé un área de construcción de 46.754 metros cuadrados donde deben estar distribuidos los fueros penal, civil, laboral, niñez y adolescencia, presidencia, administración y otros servicios judiciales. Las obras comenzaron en julio de 2017 y plazo de ejecución se extiende por 30 meses. 

La intención es brindar un mejor acceso a la justicia para los usuarios de la Sexta Circunscripción donde se tiene un elevado volumen de expedientes, principalmente en los fueros penal y niñez, de acuerdo lo expresado por los magistrados del sector. 

Son Gs. 152 mil millones destinados para la construcción del Palacio de Justicia, que debe tener la infraestructura y la tecnología acordes a las necesidades para estructuras de ese tipo. Hay servicios públicos como obras viales e iluminación que deben realizarse en los tramos próximos a la futura sede. 

GASTOS EN ALQUILERES 

La Sexta Circunscripción destina un millonario monto en alquileres y solamente en Ciudad del Este, se destinan 155 millones de Gs. por el alquiler de cuatro sedes para los distintos fueros. Eso significa al menos 1.860 millones de guaraníes anuales en arrendamientos para los distintos juzgados. 

La abogada Rocío Gossen, presidenta de la Circunscripción Judicial indicó que, con la habilitación del Palacio de Justicia, se tendrá un considerable ahorro en el rubro de alquileres, pero que ese recurso debe ser reprogramado para el mantenimiento del nuevo edificio, además de potencializar otras sedes del interior del departamento. 

Todos los juzgados del interior del Alto Paraná están habilitados en edificios alquilados para el efecto con la mínima infraestructura requerida para atender a los justiciables y tramitar los expedientes.