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Gobernación adeuda G. 1.511 millones a PETROPAR por combustible

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La gobernación del Alto Paraná, según los datos proveídos por la Secretaria de Hacienda, adeuda hasta el mes de julio pasado, la suma de G. 1.511.317.055 por la provisión de combustible al emblema a Petróleos Paraguayos PETROPAR. 

La Gobernación de Alto Paraná, según lo presupuestado para el año 2018, tiene el derecho de utilizar en concepto de combustible Gs. 3.623.837.745 en el año en la PETROPAR, entidad adjudicada para la adquisición de dicho suministro, quedando G. 1.241.496.945 de combustible aún por utilizar, hasta el mes de julio. 
Para que la gobernación continúe utilizando ese saldo a favor, tendría que pagar el monto adeudado hasta la fecha, y la PETROPAR, siempre según los datos de la Secretaría de Hacienda, solicita al actual gobernador Roberto González Vaesken la firma de una carta compromiso de pago de deuda, para que así las tarjetas sean desbloqueadas y se pueda liberar la utilización de combustible, tan necesario para poner en funcionamiento las maquinarias, ambulancias y vehículos de pequeño porte que trabajan en la institución. 
Hasta el mes de julio se ha registrado la utilización del carburante en G. 2.382.340.800 en la institución, de los cuales se ha realizado el pago de Gs. 871.023.983, adeudando así el total de Gs. 1.511.317.055, siempre hasta el mes de julio pasado. 
«Estos datos fueron suministrados por la empresa Petropar. Hasta la fecha las tarjetas para la carga de combustible están bloqueadas. Estos números son hasta julio pasado, por lo que lo utilizado en combustible hasta el 14 de agosto pasado, por la administración anterior, va a sumar más la deuda. Según los números que estamos viendo, la gobernación, con la administración anterior, tenía un consumo de unos G. 300 millones por mes», explicó el doctor Antonio Duarte, secretario de Hacienda de la gobernación del Alto Paraná.

Requisan parlantes presuntamente falsificados durante un allanamiento

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El fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Especializada en la Lucha contra Delitos Intelectuales y el Erario, intervino un local y requisó 801 unidades de parlantes JBL, tras una denuncia realizada por representantes de la marca. El operativo tuvo lugar este miércoles 22 de agosto, en horas de la tarde, en un depósito ubicado detrás del complejo Puma, en el kilómetro 1,5 de Ciudad del Este. 

El allanamiento se realizó en cumplimiento a un mandamiento otorgado por la magistrada Alba Meza, titular del Juzgado Penal de Garantías número 4, tras una denuncia realizada por el estudio Jurídico Salomoni&Asociados, representado en la zona por el abogado Horacio Bisso. 
El fiscal Santander dispuso la incautación y el trasladado de los productos al depósito de la Fiscalía Regional, en el barrio Fátima de la capital del Alto Paraná. Los parlantes serán sometidos a peritaje y los responsables del local intervenido eventualmente imputados por el Ministerio Público. 
El valor estimativo de las mercaderías confiscadas sería de unos 50 mil dólares americanos, conforme con datos que manejan el representante del Ministerio Público. 

Adictos procesados no deberían llegar a juicio oral, dice Juez

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Los sucesivos casos de adictos que llegan a juicios orales tras la tarea de los organismos de investigación, sirvieron para que se planteen acciones que permitan la sustanciación de las causas en los Juzgados de Garantías y con ello descomprimir los Tribunales de Sentencias. Es el análisis del juez penal de Sentencias, Efrén Giménez quien explicó que existen salidas procesales mucho más rápidas.

«Vemos en los Tribunales, muchos casos de escasísima cantidad de droga y se sabe que son adictos, para ellos hay previsiones en la Ley, porque el marco penal de 5 años como mínimo, se disminuye. Esta determinación beneficia al procesado que quiere una solución rápida y al propio sistema de justicia», explicó el magistrado.
Para Giménez, esta cuestión debe ser replanteada ya que en los juzgados de Garantías se pueden aplicar las sanciones punitorias, sin necesidad de llegar a un juicio oral. Los casos que son relacionados a la violación de la Ley 1340, son todos dirimidos en juicios orales.
El magistrado dijo que es conciente que el «fantasma» de los organismos de control siempre está presente, pero que cada uno debe asumir el rol, el compromiso y el riesgo que implica el desempeño en el cargo. El adicto debe recibir una sanción que puede ser por procedimiento abreviado u otra salida procesal, además de velar por el aspecto sanitario requerido para remediar una situación para que más adelante no se convierta en un delincuente mayor.
«En Asunción hubo un caso muy notorio de una actriz internacional que tenía droga en su poder y admitió que era adicta. La ley permite la posesión de acuerdo al tipo de droga, para los que se declaran adictos», explicó el juez.

Habilitan albergue para personas en situación de calle

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La Municipalidad de Ciudad del Este, la Secretaría de Emergencia Nacional, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional coordinan trabajos de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas anunciadas en la zona. El número habilitado para el rescate de personas en situación de calle es el *132 de los Bomberos o a los números de celulares 0982-194160 y 0973-630804. 

El trabajo se estará realizando durante el fin de semana, iniciándose en la noche de este viernes, con la instalación de un albergue en el predio de la seccional 1 de la ciudad, además del Hogar PAINAC (Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes que viven en situación de calle), donde serán trasladados niños, adolescentes e indígenas. 
Los adultos serán llevados al predio de la seccional. La atención incluye proveerles de un lugar para dormir, la posibilidad de asearse y alimentos para pasar las noches de este fin de semana con bajas temperaturas. 
Cabe aclarar a la ciudadanía en general que el traslado de las personas en estado de calle al refugio habilitado no es de carácter obligatorio, depende de la predisposición de los mismos.

Planean creación de una ordenanza para castigar a comerciantes inescrupulosos

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Durante una reunión llevada a cabo en la mañana de este miércoles entre la intendente municipal y representantes de gremios de trabajadores de la vía pública con el nuevo director de la Policía Nacional de Alto Paraná, se anunció la creación de una ordenanza para involucrar y castigar a los comerciantes que se alían a delincuentes para perjudicar a turistas. 

En el encuentro se debatió los últimos hechos delictivos que tuvo la participación de efectivos policiales de la comisaría 1ª. en perjuicio de turistas e incluso de ciudadanos paraguayos. 
Sandra Zacarías dijo que hace 11 años se discuten las mismas situaciones y afirmó que desde que asumió la intendencia viene reclamando más acción de la policía ante actos delictivos y la complicidad de las propias fuerzas del orden. 
Mencionó que la Policía de Turismo, que había sido solicitada por la propia comunidad y el municipio, también se encuentra seriamente comprometida por esta situación. 
Anunció la elaboración de una ordenanza que hará responsables dentro de lo que permite la ley, a los dueños de galerías comerciales como cómplices de comerciantes estafadores. 
Sostuvo que la prioridad es que desaparezcan los estafadores en todas sus formas y proteger a los turistas que llegan a la ciudad. «Esta es la peor carta de presentación que puede tener nuestra ciudad”, dijo refiriéndose a los casos de robos y estafas en perjuicio de los visitantes. 
«Voy a pedir al señor Nery Chávez (Concejal presente en la reunión) que en nombre nuestro, en nombre de la comunidad presente un proyecto de ordenanza que determine las reglamentaciones para el funcionamiento de las galerías y comercios, para que estas sean responsables civil y penalmente si tienen a delincuentes como inquilinos», dijo la intendente.

Mejorar servicio de salud, una de las prioridades para el gobierno regional

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Durante una visita realizada en la mañana de este miércoles al Hospital Regional de Ciudad del Este, el gobernador Roberto González Vaesken habló de la imperiosa necesidad de fortalecer el sistema de salud en el departamento. Adujo que para lograr ese propósito será necesario partir de un proceso participativo con diversos actores de esa área, fuente de financiamiento, formación de un Consejo Regional de Salud y la participación privada. 

«Tendremos una mesa de trabajo en donde analizaremos los datos recabados y realizaremos un programa, de tal forma que podamos ir subsanando los inconvenientes», dijo el Ejecutivo regional. 
González Vaesken, en el marco de un plan de contingencia, donó G. 6.500.000 para compra de ropas y calzados para el sector de quirófano y 200 sillas para los usuarios del hospital. El segundo punto del plan contempla una reunión con los directores donde se propondrá un proyecto para que haya modificaciones, y por último un proyecto a largo plazo será realizado para que haya un hospital departamental. «Creo que debe de ser política nacional, Alto Paraná se merece un hospital de alta complejidad, que sea nuevo y este hospital quede para la parte de pediatría, o de ginecología sin dejar de lado este hospital, o tal vez se quede exclusivamente para traumas y llevamos a otro lugar», señaló. 
El gobernador mencionó la existencia de un terreno de 18 hectáreas que pertenece al ejército en el barrio San Juan que podría ser donado para la construcción de un hospital en el lugar. «Pediríamos que nos donen parte del terreno, esto viendo el crecimiento en 20 a 30 años y ver a la finalización de este periodo un hospital para más o menos 200 camas». 

HOSPITAL DE TRAUMAS 


El gobernador, con relación a la reparación que necesita el Pabellón de Traumas, indicó: «desde la Gobernación de Alto Paraná este año poco o nada podemos hacer como institución por los recursos que quedaron, sólo podemos solicitar para que se construyan techos y sanitarios a través de una reprogramación presupuestaria de los fondos que podemos estar viendo». 

Tribunal condena a 14 años a libanés que provocó severas lesiones a un bebé

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Por unanimidad el Tribunal de Sentencias presidido por Lourdes Morínigo, junto a Carlos Vera y Evangelina Villlalba aplicó la pena privativa de libertad de 14 años para el libanés Ali Fouani quien fue hallado culpable de los hechos punibles de violencia familiar y lesión grave. Con el concurso de hechos punibles los magistrados, aplicaron el artículo 70 del Código Penal, previsto en caso de varias lesiones a la Ley. 

Con las pruebas desarrolladas en el juicio oral y público se confirmó que el niño de 1 año y 4 meses, en diciembre del año 2016, estuvo en peligro de muerte, cuando fue llevado por su madre, una adolescente de 17 años y el acusado Ali Fouani al Hospital Regional de Ciudad del Este y luego escapar del sitio. La menor fue detenida, pero el extranjero se presentó ante el Juzgado el 10 de enero de 2017, luego que haya tenido orden de captura internacional. 
Los informes periciales, de médicos forenses y otros especialistas sirvieron para que el Ministerio Público representado por la fiscal Juliana Giménez y la querella a cargo del abogado Christian Tuma, demostraran que el niño tenía quemaduras producidas con cigarrillos en varias partes del cuerpo, pérdida de parte del cuero cabelludo, uñas arrancadas, fracturas de costillas antiguas, cercenamiento de parte de una de sus orejas y una desnutrición severa. 
La presidenta del Tribunal indicó que con los testimonios de los profesionales que asistieron al niño se pudo concluir que las heridas que recibió en varias partes de su cuerpo, le dejaran secuelas de por vida y que las lesiones al pequeño se hicieron en reiteradas ocasiones. 
El niño estuvo en la unidad de cuidados intensivos y luego por 25 días internado, con dificultades para respirar y otras complicaciones propias del estado en que estaba, luego de soportar varias sesiones de golpes, mordidas, quemaduras y otros actos violentos. 
Los informes de los expertos forenses en odontología informaron que los rastros de mordedura en el cuerpo del pequeño coinciden con la cavidad bucal de Ali Fouani, además otros profesionales que revisaron al chico explicaron al tribunal que los golpes en la boca, las costillas y la nariz, no pudieron ser producto de alguna caída o descuido de su progenitora. 
Para el juez Carlos Vera, el daño al niño tiene amplia relevancia y la actitud del acusado es totalmente reprochable por el daño a la integridad física que puso en riesgo la vida del pequeño de 1 año y 4 meses. 

VIOLENCIA FAMILIAR 


El hecho punible de violencia familiar también fue demostrado en el juicio oral y la adolescente que era pareja del libanés y madre del pequeño, dijo en la entrevista psicológica que recibía castigos físicos y era amenazada para no denunciar lo que ocurría con ella y su hijo. 
Reveló que Fouani la llevó a vivir con él en un apartamento, que la relación era normal por un cierto tiempo y que luego comenzaron las agresiones verbales y físicas contra ella y su pequeño hijo. La mujer no dio su versión ante el Tribunal durante el juicio oral. 
La fiscal Juliana Giménez, dijo que, con muy buen tino, el Tribunal tuvo en cuenta el concurso de los hechos punibles para la medición de la pena que aplicación al extranjero. Tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva pidieron al Tribunal la pena privativa de libertad de 10 años para el acusado. 
Los magistrados resolvieron que Fouani siga recluido en el penal regional de Ciudad del Este. El juicio oral fue acompañado por varios sectores de la sociedad, organizaciones que defienden los derechos del niño y estudiantes de la carrera de Derecho que acompañaron el desarrollo del contradictorio. 

Un hombre fue condenado por abuso sexual en niños

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Las magistradas Norma Girala, Graciela Ortiz y Mirta Aguayo condenaron a Antonio Acosta de 24 años, a cuatro años de privación de libertad por el hecho punible de abuso sexual en niños. De acuerdo a la acusación del fiscal Alfredo Acosta Heyn, los hechos se dieron en forma sucesiva y se descubrió el 28 de febrero de 2016, cuando la niña de 6 años, contó a su madre lo que venía padeciendo. 

El hoy condenado, era amigo de la familia, frecuentaba la casa de la víctima ya que trabajaba con la pareja de la madre de la menor. Tras un cierto tiempo, la pequeña escuchó que su madre mencionaba que Antonio volvería a la casa porque tenía que realizar un trabajo en la zona de Hernandarias. 
Ahí entró en pánico e imploró a su madre que ese hombre ya no volviera a estar con ellos, «porque es malo», detallando cada uno de los actos deleznables que cometió contra la niña y que ratificó posteriormente en Cámara Gesell. Hubo manoseos, forcejeos y otras acciones lamentables de parte del hombre hacia la menor, quien también era amenazada a no contar lo que ocurría a su madre y sus hermanos menores. 
Todo pasaba mientras que los adultos o los hermanos de la niña no estaban en la casa, o salían por algún instante hacia el patio u otro lugar cercano, de acuerdo a la acusación fiscal. Fueron al menos en seis ocasiones que la niña fue víctima del hombre que deberá permanecer en la Penitenciaria Regional. 

Juez dispone prisión de policías investigados por extorsión a turistas

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El Juez Marino Daniel Méndez Hermosilla, interino del Juzgado de Garantías N° 2, dispuso la prisión de siete efectivos policiales que prestaban servicios en la comisaria primera, de Ciudad del Este y que fueron imputados por privación ilegítima de libertad, hurto, coacción grave, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y extorsión. 

La disposición N° 1192 se dio a conocer este lunes, luego que los uniformados se presentaran ante el juzgado para ser oídos. Los policías con prisión son Adolfo Concepción Fernández, Armando Sanabria Gauto y Blas Ariel Cardozo Franco, Fernando Llamas Ríos. 
Asimismo, la resolución judicial afecta a Gustavo Adolfo Vera Bertolo (ex titular de la unidad policial), Ronald Marcell González Benítez y Víctor David Sanabria Gauto. Todos deben quedar en la dirección de Policía a cargo del Juzgado que entiende en la causa. 
La fiscal Estela Ramírez, expresó su conformidad con la disposición del juez Méndez, atendiendo a la gravedad del caso y las sucesivas denuncias que viere recibiendo en su unidad, contra los uniformados de la comisaría primera, que despluman a los turistas. 
El auto interlocutorio N° 1192, es en relación a los hechos ilícitos que presuntamente se hicieron contra la pareja de brasileños Joel y Eveline Leal, quienes llegaron a Ciudad del Este, el pasado 14 de agosto y sufrieron un percance en el microcentro, pues su vehículo rozó a otro que era conducido por una mujer. Los dos extranjeros fueron llevados a la comisaria primera donde, de acuerdo a la denuncia, los policías le exigieron la suma de 15 mil reales para liberarlos. 
RÁPIDA ACCIÓN 
Se tuvo ya un caso anterior donde otro brasileño también fue privado de su libertad y se le quitó poco más de siete mil reales. En ambos casos, el juez Carlos Vera, que estaba en el Juzgado de atención permanente acompañó a la agente del Ministerio Público para realizar el procedimiento de rigor y obtener evidencias y testimonios claves en la investigación del lamentable caso.

Gobernación puede quedar sin fondos del Fonacide

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La Contraloría General de la República, intimó a la gobernación a presentar documentaciones de la gestión del exgobernador Nelson Aguinagalde, o de lo contrario se cortará los desembolsos de Fonacide. Fue la información divulgada en la mañana de este viernes por el gobernador Roberto González Vaesken. 

«Tenemos un oficio de la Contraloría que nos establece responder puntos que hace a la administración de Nelson Aguinagalde. Nos intiman a responder hasta mañana o de lo contrario frenan los depósitos de dinero de Fonacide. Nos parece injusto somos una administración nueva sin documentaciones. Ni siquiera tenemos las documentaciones de este periodo anterior. Pediremos una reconsideración. Esto corresponde al gobierno anterior. Una mala jugada. Me parece que nos quieren poner palos a la rueda», dijo el nuevo Ejecutivo regional. 
Al mismo tiempo, manifestó que aplaude el pedido de la Junta Departamental, sobre la auditoria interna y externa. Hoy, el presidente del legislativo departamental, concejal Wilberto Cabañas, entregó las resoluciones correspondientes al gobernador. «Vamos a llamar a una auditoria interna y externa, realizarlo como corresponde. Ayer llegaron los técnicos de la Contraloría. Queremos que nos acompañen hasta diciembre, para dar una tranquilidad a la población», destacó. 
También informó que le llegaron denuncias de pérdidas o robos de elementos de la institución. «La gobernación tiene cinco accesos. Lo que deseamos es cerrar todos los accesos a partir de las 14 horas y que el ingreso sea solo el posterior, del lado de la Policía para que se pueda hacer un control más riguroso», afirmó.
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