Ciudad del Este. Una camioneta quedó envuelta en llamas luego de impactar contra una columna tras un roce con otro vehículo. El hecho ocurrió sobre la Ruta PY02, lado Acaray, en el kilómetro 9, a las 00:30 de este viernes 30 de mayo.

El accidente involucró a una camioneta Chevrolet S10, de color blanco y con chapa AAFF 403 PY, conducida por Pablo Moreti Borreti, de nacionalidad brasileña, quien sufrió lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital Tesãi del Área 2. Según reportes preliminares, el rodado se incendió tras el impacto y fue consumido casi en su totalidad por el fuego.

El otro vehículo implicado es un automóvil Toyota Vitz, de color rojo y chapa CEZ 942 PY, conducido por Anselmo Javier Sanabria Villalba, residente del km 9 Acaray. El mismo relató que ambos se desplazaban de Este a Oeste sobre la Ruta PY02, y al llegar a la altura del km 9 sintió el roce por el costado izquierdo, lo que habría provocado que el conductor de la camioneta perdiera el control y chocara contra una columna.

Bomberos Voluntarios asistieron rápidamente al herido y trabajaron en la extinción del incendio.

El agente fiscal Osvaldo Zaracho ordenó que una vez dada de alta, la víctima sea sometida a la prueba de alcotest y que el vehículo siniestrado quede bajo resguardo en la Subcomisaría 046, mientras continúe el proceso investigativo.

Ciudad del Este. Una mujer fue condenada a 2 años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena por apropiarse de bienes de su expareja. El hecho ocurrió el 14 de junio de 2024, en un departamento de esta ciudad, según confirmó el Ministerio Público.

El juicio oral fue llevado adelante por el agente fiscal Alcides Giménez Zorrilla, quien representó al Ministerio Público y logró la condena contra Milka Andrea Portillo, de 29 años, una conocida influencer en redes sociales.

Durante el proceso, el fiscal presentó pruebas documentales y testigos claves que permitieron al Tribunal Colegiado de Sentencia —integrado por los jueces Margarita Martínez, Amílcar Antonio Marecos y Gloria Vera— dictar el fallo condenatorio.

El caso se remonta a cuando la acusada, que se encontraba con su entonces pareja Daewo Awale, comerciante de origen libanés, solicitó la llave del automóvil alegando que debía buscar a su hijo en la escuela. Horas después, aprovechando la ausencia del dueño del inmueble, se llevó del lugar un iPhone 14, USD 7.700, G. 2.300.000 y una gran cantidad de joyas de oro, plata y piedras preciosas.

El comerciante presentó la denuncia ante el Ministerio Público y se inició la investigación que concluyó con la sentencia de 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la pena, lo que implica que la condenada no irá a prisión, pero deberá cumplir ciertas reglas de conducta bajo supervisión judicial.

Ciudad del Este. Un ciudadano brasileño fue esposado y aprehendido tras una persecución encabezada por policías vestidos de civil, lo que generó fuerte malestar entre empresarios del microcentro. El hecho ocurrió el lunes 27 de mayo de 2025, a las 20:00 horas, sobre la Ruta Internacional N.º 2, en inmediaciones de la Aduana paraguaya.

El afectado, identificado como Joao Batista Reis Lima, de 49 años y domiciliado en Foz de Iguazú, fue interceptado por personal del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, quienes alegaron que el hombre había ignorado una señal de alto. La situación derivó en una persecución hasta la zona primaria de la Aduana, donde fue reducido con apoyo de la Marina y personal aduanero.

Según el informe policial, dentro del vehículo Hyundai Creta conducido por Reis Lima se incautaron 30 celulares, presuntamente de «dudosa procedencia». El hombre fue aprehendido por resistencia y trasladado a la Dirección de Policía del Alto Paraná, por disposición de la fiscal Ruth Benítez.

Sin embargo, la versión oficial ha sido duramente cuestionada por comerciantes y empresarios del microcentro, quienes aseguran que el brasileño es un comprista habitual, reconocido en varias tiendas, y que los celulares fueron adquiridos legalmente en un comercio establecido. Aseguran que el único motivo de su fuga fue el temor a ser interceptado por un vehículo sin identificación policial, que lo siguió desde su salida del local comercial.

«Este tipo de procedimientos solo dañan la imagen de Ciudad del Este. No se puede tratar como un delincuente a alguien que compró productos legalmente y que solo tuvo miedo por su seguridad», expresó un representante del sector.

Los reclamos apuntan al uso de la fuerza, la exposición pública del extranjero esposado como si se tratara de un criminal y la falta de garantías mínimas en el actuar de los agentes. «¿Qué hubiera pasado si era un turista con familia? ¿También lo iban a reducir por huir de un auto sin distintivos?», cuestionó otro empresario.

A pesar de que no se presentó ninguna denuncia por robo o hurto de los productos incautados, la Policía sostuvo que los celulares eran «de dudosa procedencia», sin explicar si se verificó la existencia de facturas o si el comerciante fue consultado.

En un contexto donde el comercio depende casi exclusivamente del turismo de compras, sectores económicos advierten que hechos como este pueden tener un efecto devastador en la confianza del visitante extranjero.

Ciudad del Este. El fiscal adjunto del Área X de Alto Paraná, Dr. Jorge Sosa, respondió este martes a las acusaciones del senador Javier Zacarías Irún, quien había insinuado que el Ministerio Público obstaculiza la investigación sobre supuestos hechos de corrupción en la administración municipal de Miguel Prieto Vallejos. La aclaración se dio a través de un comunicado oficial.

Según explicó el fiscal Sosa, la denuncia ciudadana que motivó la causa fue debidamente derivada a la Fiscalía General del Estado, conforme a los procedimientos internos, debido a que involucra hechos relacionados a estafa, nepotismo y tráfico de influencias. Inicialmente, el caso fue asignado por sorteo a la fiscal Carolina Rosa Gadea (Unidad Penal N.º 5 de Ciudad del Este), quien solicitó el traspaso a una unidad especializada por tratarse de hechos que afectan el patrimonio público.

La reasignación fue realizada conforme al Instructivo N.º 01/2012, que establece que todas las denuncias que involucren posibles delitos económicos y contra la administración pública deben ser tramitadas por unidades fiscales especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Del mismo modo procedió el fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien tramitó una denuncia similar contra los concejales Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Pedro Acuña Ferreira, Sebastián Martínez, Alison Anisimoff y María Esther Portillo. Todas las carpetas fiscales fueron remitidas a la Fiscalía Adjunta siguiendo el protocolo vigente.

El Dr. Sosa sostuvo que la actuación de los agentes fiscales se ajustó a lo establecido por la Ley N.º 287/06, que garantiza la objetividad y especialización del Ministerio Público, y a la Ley N.º 2880/06, que establece penas para hechos punibles que causen perjuicio económico al Estado por montos superiores a 5.350 jornales mínimos.

El fiscal también rechazó categóricamente las acusaciones de manipulación política en la tramitación de las causas:
«El Ministerio Público actúa con total independencia y su único interés es esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, sin injerencias de ninguna clase», afirmó.