El diputado Luis «Tiki» González sostuvo que el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este debe verse como una oportunidad para que el intendente Miguel Prieto pueda responder a las denuncias en su contra. Dijo que no se trata de una persecución política, sino de un mecanismo legal previsto para este tipo de casos.

Durante una entrevista con Radio Concierto, el legislador explicó que su bancada no forma parte de la comisión especial que estudia el caso, pero que acompaña la idea de una intervención como una forma de aclarar la situación.

«No participamos de la comisión para evitar malos entendidos, ya que mi hermano podría ser candidato a intendente. Pero sí apoyamos que se investigue todo», expresó González.

Sobre el caso en sí, el diputado mencionó que hay dos versiones: por un lado, Prieto afirma que presentó todos los documentos, y por otro, la Contraloría asegura que hay irregularidades y falta de respaldo en varios gastos. Uno de los puntos que generó mayor rechazo, incluso entre algunos sectores de la oposición, fue la denuncia de nepotismo dentro de la comuna esteña.

González también comentó que el dictamen de la comisión interventora se presentaría la próxima semana, y que luego se definirá si se aprueba o no la intervención. «Esperaremos ese informe para votar con responsabilidad», afirmó.

Para el diputado, cualquier intervención a un municipio debe servir para transparentar la gestión pública, y no tomarse como una agresión política. También señaló que en el país hay muchas otras comunas con denuncias, por lo que cree que el control debería aplicarse de forma igualitaria.

CIUDAD DEL ESTE. La administración municipal de Ciudad del Este defendió nuevamente su gestión en medio del proceso de intervención impulsado por la Contraloría General de la República. La institución informó que el Tribunal de Cuentas se declaró competente para analizar la legalidad de los gastos observados, abriendo una instancia judicial que podría definir el curso del conflicto.

Según el comunicado oficial, la decisión del Tribunal se dio tras una impugnación presentada por la comuna luego de agotar la vía administrativa ante la Contraloría. El organismo jurisdiccional aceptó estudiar los ejercicios fiscales desde el año 2021, dejando pendiente el análisis de las rendiciones correspondientes a 2024 hasta tanto se resuelvan las anteriores.

El intendente Miguel Prieto y su equipo jurídico sostienen que el dictamen de la Contraloría carece de carácter vinculante y que no define por sí solo la existencia de «graves irregularidades». En palabras del abogado Juan Carlos Arévalos, representante legal de la comuna: «Ellos (el Tribunal de Cuentas) son los que, en definitiva, van a decir si existieron o no graves irregularidades en la ejecución del presupuesto».

La postura municipal se da en respuesta a un informe de la Contraloría que señala presuntas irregularidades por más de G. 42.000 millones en gastos de capital entre 2019 y 2022, así como transferencias por G. 2.000 millones a una ONG en 2023 en el marco del programa “Navidad Sustentable”. El contralor Camilo Benítez sostiene que los hallazgos justifican el pedido de intervención actualmente en análisis en la Cámara de Diputados.

Tanto Prieto como Benítez comparecieron recientemente ante la comisión especial creada en Diputados, donde expusieron sus argumentos. Mientras el intendente denunció una supuesta persecución política y defendió la legalidad de los actos administrativos observados, el contralor reiteró la gravedad de las observaciones técnicas que derivaron en el pedido de intervención.

«Estamos actuando dentro de los márgenes que establece el Estado de Derecho. La transparencia también implica defender la institucionalidad cuando se intenta vulnerar el debido proceso», expresó Arévalos, en defensa del uso de herramientas judiciales por parte de la Municipalidad.

El Tribunal de Cuentas aún no emitió sentencia sobre el fondo de la cuestión, pero la decisión de aceptar su competencia abre un nuevo capítulo en la disputa. Por su parte, la comisión parlamentaria tiene un plazo de 15 días para emitir dictamen, tras lo cual el pleno de Diputados deberá decidir si aprueba o no la intervención.

ASUNCIÓN. El contralor general de la República, Camilo Benítez, denunció este miércoles ante la Comisión Especial de Diputados que la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración del intendente Miguel Prieto, habría ejecutado pagos por más de G. 41.000 millones sin respaldo documental. Esta afirmación fue uno de los principales argumentos de la Contraloría para solicitar la intervención de la comuna.

Durante su intervención a puertas cerradas en el Congreso, Benítez explicó que la auditoría realizada por la institución a su cargo detectó que estos fondos fueron utilizados sin que existan documentos que justifiquen legalmente los gastos. También sostuvo que hubo una negativa sistemática de parte del municipio para responder los pedidos de información formulados de manera formal.

«Estamos ante hechos graves. Se ejecutaron más de 41.000 millones de guaraníes sin respaldo, lo que representa una clara falta de transparencia y control. Esa conducta no puede ser ignorada», declaró el contralor al término de su exposición.

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Benítez comparó la situación con la de la Municipalidad de Asunción, donde también se detectaron serias irregularidades. En ambos casos, señaló que existe una actitud evasiva hacia los mecanismos de control del Estado. También propuso una reforma legal para que los informes de la Contraloría no queden subordinados al Tribunal de Cuentas.

La comisión especial de Diputados, presidida por el legislador Alejandro Aguilera, tiene un plazo de 15 días hábiles para dictaminar si corresponde o no la intervención. El propio Aguilera indicó que se tendrán en cuenta tanto los documentos como las exposiciones para emitir un informe fundado.

El intendente Miguel Prieto también compareció ante la comisión, en un encuentro posterior, donde rechazó las acusaciones y afirmó que todo el proceso tiene un trasfondo político.