Un grupo de 170 compatriotas esperan la autorización de las autoridades para ingresar a nuestro territorio y cumplir la cuarentena.
No cesan de llegar grupos de compatriotas desde todos los puntos del Brasil, especialmente de San Pablo, tras perder sus puestos de trabajos por causa de la pandemia del Covid-19.
Aunque la Fiscalía hasta el momento no le notificó sobre las denuncias en su contra, el intendente de Ciudad del Este se presentó este miércoles en el despacho de la agente fiscal Hermenegilda Cubilla, llevando consigo documentos que respaldan su gestión y se puso a disposición para las investigaciones pertinentes.
Miguel Prieto llegó acompañado de la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, Abog. Nidia Silvero y el abogado Mauro Barreto.
El intendente informó a la agente del Ministerio Público que serán entregados todos los documentos que sean requeridos sobre los temas que están siendo investigados.
También presentó un escrito en el cual manifiesta al Ministerio Público que se pone a disposición para colaborar con la investigación.
Prieto aún no fue notificado sobre las denuncias en su contra, pero en el escrito presentado indica que tomó conocimiento de las denuncias a través de los medios de comunicación y las redes sociales, razón por la cual se pone a disposición de la Fiscalía para lo que hubiere lugar.
Todas las denuncias fueron presentadas por el concejal municipal, Celso Miranda, más conocido como Kelembú quien acusa al intendente de supuesta lesión de confianza, estafa, asociación criminal, apropiación y extorsión.
Una parte de las mercaderías, alrededor del 25 % de las 35 toneladas, incautadas en la Aduana de Ciudad del Este el pasado lunes 20, fueron entregadas a la Gobernación de la Alto Paraná, que a su vez hizo lo propio a la Junta Departamental para que sean utilizadas en ollas populares.
La administración de la Aduana en el Puente de la Amistad entregó 115 cajas de aceite comestible, 150 fardos de azúcar, 40 cajas de salchichas, 17 cajas de muslo de pollos, 35 cajas de huevos y 35 bolsas de mortadela. Es una parte de las 35 toneladas que fueron requisadas cuando estaba por ingresar a la ciudad a bordo de un camión. Dos
El gobernador, Roberto González Vaesken, decidió direccionar estos productos a la Junta Departamental, para que sus integrantes lleven los alimentos directamente a sus municipios, específicamente para apoyar y reforzar las ollas populares. El propio presidente del legislativo departamental, Julio Landaida, fue el encargado de las entregas y distribución de los víveres a todos los concejales.
El objetivo, según el propio titular del Ejecutivo Departamental, es que los alimentos lleguen lo antes posible a las personas que están más carenciadas y vulnerables en este tiempo de cuarentena, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19.
El concejal departamental, Cristhian Ferreira, de Minga Guazú, indicó que los alimentos servirán para las ollas populares. «En Minga Guazú estamos trabajando de cerca con la parroquia. Tenemos unas 320 ollas populares en el municipio y la demanda es grande. En cada olla popular se dan de comer a unas 200 personas y toda ayuda es válida. Por eso estamos trabajando coordinadamente con la Gobernación y agradecemos el apoyo y esfuerzo del gobernador, quien también está poniendo de su propio pecunio para las compras de alimentos», sostuvo el edil departamental.
En estos gráficos se pueden observar los números de las mercaderías incautadas por la Aduana y las donaciones entregadas a la Gobernación de Alto Paraná y otras instituciones del país.
Varios locales comerciales, especialmente de la zona de Vila Portes (cercanías del Puente de la Amistad) reabrieron sus puertas desde este miércoles 22. Un decreto firmado por el prefeito Chico Brasileiro establece los horarios de la reapertura de los comercios.
El documento municipal establece que los establecimientos comerciales instalados en la zona de Vila Portes, Jardim Central y Vila Brasilia, podrán funcionar desde las 8 hasta las 16 horas.
Los de las zonas de Vila Yolanda, Jardim América y Vila Maracanã podrán abrir desde las 10 hasta las 18 horas.
Los comercios de otras zonas de la ciudad podrán abrir en horario normal.
En los shoppings centers, los locales atenderán desde las 12 hasta las 20 horas, determina el decreto.
Desde este miércoles 22 también entrar a funcionar los transportes públicos, bancos, terminal de buses, entre otros.
El decreto también especifica que todos los locales deben adecuarse a las normativas sanitarias vigentes por causa del coronavirus y con el 30 % de su capacidad.
Los voceros las empresas Eurotec S.A e Imedic S A., proveedoras de los insumos de bioseguridad y equipos hospitalarios adquiridos por el Ministerio de Salud Pública para la lucha contra el COVID-19, señalaron que, “conseguir insumos médicos en China se ha convertido en una verdadera odisea”, debido al aumento repentino de la demanda mundial por la expansión del coronavirus.
En ese contexto, el propio viceministro de Salud, Julio Rolón, admitió que el país tiene problemas para adquirir equipamientos de bioseguridad, que todos somos clientes del gran supermercado llamado China y estamos formando fila como cualquier otro país para obtener insumos. Cuando se tomaron las primeras medidas aquí, “hemos articulado gestiones allá y gracias a eso se ha logrado traer una gran cantidad de insumos para paliar las urgencias”.
Indicaron que China se ha convertido en el gran supermercado donde todos los países están formando fila para comprar insumos, respiradores y equipos para UTI, “en ese sentido, nuestra empresa ha iniciado una operación con un gran desafío, ya que existe un riesgo muy alto en la inversión”. También explicaron que no es muy sencillo realizar gestiones ante el gobierno Chino para conseguir autorización y que las negociaciones sobre los precios y el plazo de entrega tuvieron sus complicaciones, “aparte del pago anticipado que es la base de toda negociación, allá”, dijeron.
Relataron que una vez que la fábrica entrega los productos, entramos en la fase de «transporte» que representa otra odisea; lograr la contratación y circulación de los vehículos transportadores que salen desde la fábrica con destino a Hong Kong, donde se paga un costo fijo del transporte y se asumen los costos de los días que se esperan para ingresar a la aduana. “Sólo en el viaje interno se demora cinco días y una vez llegada a Hong Kong, se debe volver a alquilar un depósito para esperar cargar el vuelo”, relataron.
El cargamento que llegó el sábado fue verificado por una compañía de reconocida trayectoria, de modo a que no haya ningún detalle sin cuidado, señalaron, “toda la producción solicitada por nuestra empresa fue sometida a una ardua verificación a cargo de la empresa suiza SGS, que es una empresa de líder mundial en servicios de inspección, verificación y certificación de operaciones de comercio internacional. Además se tuvieron en cuenta todos los protocolos de seguridad y exigencias sanitarias establecidos por el Gobierno, con una rigurosidad impecable, para el control sanitario y de calidad”.
EL COSTO DEL FLETE A CARGO DE LAS EMPRESAS
Respecto al flete remarcaron que, “IMEDIC y EUROTEC han decidido asumir el costo del flete del avión sin que la carga sea completa, a fin de cumplir con el compromiso y satisfacer las necesidades inmediatas del país. Conseguir insumos médicos se ha convertido en una verdadera odisea debido al aumento repentino de la demanda mundial por la expansión del coronavirus y esa es la razón por la que la primera entrega no llegó completa, situación que “en la brevedad se va a subsanar y el flete nuevamente a cuenta de las empresas”, concluyeron.
La fiscal Viviana Sánchez, de la Fiscalía Zonal Nº 2 de Presidente Franco, está impulsando las investigaciones sobre un supuesto hecho de abuso sexual cometido por un hombre contra dos de sus hijastras. En la vivienda viven en total seis menores de edad, uno de ellos hijo biológico del presunto autor.
La agente fiscal relató que una vecina del lugar realizó la denuncia y en la noche de ayer martes se constituyeron en la vivienda, ubicada en Presidente Franco, y corroboraron que efectivamente existían indicios del hecho punible.
Cuando la comitiva policial estaba llegando a la vivienda, el ahora detenido salió corriendo con intenciones de fugarse, pero fue atrapado rápidamente.
La médica forense del Ministerio Público examinó a las víctimas y determinó que fueron víctimas de abuso.
La fiscal explicó que aunque la madre de los menores declaró que desconoce el hecho investigado, no descarta su implicancia. “Ella dijo que no sabía nada, pero no sé hasta qué punto está comprometida”, sostuvo.
En cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, obviamos publicar los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles.
Un centenar de connacionales que estaban en el Puente de la Amistad fueron autorizados a ingresar hoy a nuestro país y trasladados a un galpón del Parque Mercosur para cumplir con la cuarentena obligatoria. Otros 130 siguen sobre la pasarela internacional.
Con apoyo privado, un enorme galpón fue preparado para servir de albergue para estas personas que llegaron desde distintos puntos del Brasil y estaban varadas en el paso fronterizo, algunos desde el viernes de la semana pasada.
Los aportes para dejar el lugar apto para recibir a los compatriotas consistieron en colchones y otros elementos necesarios. La parte de alimentos se encarga la Itaipu Binacional. Aún con estas ayudas, existen múltiples necesidades que aún no fueron cubiertas.
Con este ya son cuatro albergues habilitados para recibir a las personas que ingresan por el Puente de la Amistad. En un galpón de la Zona Franca Global están 138 personas, en el Polideportivo Tacuru Pucu de Hernandarias están 60 personas, en el Centro Diocesano del Obispado están 51 personas y en el Parque Mercosur 100 personas.
Otros 130 siguen sobre la pasarela internacional a la espera de autorización para ingresar.
La empresa VS, fabricante de ropas infantiles localizada en Ciudad del Este, decidió destinar el 50 % de todo lo que recauda en la venta de tapabocas personalizados que confecciona en su local, a personas en situación vulnerable.
Su propietaria, Victoria Suárez, dijo que la iniciativa partió desde el momento en que lanzó a la venta los tapabocas de la marca que rápidamente tuvo una interesante demanda debido a la pandemia del Covid-19.
Dijo que allí le surgió la idea de revertir la mitad de lo recaudado en tapabocas para destinarlos a personas que se encuentran en situación desfavorable por causa de la cuarentena.
Los productos cumplen con las indicaciones del Ministerio de Salud y están compuestos por doble tela de algodón y doble tela friselina 80gs (filtro). Son lavables y súper resistentes.
Las personas interesadas en adquirir los productos pueden contactar al 0973-154351 o visitar el perfil de la empresa en Facebook en Instagran (Victoria Suáres Baby Kids).
El fiscal Alcides Giménez imputó a un hombre por el supuesto hecho punible de Abuso Sexual en Personas Indefensas. Se trata Carlos Raúl Alarcón Vázquez (30), quien se encuentra a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
El hecho data del 16 de abril último. Resultó víctima una joven de 22 años de edad, con problemas neurológicos, según la denuncia que obra en el Ministerio Púbico. En esa oportunidad, el supuesto agresor habría aprovechado la ausencia de los padres de la afectada para consumar el abuso, en el interior de una vivienda ubicada en el distrito de Minga Guazú.
La denuncia fue formulada por la madre de la joven, quien además entregó a la Fiscalía un video en el que se puede observar claramente al hoy imputado, en el momento en que estaba acostado al lado de su hija. La investigación refiere además que se puede divisar a Carlos Raúl sonriendo y autofilmándose, tras la perpetración del ilícito.
La denunciante manifestó a los intervinientes que al consultarle a su hija sobre lo sucedido, ella confesó que el hombre le había desvestido y sometido sexualmente, quedando con lesiones en sus partes íntimas. El médico forense del Ministerio Público confirmó el abuso. Ahora el sospechoso está procesado y el fiscal del caso pidió la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
El fiscal Humberto Javier Rosetti, presentó imputación en contra de un funcionario de Puertos y el conductor de un camión, que pretendieron ingresar al país supuestamente de manera irregular un cargamento de 35 mil kilos de mercaderías diversas. Fue tras acceder a evidencias que indican que el funcionario estatal era el encargado de facilitar el paso de la carga por la Aduana.
Los procesados están identificados como Blas Santiago Amarilla Aquino (47) y José María López Cubas (43), quienes soportan cargo por Tentativa de Contrabando.
La retención del camión con carga se produjo este 20 de abril, a las 17:10 aproximadamente, en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este, en la cabecera del Puente de la Amistad. Fue en el momento en que el chofer del rodado intentó burlar el control realizado por funcionarios aduaneros y militares del Área Naval, al presentar documentaciones de que estaba ingresando al país sin carga alguna.
Sin embargo, luego de realizar una verificación del vehículo, un tractocamión de la marca Scania, se pudo constatar que transportaba cerca de 35 mil kilos de carga, consistente en azúcar, aceite, pollos, huevos y chacinados.
Al ser indagado, el conductor manifestó que el cargamento pertenecía a un funcionario de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), de nombre José. Tras las averiguaciones, se pudo confirmar que se trataba efectivamente del funcionario estatal, José María López Cubas.
Ya en sede de la Fiscalía, los investigadores accedieron a mensajes de texto enviado por José López al conductor del camión, pidiéndole que borre los mensajes previos a su detención para borrar evidencias de su implicancia en el hecho.
Seguidamente, el fiscal Humberto Rosetti, quien intervino en el caso, ordenó la detención preventiva tanto del chofer del camión como del portuario. El representante del Ministerio Público igualmente solicitó la aplicación del arresto domiciliario para los dos procesados.
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