El concejal municipal habló de su trayectoria, cuestionó la falta de transparencia en la comuna y planteó un modelo de ciudad turística, segura y con oportunidades para los jóvenes.

El concejal municipal de Ciudad del Este, Richard Alfonso, confirmó su intención de competir por la Intendencia en las elecciones municipales del 2026. En una extensa entrevista, abordó sus motivaciones personales, la situación política interna del Partido Colorado y los principales ejes de su propuesta de gobierno.

Según relató, su decisión fue tomada en conjunto con su familia y se vio fortalecida por el respaldo de 13 presidentes de seccional, convencionales y dirigentes que le solicitaron asumir el desafío. «Yo provengo de la calle, de los barrios, de la militancia. No soy producto del marketing político», afirmó.

Aseguró que muchos dirigentes se sienten marginados por la cúpula y quieren un candidato surgido de la base. «Hoy hay un clamor para que volvamos a escuchar a los correligionarios y caminemos con la gente», expresó.

Alfonso sostuvo que conversó con referentes regionales como Roberto González Vaesken, Javier Zacarías Irún y Rocío Abed, apostando al diálogo y al consenso, aunque lamentó que no se hayan agotado todas las instancias. «Queremos una unidad real, no impuesta», manifestó.

También cuestionó la gestión del intendente Miguel Prieto, a quien acusó de manejar la municipalidad con opacidad. «Nunca tuvimos acceso a expedientes ni documentos. Con esta intervención, se va a poder demostrar la falta de transparencia», dijo. Recordó que junto a otros concejales presentó varias denuncias ante la Contraloría General de la República.

Ciudad turística, segura y con empleo

En cuanto a su proyecto de ciudad, propuso una reactivación del centro de Ciudad del Este mediante iluminación, veredas inclusivas y ferias nocturnas permanentes. Señaló que la ciudad carece de un plan turístico, de servicios básicos en el microcentro y de infraestructura para atraer visitantes.

«Tenemos que trabajar para que Ciudad del Este sea también un lugar donde la gente quiera vivir, no solo comprar. Hoy el centro muere a las 3 de la tarde», expresó.

También planteó políticas activas para el primer empleo y la capacitación de jóvenes, tomando como referencia modelos aplicados en Brasil.

Perfil y mensaje final

Richard Alfonso recordó que milita en el Partido Colorado desde los 18 años, que fue candidato a diputado y que administró recursos públicos en instituciones como la ANNP. Se definió como un hombre de fe, profesional, padre de familia y comprometido con el servicio público.

Al cerrar la entrevista, se dirigió a los colorados desencantados: «Si me dan su voto de confianza, no les voy a defraudar. Quiero servir, escuchar y trabajar por una ciudad mejor».

El interventor designado por el Ejecutivo aseguró que trabajará con documentos y hechos, sin dejarse llevar por presiones políticas.

ASUNCIÓN. En su primera entrevista pública tras ser designado como interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez aseguró que su gestión se regirá estrictamente por criterios técnicos, documentos y pruebas, dejando de lado presiones políticas o percepciones. El economista fue entrevistado por el periodista Enrique Vargas Peña, donde confirmó que ya está conformando un equipo multidisciplinario de confianza y que su prioridad será cumplir los plazos establecidos por ley.

Durante la conversación, Ramírez evitó referirse al clima político que rodea la intervención, señalando que no opinará sobre cuestiones fuera de su competencia, pero que es consciente del ambiente polarizado. «Mi respuesta va a ser trabajar con documentos y con un trabajo serio y técnico, nada más», expresó.

El interventor explicó que su primera tarea será verificar las 12 observaciones señaladas por la Contraloría General de la República, que incluyen pagos a proveedores no documentados, transferencias a ONG e inconsistencias contables. No obstante, aclaró que si durante la auditoría surgen nuevas irregularidades, estas también serán consideradas y analizadas con asesoría jurídica.

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar intentos de censura por parte de sectores políticos, Ramírez indicó que buscará implementar un sistema transparente de acceso a la información, siempre dentro de los límites legales. «Mi intención es que pongamos los mayores reflectores sobre la gestión municipal y que se sepa todo lo que estamos haciendo», subrayó.

También precisó que el plazo legal para la intervención es de 60 días desde su toma de posesión, por lo que el equipo técnico será conformado en el menor tiempo posible para iniciar los trabajos. «Estamos con plazos ajustados. Es un municipio grande y hay mucho por hacer», remarcó.

Ante la consulta sobre cuál de las observaciones le parece más grave, prefirió no emitir una opinión en esta etapa. «No estoy en condiciones de jerarquizar esos puntos hoy. Solo puedo decir que el manejo de la cosa pública debe ajustarse estrictamente a las reglas», concluyó.

La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que modifica el Código de la Niñez y Adolescencia, duplicando la pena máxima para adolescentes involucrados en hechos punibles.

El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica el artículo 207 de la Ley Nº 1.680, elevando de 8 a 15 años la pena privativa de libertad para adolescentes que cometan delitos considerados crímenes. La propuesta fue presentada por el senador Javier Zacarías Irún y obtuvo el respaldo de la mayoría del pleno. El documento ahora será remitido a la Cámara de Diputados.

Durante el tratamiento, Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fundamentó que la modificación responde al aumento sostenido de adolescentes involucrados en delitos graves, según estadísticas judiciales. Citó los recientes casos de María Fernanda y el repartidor asesinado como ejemplos de hechos que generaron conmoción social.

«El objetivo es fortalecer las políticas de prevención», dijo el senador, agregando que el proyecto fue trabajado con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia.

Zacarías aseguró que el proyecto no vulnera la Constitución ni tratados internacionales. «En países como Argentina o Costa Rica las penas para adolescentes alcanzan hasta 20 años. En Paraguay proponemos hasta 15, siendo que para adultos es de 30 años», expresó.

Desde la Comisión de Legislación, el senador Luis Pettengill explicó que originalmente se propuso un máximo de 10 años, consensuado con el Ministerio de la Niñez. Sin embargo, ante la gravedad de los últimos hechos, se decidió unificar criterios con Constitucionales y establecer el límite en 15 años.

Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, afirmó que la norma «tiene un enfoque de seguridad y reeducación, buscando facilitar la reinserción social».

Por su parte, Yolanda Paredes propuso postergar el debate para un análisis más profundo, pero su moción no prosperó. En tanto, Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, alertó que el foco debe estar también en la educación, señalando que muchos menores crecen expuestos a estímulos sin supervisión y con vínculos familiares deteriorados.

Finalmente, y mediante votación electrónica, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto que ahora pasa a la Cámara Baja.