La juez penal de garantías de San Alberto, de la VI Circunscripción Judicial, Nimia Ávalos, determinó la elevación a juicio oral y público de la causa abierta en contra de los presuntos responsables de la tala indiscriminada de árboles en una propiedad de Itaipu, ubicada en la ciudad de Puerto Indio.
Los procesados son Lorenzo Cáceres González, Benito Giménez Fernández, Nancy Rosa Larramendia Sánchez, Gustavo Centurión Martínez, Fausto Vargas Rolón y Alejandro Martínez Peña, quienes fueron imputados por el Ministerio Público por la supuesta comisión de ilícitos perpetrados en contra del medio ambiente.
Los hechos que se les atribuyen son contra las bases naturales de la vida humana (perjuicio a reservas naturales) y la transgresión de la Ley N° 716/96 (tala de bosques) por la depredación de bosques en la franja de protección de la Binacional.
El Auto Interlocutorio correspondiente a la causa dispone igualmente – entre otras cosas – la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, ratificar las medidas alternativas a la prisión preventiva dictadas en autos a favor de los hoy acusados, declarar la rebeldía y ordenar la captura y detención del coacusado Manelio Rolón Duarte; y remitir la actuación al Tribunal de Sentencia competente.
De acuerdo con los antecedentes, en enero del año pasado, guardaparques de Itaipu reportaron las primeras talas de árboles nativos en la Colonia Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, en un asentamiento autodenominado “La Amistad”. Ante este hecho, la Binacional solicitó refuerzo policial y presentó dos denuncias ante el Ministerio Público; una ante la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, con sede en Ciudad del Este, y otra ante la Unidad Penal por invasión de propiedad privada, buscando hacer frente a los ilícitos constatados.
En los meses siguientes, fueron efectuadas cuatro constituciones de comitivas fiscales en el lugar, y en todas ellas los presuntos invasores huyeron del sitio. No obstante, regresaron pocos días después y realizaron una mayor incursión, tala y desmonte.
A raíz de ello, se determinó realizar las gestiones para la recuperación de la zona invadida (11 hectáreas), para su posterior restauración, la que se concretó el 3 de julio del 2020. Esto fue posible mediante el procedimiento conjunto, encabezado por efectivos policiales y agentes fiscales.
