Este jueves, el Departamento de Investigaciones del Alto Paraná expulsó del territorio nacional al ciudadano brasileño Lucas Vargas, que se encontraba recluido en la Penitenciaria Regional de  Ciudad del Este por Tráfico de Droga y fue  entregado a la Policía Federal de Foz de Yguazú, por contar con un mandado a prisión en el Estado de Paraná.

Según el informe, la expulsión del mencionado ciudadano se realizó conjuntamente con funcionarios de la Dirección General de Migraciones, en cumplimiento al Oficio N. 209 de fecha 13/04/2021, firmada electrónicamente por la Actuaria Judicial Abg. Basilia Ortiz De Fleitas del Juzgado  Penal del Primer Turno y dentro  del marco del Acuerdo de Cooperación Internacional entre instituciones policiales denominado Comando Tripartito.

Este jueves, el Ministerio Público reportó que la agente fiscal Susan Vega, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, abrió un proceso penal contra un hombre que habría golpeado con brutalidad a su exconcubina, tras atacarla en una despensa.

Así también, la representante pública ordenó la detención preventiva del sospechado, identificado con las iniciales D.E.N.O. (26), quien afronta cargo por Violencia Familiar y permanece hasta el momento prófugo de la Justicia.

Los antecedentes señalan que la agresión física se produjo el 25 de marzo pasado en el kilómetro 7 Monday del barrio Ciudad Nueva de la capital del Alto Paraná, siendo víctima una joven, identificada con las iniciales P.B.M.

En aquella oportunidad, la mujer se habría acercado hasta la despensa del barrio para comprar gaseosa, momento en que llegó su expareja. Seguidamente, el sujeto la expulsó del lugar, pero la afectada le dijo que no se retiraría del sitio, antes de realizar su compra.

A raíz de esta situación, el presunto agresor se descontroló y atacó supuestamente a víctima, a quien habría aplicado puñetazos en el rostro. Tras los golpes, la joven cayó al suelo, ínterin en que el hombre la siguió golpeando con puntapié en el estómago y el rostro, ocasionándole diversas lesiones en los labios, los ojos y todo el cuerpo.

No contento con su actitud violenta, el hoy enjuiciado se apoderó presumiblemente de aceite de motor y mezcló con gasoil, seguidamente derramó por la víctima. Acto seguido, intentó prenderle fuego a la mujer. Allí, intervino oportunamente el dueño del local comercial, quien con un palo corrió al presunto autor de la golpiza.

Mientras, la víctima fue socorrida y posteriormente llegó hasta la casa de la mamá de D.E.N.O. para comentarle qué le había hecho su hijo. La mujer inmediatamente llamó al Sistema 911 de la Policía Nacional y denunció a su hijo por el supuesto hecho punible de Violencia Familiar.

El Ministerio Público informó que el fiscal antidroga Manuel Rojas Rodríguez imputó a un ciudadano boliviano por el supuesto hecho punible de tenencia de drogas. Se trata de Marco Oki Pérez, de profesión biólogo y comerciante.

Según el informe, el mismo fue detenido con 1 kilo y 35 gramos de crack (cocaína) y se encuentra privado de su libertad en el calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

La aprehensión del extranjero se produjo este 13 de abril, a las 11:00 aproximadamente, en la vía pública, sobre la avenida Alejo García y Coronel Franco, del microcentro de la capital del Alto Paraná. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.

El supuesto traficante circulaba a bordo de un automóvil Toyota Crown, de color blanco, con matrícula AACS 614, en compañía del paraguayo Luis Alberto Vera Brizuela. Tras una inspección del vehículo, los intervinientes encontraron debajo del asiento del acompañante la sustancia prohibida, que estaba en una bolsa de cartón, similar para regalo, en un paquete de color marrón, envuelto en polietileno.

Después del hallazgo, los investigadores aprehendieron al boliviano como propietario del vehículo y también como el responsable de la droga. Igualmente, incautaron el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente.

Finalmente, el fiscal Rojas Rodríguez resolvió la imputación de Marco Oki Pérez y requirió su prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho presumiblemente cometido, que tiene una expectativa de pena de entre 5 y 15 años de pena privativa de libertad.