El Ministerio Público reportó que el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, requirió el juzgamiento público del ciudadano brasileño Francisco Rubens Nogueira Araujo (55), quien está acusado por los supuestos hechos punibles de Tenencia sin Autorización de Sustancias Estupefacientes y Actos Tendientes a Remitir Sustancias Estupefacientes al Extranjero.

Según los antecedentes, el extranjero fue detenido el 19 de octubre de 2020, a las 11:10 aproximadamente, frente al correo privado Asunción Express (AEX), sucursal de Ciudad del Este. De su poder, fueron incautados dos estuches musicales, con paquetes o láminas ocultas, que a su vez contenían 136,3 gramos de cocaína, que pretendía enviar al continente asiático a través de la referida firma.

Minutos antes de ser privado de su libertad, el brasileño ya habría depositado en la citada firma una carga mayor de cocaína para ser remitida a Hong Kong y Tailandia. Las sustancias estaban distribuidas en varias encomiendas, que igualmente fueron incautadas por los intervinientes. La carga total requisada fue de 1 kilo y 351 gramos de droga.

El sospechoso habría utilizado una identidad falsa, de Claudinei Aparecido Barbosa, para depositar la droga en Asunción Express. Sin embargo, posteriormente se confirmó que su verdadero nombre es Francisco Rubens Nogueira Araujo.

Además, los investigadores requisaron varios documentos, que demostrarían que el enjuiciado estaba operando hace rato en el supuesto envío de sustancias estupefacientes al extranjero. El mismo se expone entre 10 a 25 años de pena privativa de libertad.

Por la supuesta comisión del hecho punible de Incumplimiento del Deber Legal Alimentario, la fiscal Zunilda Ocampos Marín inició sendos procesos penales en contra de 22 personas que presumiblemente se niegan a asistir económicamente a sus hijos menores.

Según el informe del Ministerio Público, los encausados fueron sentenciados por diferentes juzgados de la Niñez y Adolescencia al pago mensual de determinadas sumas de dinero, que debían depositar en cuentas del Banco Nacional de Fomento (BNF), a favor de las víctimas.

Sin embargo, al incumplir las disposiciones judiciales, los mismos fueron denunciados ante el Ministerio Público. Algunas de las causas son del 2019, otras del 2020 y 2021, según los datos oficiales divulgados por la Unidad Penal Nº 9, a cargo de la fiscal Ocampos.

Las imputaciones se dieron luego de que la Fiscalía haya recibido diversos informes de la entidad bancaria sobre el incumplimiento de las órdenes de los juzgados respectivos. La representación pública requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los encausados, quienes deberán estar al día con sus obligaciones a fin de acceder a dichos beneficios.

Los nombres de los imputados y otros detalles relacionados con los procesos penales se mantienen en reserva para preservar la identidad de los menores, así como establece el Código de la Niñez y Adolescencia.

Este martes, el Ministerio Público imputó a médicos y directivos del sanatorio Clinic Center de Ciudad del Este, por los supuestos hechos punibles de Estafa y Producción de Documentos no Auténticos.

Se trata de: Gloria María Verónica Samudio Aguirre, Félix Ariel Fleitas Cuttier, Guido Arévalos Núñez, Eduardo Aguilera Tippetti, Bella Gloria Arias de Samudio, Carlos Alberto Samudio, Mabel R. Vázquez y Lisse Liliana Samudio de Fariña.

Según la investigación,  la denuncia fue presentada por los directivos de la empresa Sermed S.A., dedicada al rubro de seguro médico que integran varios sanatorios privado de la zona, entre ellos Clinic Center, representado por la presidente del directorio, Lise Samudio de Fariña.

Entre los beneficios, los asegurados de Sermed pueden acudir a consultas, laboratorios clínicos, urgencias, cirugías, estudios de diagnósticos, internaciones y todos los servicios del ramo que ofrecen los diferentes sanatorios nucleados a la organización.

En sentido, todos los servicios de Clinic Center se liquidaban en forma mensual por la firma Sermed, conforme a las planillas de atenciones a los asegurados y luego se facturaban, pagándose en su totalidad. Este procedimiento se realizaba en forma normal, hasta que a mediados del 2018, específicamente el 13 de julio, el asegurado Marlon Goncalves, de la ciudad de Santa Rita, detectó una grave irregularidad.

La citada persona manifestó que al recurrir a un sanatorio privado para una consulta de su esposa Madalena Barros Goncalves, los responsables del local le indicaron que la mujer no tenía cobertura porque figuraba en el sistema que la misma se encontraba supuestamente internada. Esta situación llamó la atención del titular del seguro, ya que tenía la certeza que su esposa nunca estuvo hospitalizada, por lo que inmediatamente realizó el reclamo correspondiente ante la aseguradora.

La denuncia del usuario sirvió de base para una auditoría interna ordenada por los directivos de la Sermed y mediante la pesquisa pudieron constatar que en ese momento varias personas supuestamente estaban internadas, entre quienes figuran Marlon Alberto Goncalves, Lelio Esteban Arévalo, Nelson Ramón Cabrera, Nancy Estela Martínez Paredes, Francisco Javier Santacruz, Lelis Carmen Candia Orzusa y César Ariel Mendoza Da silva.

Sin embargo, los afectados declararon que no utilizaron los servicios de internación en ningún momento, por lo que los responsables de la empresa de seguro médico radicaron la denuncia en el Ministerio Público. Durante la investigación se detectó la supuesta implicancia de los médicos y directivos en los ilícitos mencionados.

Por consiguiente, el fiscal Edgar Torales Gamarra resolvió la imputación de todos ellos y de igual forma solicitó 6 meses de plazo para concluir la pesquisa. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, atendiendo que los hechos tipificados son considerados como delitos.