Los agentes de la Comisaria 7 de San José, informaron sobre un terrible suceso que ocurrió en la tarde de este sábado en el interior de un vehículo, que se encontraba en el estacionamiento del supermercado Gran Vía, en el Km. 4 de Ciudad del Este, donde un niño de 5 años mató a su hermana de 2 años, tras dispararle accidentalmente.

Las informaciones indican que los padres de los menores bajaron a realizar las compras, dejando solos a los pequeños y también en el interior del rodado estaba el arma de fuego revólver, calibre 38 mm. El arma pertenece al padre de ambos, que es un efectivo policial.

La menor de 2 años fue identificada con las iniciales L.A.V.B., hija de Édgar de Jesús Villalba Martínez, Suboficial Inspector con destino en la sección de Armería en la Dirección de Policía del Alto Paraná y Yohana Thalía Burgos Silva.

Según el relato, el niño de 5 años encontró el arma y comenzó a manipularlo, momento dado en el que se disparó, terminando en la parte del abdomen de la pequeña. Los guardias del supermercado dieron aviso que se escuchó disparos dentro del vehículo.

La misma fue derivada hasta el IPS de Ciudad del Este, donde llegó ya sin signos de vida.

Sobre el trágico suceso se informó a la fiscal de turno, Abogada Cinthia Leiva y al Médico Forense.

El Ministerio Público informó que una comitiva encabezada por la fiscal Analía Rodríguez Palacios y la juez de garantías Carina Frutos Recalde, llevó adelante este 22 de abril la reconstrucción de hechos, en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas, en un caso de tentativa de Homicidio Doloso en contra de una mujer, perpetrado en la zona de Presidente Franco.

En la causa, está procesado Julio César Duarte Rodríguez, quien estuvo en rebeldía hasta enero de este 2021, oportunidad en que fue capturado por la Policía. Su hermano Julián Samuel Duarte Rodríguez igualmente estuvo imputado al principio, pero la investigación con relación al mismo se encuentra extinguida a raíz de su muerte.

Según los antecedentes, el atentado criminal ocurrió el 15 de setiembre de 2019, a las 22:00 aproximadamente, en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, resultando víctima Gregoria Torres Duarte, quien sufrió herida de arma de fuego calibre 40 mm.

En aquella oportunidad, los supuestos autores circulaban a bordo de un automóvil Toyota por la calle denominada Topehyi y al alcanzar la casa de la mujer, detuvieron el rodado, apuntaron presumiblemente sus respectivas armas y comenzaron a efectuar varios disparos contra la víctima, según el informe oficial.

Uno de los proyectiles impactó en la pierna izquierda de la afectada, quien a raíz de la herida cayó desvanecida en el suelo, siendo inmediatamente auxiliada y trasladada al Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Allí, diagnosticaron que la misma sufrió “trauma penetrante en el muslo izquierdo por proyectil de arma de fuego”. De igual modo, el médico forense del Ministerio Público informó que las lesiones sufridas afectó el sistema vascular importante (arteria y vena), y puso en peligro su vida.

A partir de las declaraciones de la víctima, de los testigos del caso y del imputado Julio César Duarte, se resolvió la realización de la reconstrucción de los hechos para corroborar las reales circunstancias del atentado. En ese sentido, los investigadores pretenden determinar el sitio exacto del suceso, el lugar del hallazgo del proyectil y de dónde se produjeron los disparos.

Luego de una denuncia sobre una supuesta explotación sexual, la fiscal Analía Rodríguez Palacios, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y de Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes de Alto Paraná, rescató a una menor de 15 años durante el allanamiento de un inmueble.

El procedimiento tuvo lugar este viernes 23 de abril, en horas de la mañana, en el asentamiento Las Mercedes del kilómetro 26 Acaray, del municipio de Minga Guazú. Agentes policiales y la defensora de la Niñez, Gloria González, acompañaron la intervención.

El operativo se llevó a cabo mediante una denuncia radicada el 15 de abril pasado por vecinos del lugar, quienes utilizaron el sistema Fono Ayuda 147. Los denunciantes manifestaron que la menor estaría siendo explotada sexualmente por sus padres a cambio de dinero.

Durante la inspección, fueron aprehendidos el supuesto novio de la adolescente, además de los padres de la chica. La verificación de lugar se realizó en cumplimiento del Auto Interlocutorio (A.I.) 520 otorgado por la juez de atención permanente María de Fátima Burró. En la oportunidad, los intervinientes requisaron una cartuchera que contenía preservativos y una crema vaginal, además del chip de un teléfono celular.

La quinceañera rescatada fue inspeccionada por el médico forense del Ministerio Público, quien dictaminó que la misma presentaba “ruptura de himen antiguo, sin otro tipo de lesiones”. La afectada explicó a la defensora pública que hace rato es novia del hombre, que tiene 27 años.

Finalmente, la fiscal Analía Rodríguez presentó imputación contra la pareja de la menor por la supuesta comisión del hecho punible de Estupro. Mientras, los padres fueron procesados por Violación del Deber del Cuidado o Educación.

Asimismo, la representación pública solicitó 6 meses de plazo para la conclusión de la investigación.

Este viernes, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, habilitó en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, obras de refacción edilicia del “rancho” o cocina del penal que permitirán mejorar las condiciones de vida y salud de cocineros y personas privadas de libertad.

Según informaron desde la institución, estas innovaciones forman parte de un plan de reformas que la actual administración implementa para generar espacios dignos que viabilicen optimizar la preparación y cocción de los alimentos destinados a las 1.116 personas privadas de libertad (PPL) que allí conviven en contexto de encierro.

Durante del acto de bendición y corte de cinta del “Rancho Nueva Era” como denominaron al sitio, acompañaron a la ministra Cecilia Pérez, el Director General de Establecimientos Penitenciarios, Antonio Bazán y el Director de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, Vicente Ricardo Núñez.

En un mensaje especial, la titular del Ministerio de Justicia destacó la abnegación y responsabilidad del trabajo de los funcionarios y agentes penitenciarios comprometidos en el fortalecimiento de la reinserción social.

Habilitación de nueva penitenciaría

Consultada sobre los avances para la habilitación de la nueva penitenciaría en Mingua Guazú, la secretaria de Estado sostuvo que el nuevo penal entrará a funcionar a partir del año que viene.

“Por primera vez se instala una penitenciaría en la zona, por lo que estamos encaminados en proyectos de compensación solicitados por la misma”, dijo al momento de agregar que la estructura edilicia está avanzada pero aún conllevaría un tiempo poner a punto el equipamiento, tecnología y formación del personal penitenciario.

El Ministerio Público informó que la fiscal María del Carmen Meza, titular de la Unidad Zonal de Iruña, imputó y pidió prisión  en contra de un joven que habría abusado sexualmente de su hermanito de 6 años de edad.

En consecuencia, el juez penal de garantías Miguel Brítez ordenó el encarcelamiento del sindicado, quien ya se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Alto Paraná, bajo el cargo del supuesto hecho punible de Abuso Sexual en Niños.

Según los datos, que el hecho se habría registrado el 26 de marzo pasado, en un inmueble ubicado en el distrito de Naranjal. El presunto abusador habría aprovechado la ausencia de la madre para cometer presumiblemente la agresión.

La madre de víctima y a la vez del victimario descubrió el ilícito luego de indagar al pequeño, quien confesó el abuso sufrido. La mujer inmediatamente llevó al niño a un centro asistencial, donde fue atendido por un profesional médico y posteriormente radicó la denuncia. Asimismo, el menor fue inspeccionado por el médico forense del Ministerio Público, Dr. Fernando Moreira, quien determinó las lesiones que sufrió.

Basándose en los elementos de sospechas, la fiscal María del Carmen Meza ordenó la detención preventiva del supuesto abusador, hasta que el mismo fue privado de su libertad y sometido a proceso.

El presunto responsable del ataque sexual se expone a varios años de encierro, considerando la gravedad de su accionar. Mayores detalles del caso y el nombre del procesado se omiten para evitar la identificación de la víctima, así como establece la Ley.