El Ministerio Público, informó que la agente fiscal Hermenegilda Cubilla requirió al juez Amílcar Antonio Marecos, el rechazo del incidente de cambio de calificación en la investigación en contra de un automovilista, quien estando presumiblemente borracho y drogado había atropellado y matado a un niño de 11 años. La abogada Elba Carolina Arias de Amarilla, representante de la querella adhesiva, había planteado el cambio de Homicidio Culposo por Homicidio con Dolo Eventual.

El encausado está identificado como Lucas Gabriel González Leiva (20), quien inicialmente fue imputado por los hechos punibles de Homicidio Culposo y Obstrucción al Resarcimiento por Daños en Accidente de Tránsito.

Luego, la pericia toxicológica determinó que el joven estaba alcoholizado y bajo efectos de sustancias estupefacientes en el momento de la perpetración del hecho, ocurrido el 15 de noviembre de 2020, a las 20:50 aproximadamente, sobre la avenida San José del barrio del mismo nombre de la capital del Alto Paraná.

Por consiguiente, la Fiscalía amplió la imputación por Exposición al Peligro en el Tránsito Terrestre y Daño a Cosas de Interés Común, considerando que el conductor del vehículo también había derribado una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Empero, la querella adhesiva pretende el cambio de calificación, fundamentando su escrito en jurisprudencia extranjera, que a criterio de la representante del Ministerio Público se contrapone a lo dictado por leyes en la materia y en la jurisprudencia de la máxima instancia judicial de la República.

En ese sentido, la fiscal Cubilla trajo a colación el Acuerdo y Sentencia Nº 262, del 26 de junio de 1996, de la Corte Suprema de Justicia, que refiere textualmente: “La omisión aparece como elementos integrantes de muchos delitos por culpa. Omitir la debida diligencia o la observancia de reglamentos en una determinada actividad, constituye conducta delictiva por culpa. La imprudencia tiene su más precisa expresión de la conducta culposa”.

Igualmente, en la contestación del traslado al Juzgado Penal de Garantías, la fiscal Hermenegilda Cubilla señala a la recurrente que la investigación se encuentra en la etapa preparatoria, cuya finalidad tiene por objeto reunir los elementos de cargo y descargo, a fin de comprobar -mediante diligencias contundentes al descubrimiento de la luz- la existencia de hechos delictuosos.

Además de recolectar elementos probatorios suficientes que permitan fundar el correspondiente requerimiento conclusivo.

“Por lo que a la luz de la razón y de las disposiciones legales vigentes, es totalmente inviable dar trámite favorable al planteamiento de la querella adhesiva, debiendo ser rechazado por corresponder en estricto derecho”, concluye el escrito de la Fiscalía.

Tras la imputación por el hecho de lesión de confianza, a cuatro personas, entre ellos el edil César Eudes Mereles Portillo (ANR), quien va por el rekutu y encabeza la lista de concejales del movimiento Honestidad Colorada, liderado por el precandidato a la intendencia, Carlos Mercado, por el supuesto desvío más de G. 100 millones, los representantes de la Cooperativa Mimbi esperan que la Fiscalía avance en el proceso de la investigación.

Por su parte, el actual gerente de la cooperativa, Adolfo Martínez, dijo que es un avance para el caso y que la próxima semana se reunirán con el abogado que lleva el caso, para interiorizarse más del proceso.

Según la investigación, que está a cargo de la fiscal Hermenegilda Cubilla, ell total faltante sería de G 101.430.342 y tras la pericia contable, la fiscal sostiene que si existió una diferencia en el patrimonio por lo que decidió imputar a Simeón Montiel Leguizamón, Cristian Rene Ruiz Díaz, Mariana Ayala Jacquet, Héctor Emilio Ibarra Céspedes y al edil colorado, César Eudes Mereles.

El hecho ocurrió en el año 2015, cuando el Consejo Administrativo de la época había aprobado la construcción de dos piscinas privadas dentro del predio de la Cooperativa cuando contrataron a la empresa JJ CONSTRUCCIONES para la construcción.

Luego, llamativamente los directivos decidieron rescindir el contrato por lo que según el acta, ambos sectores estaban de acuerdo, lo que no coincidió es que en el acta de entrega figura que la Cooperativa recibió por más de 200 millones por materiales sin embargo una vez realizado las tasaciones de los materiales solo se encontró por valor de G. 100 millones.

Por haber abusado presumiblemente de una adolescente con discapacidad, la fiscal Carolina Rosa Gadea imputó a Ramón Ramírez Reyes (57), quien se encuentra privado de su libertad en sede de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia. El mismo soporta cargo por Coacción Sexual.

Refieren los datos, que la menor -de 14 años de edad- se había extraviado el 14 de mayo último, a las 10:30 aproximadamente, al salir de su casa del kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva sin que los familiares se percataran de la situación.

El supuesto abusador habría encontrado en la vía pública a la niña, a quien la llevó hasta su domicilio del barrio Fanny de Ciudad del Este, donde presuntamente cometió la agresión sexual, al manosear en sus partes íntimas a la niña.

Luego, a las 18:30 horas aproximadamente, el padre de la menor recibió una llamada telefónica de una vecina, quien le manifestó que su hija estaba en un local gastronómico del barrio en cuestión. Seguidamente, los padres de la pequeña se dirigieron hasta el lugar indicado y encontraron a la víctima parada en la vereda con Ramón Ramírez.

Al ver a su madre, la afectada corrió junto a ella y comenzó a llorar. A su vez, el papá forcejeó con el supuesto abusador, hasta reducirlo. El hombre después fue entregado a agentes policiales de la zona y quedó a disposición del Ministerio Público. La niña fue asistida por un médico forense del Ministerio Público y por una profesional sicóloga, confirmando el manoseo sufrido.

Al considerar los elementos de sospechas, la fiscal Carolina Gadea determinó la imputación del presunto pedófilo y requirió al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva.

El Ministerio Público informó que la fiscal Rocío Celeste González propició una condena de 2 años y 9 meses para un hombre acusado por maltratar a su madre. El sentenciado, identificado con las iniciales A.A.R. (37), fue hallado culpable por el hecho punible de Violencia Familiar.

Durante el debate, la titular de la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar Nº 2, demostró la culpabilidad del acusado, mediante la producción de varias pruebas documentales y testimoniales. Por consiguiente, el Tribunal Colegiado de Sentencia -presidido por Lourdes Morínigo y conformado por Evangelina Villalba y Oscar Gabriel Genez- aplicó la referida sanción.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 12 de agosto de 2018, a las 13:00 horas aproximadamente, en un inmueble ubicado en el asentamiento Paz del Chaco del kilómetro 5,5 Acaray de la capital del Alto Paraná.

En aquella oportunidad, el ahora condenado estando bajo los efectos del alcohol y de sustancias alucinógenas habría maltratado verbalmente a su madre, a quien amenazó de muerte con un destornillador. Previamente, en ausencia de la mujer, el sujeto totalmente descontrolado había arrojado al suelo varios objetos de valor, además de los productos que se encontraban en la heladera. Tras la denuncia, el agresor fue aprehendido y sometido a proceso.

Durante el juicio, quedó plenamente demostrado que el hombre ejercía violencia sistemática contra su mamá, que se agravó especialmente después de abandonar la cárcel, donde ya estuvo recluido por la perpetración de otro hecho punible.