Tras una decisión unánime del Tribunal de Sentencia presidido por el juez Fabio Aguilar e integrado por Flavia Lorena Recalde y Vitalia Duarte, cuatro guardias de seguridad fueron condenados a 10 años de pena privativa de libertad por el hecho punible de coacción sexual y violación.

Se trata de Celso Jara González, Fredy Abel Guerreño, Héctor Reinaldo Gaona y Blas Antonio Cañete, quienes habían mandado raptar a una mujer para agredirla sexualmente. El juicio oral concluyó este lunes en Ciudad del Este.

Según las pruebas producidas durante el debate, incluyendo la declaración de la propia afectada, un joven identificado como Fidelino Aguilera la llevó bajo amenazas a bordo de una motocicleta hasta una caseta de seguridad, situada en el predio del establecimiento denominado “Garra Blanca S.A.”, distrito de Minga Porã.

Allí, la víctima fue entregada a Celso Jara, Fredy Guerreño y Héctor Gaona, quienes la sometieron sexualmente, turnándose para consumar el acto. Posteriormente, entró en escena Blas Antonio Cañete, a quien la dama dijo conocer perfectamente, ya que era amigo de su hermano.

En un momento dado, la víctima quedó inconsciente y al despertar encontró a Blas Cañete desnudo a su lado. Todas estas circunstancias quedaron demostradas durante el contradictorio.

Por otro lado, un informe de la mencionada firma sostuvo que efectivamente el día de los hechos, los hoy enjuiciados se encontraban prestando servicios en ese puesto, salvo Héctor Gaona, quien estaba de permiso. No obstante, ésta última hipótesis no descarta que el citado también estaba en la escena del hecho. 

Durante el reconocimiento de personas, fueron plenamente identificados Héctor, Fredy y Fidelino como los autores directos de la violación. Asimismo, con relación a Celso Jara, si bien la defensa arguye que solo el acta de procedimiento lo involucra, la víctima y su esposo aseguraron que el sindicado les había pagado una suma de dinero en concepto de ayuda, después del ilícito.

En cuanto a la medida cautelar, el tribunal revocó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva de Blas Cañete. Respecto a Celso Jara, Fredy Guerreño y Héctor Reinaldo Gaona, los jueces de Sentencia determinaron la prisión.

TAMBIÉN FUERON ACUSADOS POR ABUSO SEXUAL EN NIÑOS

La acusación del Ministerio Público también incluyó abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños, considerando que los hoy condenados supuestamente manosearon a la hija menor de la víctima, quien estaba con ella en el momento de la coacción sexual y violación.

Sin embargo, para Tribunal Colegiado no quedó acreditado dicho planteamiento, ya que el tipo penal en cuestión exige un estado de inconciencia e incapacidad de parte de las víctimas para oponer resistencia.  Al respecto, aclararon que no existen elementos probatorios que lo demuestren.

Con relación al abuso sexual en niños, el hecho data de noviembre del año 2014, estando vigente la ley anterior, 3440/2008, cuya expectativa de pena es de hasta 3 años o multa. En ese sentido, conforme con el artículo 102, inciso 2, del Código Penal, se constata que ya prescribió el hecho, pues pasaron el doble de la expectativa prevista, independientemente de las interrupciones, conforme al artículo 104, inciso 2, última parte.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Edgar Torales Gamarra, formuló acusación en contra del camionero Cristhian Ariel González Santacruz (26) por el hecho de Homicidio Culposo y al mismo tiempo solicitó que sea juzgado en un debate público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal Nº 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.

De acuerdo con los antecedentes, el percance ocurrió el 25 de setiembre del 2020, a las 08:30 aproximadamente, en el predio de la empresa Xplast, ubicada en la avenida Amado Benítez Gamarra y 25 de Agosto del barrio San Alfredo de Ciudad del Este. Resultó víctima fatal el ciudadano brasileño Oreste Josemir Carniel (47).

En aquel entonces, el encausado se encontraba al mando de un camión Mercedes Benz, modelo Axor 1840, de color blanco, año 2020, con matrícula CCU 517, propiedad de la empresa en cuestión. Durante la maniobra del vehículo, con la intención de estacionar y alzar mercaderías, el chofer habría atropellado sin darse cuenta a su compañero de trabajo.

Después de estacionar el vehículo, Cristhian Ariel bajó del camión para ayudar a cargar las mercaderías, y recién allí se percató que había arrollado al extranjero contra la pared. Inmediatamente solicitó ayuda a los encargados de la firma y trasladaron a la víctima hasta el hospital, donde confirmaron su fallecimiento.

Tras tener conocimiento del hecho, el fiscal Torales -de turno en aquel momento solicitó varios informes y una vez reunidos los elementos de sospechas, presentó la imputación contra González Santacruz. Ahora, tras concluir 6 meses de investigación, el representante del Ministerio Público presentó la formal acusación.

El Ministerio Público, reportó que la agente fiscal Natalia Elizabeth Montanía, de la Unidad Zonal de Hernandarias, presentó sendas acusaciones en causas abiertas por supuesto hecho de Incumplimiento del Deber Legal Alimentario y requirió la elevación de los casos a juicios orales para ser debatidos.

En uno de los procesos, fue acusado un hombre identificado con las iniciales S.E.B., de 58 años. El mismo estaba obligado -según sentencia definitiva del Juzgado de la Niñez y Adolescencia- al pago mensual de un determinado monto de dinero a favor de su hijo menor.

Dicha suma debía depositar en una cuenta judicial del Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, incumplió la disposición judicial, por lo que fue denunciado ante el Ministerio Público. Durante la investigación, la Fiscalía efectivamente comprobó que el sindicado adeudaba mucho dinero a su hijo.

En otra investigación similar, la fiscal Montanía presentó acusación contra un padre de familia, identificado con las iniciales L.G.G., de 34 años, quien igualmente cometió el delito de Incumplimiento del Deber Legal Alimentario.

El citado, por orden judicial, debía depositar al banco la suma de 510 mil guaraníes mensuales a favor de sus tres hijos menores, pero tampoco cumplió, según el informe de la entidad bancaria. Además de dicha suma, el hombre debía compartir los gastos de asistencia médica y de medicamentos de los hijos con su expareja, pero tampoco lo hizo, según el escrito de acusación.

Esta mañana, los representantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el intendente Miguel Prieto, por el supuesto hecho de Lesión de Confianza.

Los que presentaron la denuncia son: Julio Cesar López, Magdalena Montiel, Oscar Delvalle, Mariela Gaona, Valentina Giménez, Arturo Páez, Rogelio Núñez y el abogado Víctor Núñez.

Según el documento, la denuncia es presuntamente sobre el uso indebido de más de G. 7.300 millones de recursos genuinos del año 2020, provenientes de la recaudación de impuestos inmobiliarios.

Los agentes de la Comisaría 6° de Presidente Franco, reportaron sobre la detención de un hombre por el hecho de violencia familiar, que ocurrió el sábado en horas de la noche.

El detenido fue identificado como Oscar Luis Aquino Arca (37) y resulto victima su concubina María Elizabeth Morel (29).

El hecho fue comunicado a la Agente Fiscal en lo Penal Abog. Liliana Denisse Duarte, quien dispuso que el aprehendido permanezca bajo segura custodia a disposición del Ministerio Publico. El aprehendido fue remitido a la Dirección de Policía Alto Paraná, por medidas de seguridad.