En un juicio oral y público, que se realizó en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el fiscal Edgar Benítez Delgado propició la condena de un asaltante a 6 años de pena privativa de libertad. Se trata de Carlos Daniel Peña Peña (23), quien fue hallado culpable por Robo Agravado.

Durante el debate, la representación pública pudo demostrar la responsabilidad del acusado mediante la producción de pruebas documentales y testimoniales. Luego, los jueces Fabio Aguilar Benítez, Serafín González y Vitalia Duarte, integrantes del Tribunal Colegiado de Sentencia, dictaron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el atraco armado ocurrió el 28 de junio del 2020, a las 19:00 horas aproximadamente, en la vía pública del kilómetro 9 Monday del barrio Santa Librada de Ciudad del Este. En el hecho igualmente estuvo involucrado un adolescente de 16 años.

En la oportunidad, los supuestos asaltantes circulaban en una motocicleta, de la marca Kenton, de color negro, con matrícula 070 CAN PY, cuando atacaron a la víctima Iván Ramón Martínez Frutos, quien caminaba por el sector.

Seguidamente, Carlos Daniel descendió del biciclo con cuchillo en mano e intimó al transeúnte para que le entregue sus pertenencias. Acto seguido, le sustrajo una cadena de plata que tenía en el cuello y un teléfono celular que llevaba en su bolsillo.

Coincidentemente, minutos después, agentes policiales del Grupo Lince realizaron un patrullaje preventivo por los alrededores y se percataron de la actitud sospechosa de los asaltantes, quienes al ver la presencia policial, huyeron rápidamente del lugar.

Sin embargo, los mismos fueron perseguidos y posteriormente aprehendidos. Del poder de los criminales, los intervinientes recuperaron los objetos robados a la víctima. Igualmente, del poder de Peña requisaron un cuchillo de 15 centímetros.

Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, realizaron un procedimiento para la detección de puntos de distribución de drogas para el mercado del narcomenudeo, donde un hombre de 56 años fue detenido en Presidente Franco.

Tras la intervención, informaron que el microtráfico tenía a una de sus bocas de comercialización instalada en el barrio San Miguel. El que la manejaba el recinto era Águedo Bazán Lugo. El hombre tenía unas 25 dosis de crack, que estaban por ser comercializadas.

Los agentes analizaron la posibilidad de que parte de las transacciones fueron acordadas mediante el intercambio de objetos robados por dosis de la sustancia. Un automóvil de la marca Toyota también fue decomisado en el operativo por disposición del fiscal Abg. Manuel Rojas.

El Ministerio Público informó que la fiscal Hermenegilda Cubilla, imputó a dos comerciantes y dos abogados por los supuestos hechos punibles de Estafa, Apropiación y Extorsión. Ellos son Enrique Kakazu (62), de nacionalidad argentina; María Nunila López de Araujo (56), Julio César Benítez Viedman (56) y Sergio Alberto Ayala Garcete (38), estos dos últimos son profesionales del derecho.

Según la denuncia que obra en el Ministerio Público, el 17 de junio de 2011, el señor Julio Sergio García habría comprado de Kakazu un inmueble de 20 hectáreas, ubicado en el distrito de Minga Guazú, por la suma de 280.000 dólares americanos.

El acuerdo se realizó a través de un contrato privado, celebrado en una escribanía de la zona. En el acto, el comprador supuestamente pagó la suma de 120.000 dólares y por el restante habría firmado un pagaré de 160.000 dólares, que pagó en varias cuotas, hasta cancelar la deuda el 11 de marzo de 2013. En ese acto se inició la escritura pública del inmueble, que se detalla como matrícula K13/8357, Lote 7, Manzana 14. Sin embargo, llamativamente el vendedor se habría negado a devolver el pagaré a Julio García.

Posterior a la realización de la escritura pública, en fecha 15 de junio de 2014, el señor Julio García recibió una notificación sobre un juicio ejecutivo por la suma de 177.500 dólares, iniciado en su contra por la ciudadana María Nunila López. Para el efecto, Enrique Kakazu le habría endosado el pagaré por el que la víctima ya había pagado, según refiere la imputación.

En el transcurso del juicio ejecutivo, ante los gastos y pérdidas, Julio Sergio inició una convocatoria de acreedores. En fecha 6 de setiembre, el Juzgado admite la convocatoria y se presentan los abogados Benítez Viedman y Ayala Garcete. El primero reclamando 10.000 dólares de honorarios en representación del segundo, que a su vez exigía el pago de 77.500 dólares. Mientras, María Nunilda reclamaba 177.500. El monto total exigido fue de 265.000 de la moneda norteamericana.

Luego, el 1 de agosto de 2016, mediante un acuerdo privado, el señor Julio García le habría entregado la suma de 50.000 dólares a Julio Benítez por la supuesta deuda, 40.000 eran para él y 10.000 para Sergio Alberto, según el acuerdo que suscribieron.

El 6 de agosto de ese mismo año, el afectado supuestamente entregó otra vez al profesional del foro la suma de 50.000 dólares, cumpliendo con el pago de las cuotas pactadas. Después, el 30 de agosto le habría entregado nuevamente 50.000 dólares, totalizando el monto de 140.000, cancelando presuntamente de esa manera la deuda con Benítez Viedman y Ayala Garcete.

Más adelante, según la escritura pública número 447 de fecha 21 de noviembre de 2016, Julio García también acordó con María López, a quien le habría entregado un cheque por valor de 289.000.000 de guaraníes, cancelando de esa forma la supuesta deuda de la mujer con Enrique Kakazu. Todos los pagos presumiblemente se realizaron bajo presiones y extorsiones, en el marco del juicio de la convocatoria de acreedores. Incluso, hasta la fecha no le devolvieron el pagaré, según obra en la carpeta de investigación.

Tras la cancelación de los pagos del juicio de convocatoria de acreedores, el 7 de mayo de 2015, Sergio Ayala se subroga presuntamente los derechos de María Nunilda López, quien continúa el juicio ejecutivo, reclamando los 177.500 dólares, según consta en el A.I. Nº 169 del Juzgado Civil y Comercial del segundo turno de Ciudad del Este. A raíz de la situación, la Justicia trabó embargo sobre el inmueble que había adquirido la víctima en Minga Guazú y sobre otra propiedad ubicada Ciudad del Este, que actualmente se encuentran pendiente de aprobación para remate.

A raíz de esto, Julio Sergio García realizó la denuncia penal en el Ministerio Público. Finalmente, tras reunir suficientes elementos de sospechas, la fiscal Hermenegilda Cubilla decidió la imputación de Enrique Kakazu, María Nunila López de Araujo, Julio César Benítez Viedman y Sergio Alberto Ayala Garcete por los supuestos hechos de Estafa, Apropiación y Extorsión.

Esta mañana, la Policía Nacional, aprehendió en la ciudad San Alberto, a un joven de 26 años de edad, en flagrante comisión de un hecho punible de tentativa de hurto; del poder del mismo fue incautado un tracto camión con carreta. Se trata Wilson Barboza Ortega.

Según las informaciones, el joven pretendía retirar granos de soja de Agrofértil, local ubicado en el Km 75, San Alberto, el mismo se presentó con la cédula apócrifa de un tal Fredy Romero Amarilla. El mismo llegó al silo a bordo de un camión Scania, blanco, con semirremolque y tres ejes.

El aprehendido junto con lo incautado, se encuentra en el Dpto. de Investigación de Delitos Regional San Alberto, a disposición de las Autoridades Competentes.

Este martes, tras el operativo denominado “Jetypeka III”, ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, con el apoyo del Ministerio de Justicia; la ministra Cecilia Pérez anunció sobre la desvinculación de los funcionarios detenidos tras las intervenciones.

“Estos funcionarios detenidos son contratados, y van a dejar de pertenecer a la institución. No nos podemos dar el lujo de tener personas con este tipo de sospechas. Si bien ellos están imputados y se presume su inocencia, los elementos técnicos que tiene la investigación son considerablemente contundentes como para que nosotros podamos tomar esta decisión. La investigación será más amplia, y cualquier información interna que obtengamos será acercada a los investigadores. Son dos investigaciones paralelas, pero siempre trabajamos de manera coordinada” dijo.

Entre los detenidos se encuentran dos agentes penitenciarios que prestaban servicio en el penal de Ciudad del Este. Además de los detenidos, cuatro personas privadas de libertad también estarían involucradas y ya fueron aisladas de la población penitenciaria.