El Ministerio de Justicia informó que tras realizar una nueva jornada de trabajo, con el fin de verificar la situación procesal de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, se detectó que en una causa figuran dos personas con la misma identidad, ambas privadas de libertad.

Por su parte, el viceministro de Política Criminal Rubén Maciel; indicó que luego de hacer las averiguaciones correspondientes, se constató que sólo uno de ellos soporta proceso penal, por lo que se dio aviso al juzgado interviniente para que se subsane esta situación.

La nota resaltante de la jornada la dieron los jueces de Ejecución Penal y de Garantías que participaron de la jornada, pues tuvieron la iniciativa de realizar en el lugar varias audiencias, incluso otorgando una salida alternativa al juicio oral en un caso.

La jornada contó también con el acompañamiento de defensores públicos y personal del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Este viernes, la agente fiscal Susan Raquel Vega allanó una vivienda donde presumiblemente vivían en condiciones infrahumanas cuatro a cinco menores de edad con su mamá. Durante la intervención, la comitiva rescató a un niño de 2 años. La madre de los chicos fue imputada posteriormente por el supuesto hecho punible de Violación del Deber del Cuidado.

La citada representante del Ministerio Público intervino en el caso en su carácter de agente interina de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Sexuales contra Niños, Niñas y Adolescentes de Alto Paraná y Canindeyú.

El procedimiento tuvo lugar este 15 de julio en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Hernandarias. Fue luego de una comunicación recibida a través del Servicio de Atención Telefónica 147 «Fono Ayuda» y mediante una orden dispuesta por el juez de garantías, Nelson Ojeda.

Según la denuncia, los pequeños vivían presuntamente en un ambiente insalubre, inhumana y en estado de salud deplorable. Durante la intervención, los intervinientes pudieron constatar que la madre de los chicos estaba en compañía de varios hombres en el sitio, que expedía un olor nauseabundo por las basuras existentes y la insalubridad.

La ahora imputada manifestó que tiene 5 hijos, que cuatro de ellos viven con la abuela y el más pequeño de 2 años con ella. Éste fue rescatado del lugar mediante la intervención del abogado José Quiróga, defensor público de la Niñez y Adolescencia de Hernandarias.  Asimismo, la Fiscalía solicitó al Juzgado respectivo, medidas de protección para los niños, quienes presuntamente no son escolarizados.

La sindicada se encuentra en sede de la comisaría de mujeres, con asiento en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia. 

Este viernes, el fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Especializada en Medio Ambiente de Alto Paraná, intervino dos depósitos ubicados en el Parque Industrial Montecarlo de la ciudad de Hernandarias, en el marco de una investigación por supuestos delitos ambientales. 

Los allanamientos se realizaron en cumplimiento del Auto Interlocutorio (A.I.) Nº 1104, firmado por el magistrado Nelson Ojeda, titular de la Juzgado Penal de Garantías de la zona.

La comitiva fiscal-policial tuvo el acompañamiento de un técnico ambiental del Ministerio Público. Uno de los depósitos intervenidos funciona como recicladora de plásticos y el otro de cubiertas usadas.

En el primer lugar, se constató que los residuos eran arrojados en bolsas en la intemperie, a un costado de la planta industrial. Además, el personal que opera en el lugar no cuenta con equipos de protección. 

Mientras, en el segundo local se comprobó la existencia de gran cantidad de neumáticos en desusos amontonados al aire libre, pudiendo generar criadero de insectos vectores (mosquitos y otras alimañas). En ambos sitios se constataron presumiblemente daños ambientales, según los intervinientes.

Tras concluir un juicio oral y público este viernes 16 de julio en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el fiscal Sergio Irán Villalba, de la Unidad Especializada en Medio Ambiente, obtuvo la condena de dos camioneros por transgresión de la Ley 716/96 (tráfico y comercialización de rollos).

Se trata de Carmelo Benítez Fariña (62) y Pablo Roberto Álvarez Florentín (59), quienes fueron sentenciados a 3 años y 2 meses de prisión. Mientras, Gilberto Benítez Duarte (33) fue absuelto de culpa y pena.

En la oportunidad, la Fiscalía produjo suficientes pruebas,  testimoniales, informes técnicos y documentales, con las cuales pudo demostrar la responsabilidad de los acusados.

Según los antecedentes, la detención de los tres hombres se produjo el 8 de mayo de 2018, a las 06:30, en la zona de Itakyry, en el momento en que transportaban rollos de madera en dos camiones de gran porte. Carmelo Benítez guiaba uno de los vehículos, de la marca Scania, modelo 113, de color blanco, con chapa ASH 028. Mientras, Pablo Álvarez conducía el otro rodado, de la marca Scania DS 180, de color blanco, con matrícula DAA 857. Éste último, había alzado por el camino a  Gilberto Benítez, quien le pidió transporte.

En ambos rodados eran transportados 24 rollos de maderas, de las especies Urundey Pará, Petereby, Perova, Cedro,Yvyra Pytá, Timbó, Kurupa Yra y Lapacho. El procedimiento inicial estuvo a cargo de agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía, que pasaban circunstancialmente por un camino terraplenado de la colonia Zanja Morotí del distrito de Itakyry, a unos 15 kilómetros de la zona urbana. Las cargas no contaban con los documentos respaldatorios, como ser guías de traslado, por lo que fue comunicado al Ministerio Público.

Durante el juicio y mediante la declaración de los hoy condenados, se pudo confirmar que los responsables de las cargas serían Wilson Guillén y Hugo Cabriza. El primero sería propietario del establecimiento de donde se extrajeron los rollos y el segundo el administrador de la firma.

A raíz de esta situación, el fiscal Sergio Villalba solicitó al Tribunal de Sentencia -conformado por Oscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba- la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para que los citados sean igualmente investigados. Asimismo, con las testimoniales se probó que Gilberto Benítez no era integrante o personal contratado por los dueños de la carga, y por consiguiente la Fiscalía pidió su absolución.

También durante la constitución del Tribunal en el lugar donde están las evidencias, en la comisaría de Itakyry, se pudo constatar que de uno de los camiones se sustrajeron piezas y otros objetos. Por consiguiente, el fiscal también requirió a los jueces de sentencia que los antecedentes sean derivados a la justicia policial para el sumario correspondiente contra los agentes.

De igual forma, el representante del Ministerio Público solicitó que los camiones y los rollos sean comisados y remitidos a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

El Ministerio de Justicia, informó que un equipo especializado realizó una jornada de trabajo en el Centro Penitenciario para Mujeres Juana María de Lara de Ciudad del Este. En la ocasión, detectaron casos en los que ya correspondía solicitar pedidos de libertad condicional, salidas transitorias o redención.

Por su parte, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel indicó que el caso más grave que se detectó fue el de una mujer condenada, en cuyo cómputo de su pena no se incluyeron los años de arresto domiciliario que soportó durante la sustanciación de su proceso. Gracias a que magistrados y defensores públicos acompañaron la jornada de trabajo, esta situación será subsanada en breve.

“Concluimos la jornada de trabajo en la penitenciaría de mujeres Juana María de Lara, con los jueces y defensoras públicas. Fueron entrevistadas 60 mujeres. El caso más grave fue un error en el cómputo de una condena en el que no se incluyeron los años de arresto domiciliario” indicó la autoridad.

Además, el viceministro Maciel destacó que todas las mujeres privadas de libertad que se encuentran en el referido establecimiento penitenciario realizan alguna actividad laboral, como parte de su proceso de reinserción a la sociedad. La jornada continuará hoy en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

El agente fiscal Luis Trinidad Colmán propició una condena de 18 años de pena privativa de libertad de un joven, acusado por un hecho de Robo con Resultado de Muerte. El juicio oral concluyó en la tarde de este jueves 15 de julio, en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

El condenado está identificado como Víctor Manuel Martínez Giménez, alias “Pistolita”. Durante el debate, el representante del Ministerio Público demostró con suficientes pruebas documentales y testimoniales la responsabilidad del acusado en el crimen y de esa manera obtuvo el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el atraco mortal se produjo el 23 de febrero de 2019, a las 05:50 horas aproximadamente, en el interior de un ómnibus de la empresa de transporte “Vicente A. Matiauda”, en el momento en que circulaba sobre la avenida Bernardino Caballero, zona del barrio Remansito de Ciudad del Este.

En aquella oportunidad, el ahora condenado y un cómplice, entonces menor de edad, viajaban en el colectivo disfrazados de pasajeros, hasta que al alcanzar las inmediaciones del local comercial denominado “S-Car Autorrepuestos”, ambos se levantaron de sus respectivos asientos y con armas de fuego en manos encañonaron a los ocupantes del ómnibus.

Acto seguido, los delincuentes despojaron de sus teléfonos celulares, billeteras y carteras a las víctimas, entre quienes estaban Clara Elizabeth Mercado Mencia y su hijo adolescente. Éste, en un descuido de uno de los asaltantes, intentó reducirlo. Pero en ese momento, el otro criminal realizó un disparo que impactó en la cabeza de Clara Elizabeth, quien falleció casi en forma instantánea.

Luego, los criminales descendieron del bus y escaparon rápidamente del lugar con paradero desconocido. No obstante, en el transcurso de la investigación, los agentes policiales detuvieron primeramente al adolescente implicado, quien fue juzgado primeramente y sentenciado a 7 años de prisión. La pena máxima para los menores infractores es de 8 años.

Posteriormente, fue capturado Víctor Manuel Martínez, quien ahora conoció su sentencia a 18 años de cárcel, dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Oscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba.

Los agentes de la Comisaría 7 del barrio San José de Ciudad del Este, reportaron la detención de un hombre por supuesta violencia familiar, que ocurrió a tempranas horas de este jueves. Se trata de Jorge Ramón González Ruiz Díaz (41) domiciliado en el Bº Santa Teresa de Hernandarias, quien posee antecedentes por Violencia Familiar y resultó victima Lourdes Nathalia Colman González (32), domiciliada en el Área 8 de Ciudad del Este.

Según los intervinientes, la víctima manifestó que su pareja minutos antes la maltrató física y psicológicamente para luego alzarla a la fuerza a bordo de su vehículo y al pasar frente a la sede de la Fiscalía, pudo descender y refugiarse en el lugar, de cuyas consecuencias sufrió lesiones. Luego, el supuesto agresor llegó nuevamente en el lugar donde fue aprehendido y trasladado hasta la sede Policial.

El procedimiento se comunicó a la agente fiscal de Turno de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, Abg. Emilce Ovelar, quien dispuso la detención del sujeto y su remisión a esa unidad fiscal.