Este miércoles, el Ministerio Público informó que el fiscal Alberto Torres obtuvo una condena 6 años de pena privativa de libertad para un hombre acusado por un hecho punible contra la propiedad (Robo Agravado), en un juicio oral y público realizado en el Poder Judicial de la capital del Alto Paraná. El sentenciado está identificado como Andrés Javier Benítez Alderete (23).

Durante el debate, el representante del Ministerio Público demostró la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado, mediante la producción de numerosas pruebas documentales y testimoniales. De esa manera, propició la sanción penal. 

Según los antecedentes, el atraco armado ocurrió el 16 de diciembre de 2017, a las 20:40 horas aproximadamente, en la vía pública del barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este. En aquella oportunidad, resultó víctima Carina Martínez Arepoco.

Refieren los datos, que la mujer caminaba por la calle con su bebé de 11 meses en brazos cuando fue atacada por dos ocupantes de una motocicleta. Seguidamente, Benítez Alarcón -quien iba como acompañante- descendió del biciclo, estiró de su cartera a la mujer, la golpeó con su arma de fuego en la cabeza y también le aplicó golpes de puños en el rostro, provocando la caída con su hijo pequeño. De esa manera, le despojó de sus pertenencias.

La afectada sufrió diversas lesiones, siendo posteriormente auxiliada por algunos vecinos. Los lugareños igualmente persiguieron y detuvieron a Andrés Javier Benítez, quien fue entregado a efectivos policiales de la zona y quedó a disposición del Ministerio Público. Mientras, el otro hombre implicado escapó del sitio.

Posteriormente, la Fiscalía inició la investigación contra el aprehendido, hasta que ahora propició su condena a 6 años de pena privativa de libertad.

El Personal del Área Naval del Este, informó que durante una patrulla fluvial nocturna en la zona de Tres Fronteras, encontraron una embarcación precaria que fue abandonada con volúmenes de mercaderías presumiblemente ingresados en forma ilegal desde la Argentina.

El hallazgo se produjo en el río Paraná en la zona denominada Vuelta Bertoni, donde en una verificación rápida se pudo constatar que se trata de mercaderías varias de consumo, entre ellas aceite, vinos, galletitas, pollo y cigarrillos.

La embarcación  y  las mercaderías fueron trasladadas hasta el Destacamento Tres Fronteras donde quedarán en resguardo  para  las diligencias preliminares correspondientes.

Se dio participación al Ministerio Publico Unidad Fiscal N° 1 Especializada en Lucha contra el Lavado de dinero y Contrabando a cargo de la Agente Fiscal Abog Nilsa Torales quien ordenó que las mercaderías sean entregadas a la Fiscalía.

El Ministerio Público informó que la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, dispuso la conformación de un equipo de agentes fiscales para la investigación de hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final del examen especial sobre la deuda de la Entidad Binacional Itaipu, realizado por la Contraloría General de la República.

Los agentes fiscales designados son Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma.

La investigación se centrará en los hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final dado a conocer este martes por la Contraloría General de la República.

Según el dictamen de la Contraloría General de la República, la Itaipú Binacional generó una deuda ilegal de más de US$ 4 mil millones, esto como consecuencia de la aplicación de tarifa más baja de lo establecido en el acuerdo.

En la parte conclusiva del documento el ente contralor refiere que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Itaipú, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad durante los años 1985 a 1997 (a excepción del año 1991) «incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en Itaipú, ocasionando el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda».

De esta manera, se concluye que las irregularidades detectadas demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Electrobras y el Estado brasileño, y en perjuicio de la ANDE y el Estado paraguayo.

El Ministerio Público informó que la agente fiscal Zunilda Ocampos Marín formuló acta de imputación en contra de cuatro agentes policiales y un civil, quienes supuestamente habrían cometido los ilícitos configurados como Privación de Libertad, Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión.

Los procesados son los suboficiales Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel, Alcides Villalba González y el oficial inspector Antonio Ávalos Pereira. Además del supuesto usurero Fernando Daniel Ortigoza.

Los agentes enfrentan cargos por Privación de Libertad, Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión, mientras que el último citado soporta proceso por

Privación de Libertad y Extorsión, en calidad de cómplice.

Conforme con los datos de la investigación, el 18 de julio de 2021, a las 02:00 horas aproximadamente, Pedro López, Antonio Ávalos, Francisco Prieto y Alcides Villalba circulaban en una patrullera cuando llegaron frente a una peluquería, denominada “Belutti”, e interceptaron un vehículo, de la marca Toyota Allion, color plata, chapa CEV 141.

En el rodado se encontraban Gabriel Ramón Prieto y Víctor David Meza. Allí, supuestamente descendieron del móvil policial Prieto Montiel, Villalba González y Ávalos Pereira, en tanto que López Deleón quedó al mando del volante.

Luego, los afectados fueron obligados a subir a la patrullera, siendo llevados hasta el predio de la comisaría 7ª del barrio San José, donde Víctor Meza supuestamente fue ingresado en un calabozo por Francisco Prieto. A su vez, Gabriel Prieto fue llevado hacia un quincho y amenazado en todo momento presumiblemente por Antonio Ávalos y Pedro López, quienes le advertían que debían pagar la suma de 7 millones de guaraníes para ser liberados.

Advirtieron a las víctimas que en caso de no acceder a la pretensión, informarían a la Fiscalía que encontraron en poder de los mismos estupefacientes. Asustado Gabriel Prieto, llamó a su  madre y a su novia. Cuando estas llegaron a la sede policial, los uniformados exhibieron dos tocos de presunta marihuana y continuaron presuntamente solicitando la plata.

Posteriormente, los agentes del orden bajaron el monto a 5 millones de guaraníes e incluso Alcides Villalba y Francisco Prieto proporcionaron el número de teléfono de un presunto usurero, posteriormente identificado como Fernando Daniel Ortigoza, quien les entregó finalmente los 5 millones de guaraníes, dejando empeñado el auto incautado por los hoy imputados.

Tras concretarse la entrega del dinero de la supuesta extorsión, liberaron a las dos personas. Luego de la denuncia, la fiscal Zunilda Ocampos inició las diligencias investigativas y dispuso la imputación de los presuntos involucrados.   

La mencionada agencia fiscal solicitó aplicación del arresto domiciliario para los agentes imputados. En cuanto al supuesto usurero, la Fiscalía pidió al Juzgado Penal de Garantías que lo declare su rebeldía.

Igualmente, el Ministerio Público consideró factible la utilización de seis meses de plazo para presentar el requerimiento conclusivo.

Este martes, los agentes del Departamento de Delitos Económicos, detuvieron a tres ciudadanos brasileños en Ciudad del Este, por el supuesto hecho de clonación de tarjetas en los cajeros automáticos.

Los detenidos fueron identificados como Luis Guillerme Americo, Felipe Silva Dantas y Ariane Aquíno, todos de nacionalidad brasileña. En el momento del operativo, registrado a las 17:15 del pasado lunes en el microcentro de CDE, los sujetos estaban a bordo de una camioneta Volswagen.

Según las informaciones, del poder de los mismos fueron halladas varias evidencias que hacen presumir a los intervinientes que los mismos extraían billetes de cajeros automáticos gracias a un esquema para evadir los controles electrónicos.

El procedimiento se dio gracias a una denuncia sobre una posible banda que estaría operando en esta parte de la frontera. Esta situación obligó a los personales de esta dependencia a seguir las pistas, principalmente buscando la camioneta que reunía las mismas características expresadas por una de las víctimas, obtenidas a través de imágenes de circuitos cerrados de lugares donde habría operado el trío de extranjeros.

De esta forma se dieron con estas personas que ya habrían materializado varias transacciones, entre las cuales, se menciona un perjuicio de G. 25 millones contra un comerciante.

Las evidencias halladas en poder de los aprehendidos son 24 tarjetas de crédito, un aparato electrónico conocido como “Squimer” utilizado por los delincuentes presumiblemente para adulterar las tarjetas, 3 hojas de cheques a nombre del Banco Itaú y 3 aparatos celulares que fueron entregados al Ministerio Público.

Este martes, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por Milciades Ovelar y Emilia Santos condenó a 18 años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su hermana de 13 años.

Los abusos con coito, fueron perpetrados en reiteradas ocasiones y el hoy condenado amenazaba a la víctima para no revelar las agresiones sexuales, según las pruebas producidas durante el debate.

El hecho ocurrió en el año 2019, en el barrio Ko’ê Rory del distrito de Juan Emilio O’Leary. La denuncia fue radicada en su oportunidad, por la hermana de la niña.

La misma refirió que su hermano, en aquel entonces, había abandonado recientemente la cárcel y se fue a vivir en la casa de su madre con sus hermanas. Luego de algunos días, forzó a la más pequeña a mantener relaciones sexuales, siempre bajo amenazas. Dijo que el ahora enjuiciado se metía en su cama por las noches para perpetrar el hecho.

Una vez, su hermana mayor la sorprendió triste, por lo que comenzó a indagarla. La afectada confesó entonces que su hermano la obligaba a mantener actos sexuales y que ella callaba, pues la tenía amenazada.

El hoy sancionado penalmente fue detenido el 15 de setiembre de 2019 cuando se encontraba en la vía pública.

Este 20 de julio fue hallado culpable y condenado a 18 años de pena privativa de libertad, de conformidad al artículo 135a, inciso 1° y 2°, numeral 2, e inciso 4° del Código Penal.

El agente fiscal Miguel Ángel Alvarenga, de la Unidad Zonal de Yguazú, representó al Ministerio Público.

Los nombres de la víctima y del supuesto autor se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.

Dentro de un trabajo coordinado entre la SENAD y la Policía Federal del Brasil, una comitiva de Agentes Especiales, acompañada del fiscal Nilsa Torales procedió a la detención de un ciudadano brasileño identificado como Felipe Lobato Mendes, buscado por la justicia de su país por fraude en el recibimiento de beneficios de auxilio ante la pandemia de Covid-19.

La detención se produjo en el marco de la Operación EGO llevada a cabo por la Policía Federal de Amapá, Estado de Macapá, con el fin de desarticular una organización criminal responsable de fraudes en el recibimiento de beneficios de auxilio ante la pandemia del Covid-19 en Brasil.

En el lado brasileño, unos 30 policías federales realizaron intervenciones para dar captura a al menos 3 integrantes de la estructura criminal. Por otro lado, una comitiva de Agentes Especiales de la SENAD allanó un departamento ubicado en el Edificio España, en Ciudad del Este, donde capturaron a un cuarto miembro de la organización en cuestión, quien se había trasladado a territorio paraguayo.

Se calcula que entre mayo y junio de 2020 la estructura brasileña se embolsó más de 65 Mil Reales hasta que fue descubierto por las autoridades.

Ahora, se está trabajando de manera coordinada con la Dirección de Migraciones para la expulsión y entrega a autoridades del extranjero a través del Puente de la Amistad.