Por los supuestos hechos punibles de Homicidio Culposo y Violación del Deber del Cuidado o Educación, la fiscal Cinthia Leiva Cardozo imputó a los padres de un niño de 5 años que habría matado accidentalmente a su hermanita de 2 años, al realizar un disparo de arma de fuego en el interior de un automóvil. Los menores fueron dejados encerrados en el vehículo por sus progenitores, en el estacionamiento de un supermercado.

El hecho ocurrió el 24 de abril del presente año, a las 15:00 aproximadamente, en el subsuelo del supermercado Gran Vía, ubicado en la avenida Monseñor Rodríguez del kilómetro 4 de la capital del Alto Paraná. En aquella oportunidad, los pequeños quedaron en un automóvil Chevrolet 5H19R8, con las puertas llaveadas y ventanas cerradas, mientras sus padres ingresaron al complejo comercial para realizar compras.

En un momento determinado, el niño de 5 años se apoderó de un arma de fuego (revólver calibre 38mm), propiedad de su papá, personal policial de la Sección de Armería de la Dirección de Policía de Alto Paraná, que estaba guardado debajo del asiento del lado del conductor.

Presumiblemente el chico estaba manipulando el arma cuando se le escapó un tiro, que impactó a la altura del tórax de su hermanita. La detonación fue escuchada por un personal de seguridad, quien al verificar el vehículo se percató que una de las puertas no estaba trancada. Al abrir, encontró al menor muy agitado. En ese instante, el pequeño dijo al guardia que se quedaron dentro del vehículo porque su hermanita estaba durmiendo y también le facilitó los nombres de sus padres.

Seguidamente el guardia -quien no se había percatado que la niña estaba herida- se dirigió dentro del supermercado y llamó a través del micrófono a las dos personas, a fin de que se presenten en el estacionamiento. Sin embargo, nadie apareció. Después de 10 a 12 minutos realizó una segunda llamada, pero tampoco tuvo respuesta.

Finalmente, los padres aparecieron en el estacionamiento. Recién al subirse en el vehículo, los mismos se percataron que la niña estaba herida, al ver que manaba sangre por la boca y nariz. Inmediatamente la llevaron de urgencia hasta el hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se constató su fallecimiento.

La escena quedó registrada en la filmación de la cámara de seguridad del estacionamiento del supermercado. La fiscal Cinthia Leiva requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los imputados y solicitó 4 meses de plazo para la presentación del acto conclusivo.

Esta mañana, la Cruz Roja Paraguaya filial Alto Paraná denunció que mientras los voluntarios estaban en la colecta denominada “Fiesta de la Banderita”, unos ladrones aprovecharon la ocasión y se alzaron con varios objetos del lugar.

“Mientras nuestros voluntarios se encontraban apoyando en los distintos puntos para la colecta, nuestra filial fue visitada por personas que se tomaron el tiempo de rebuscarse en las pertenencias de los voluntarios y muchas otras herramientas utilizadas para cumplir nuestras labores”, publicaron en las redes sociales.

Según informaron los objetos robados son: un proyector, una Tablet, botas de un voluntario y muchos otros de valor y utilidad.

“Lamentamos que en un día tan especial tenga que ocurrir estas cosas. La gente de alrededores de la filial pedimos estar atentos si algunas cosas son ofrecidas, podrían tratarse de algunos de los objetos robados”, rogaron a través de su cuenta oficial.

Ayer en la noche concluyó un juicio oral, donde el Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada Flavia Lorena Recalde e integrado por Milciades Ovelar y Vitalia Duarte, condenó a siete años de pena privativa de libertad a un joven por extorsión y coacción sexual.

Se trata de Marcelo Ramón Barreto Núñez, oriundo de Pilar, quien se hizo pasar por el conocido corredor de rally, Diego Domínguez.

Tras varias conversaciones, le ofreció 3 mil dólares a una mujer de Ciudad del Este, a cambio de servicios sexuales. Finalmente concretaron el encuentro íntimo en la ciudad de Pilar, donde la víctima se fue y se halló con una sorpresa. Resulta que, desde el mismo perfil, la afectada, al llegar al lugar pactado, recibió mensajes del supuesto Diego, quien le manifestaba que no se encontraba por la zona, pero que estaba su secretario con quien igualmente tenía que mantener relaciones sexuales.

La mujer dijo ante el Tribunal, que ya no pudo negarse en ese momento, pues el ahora condenado, la tomó del brazo y la llevó en la cama, luego de indicarla que, en caso de negarse a la relación íntima, divulgaría todas las conversaciones que mantuvieron previamente.

Durante el acto sexual, el  hombre, además se atrevió tomar fotografías e incluso filmó la escena.

Días después, mediante la red social de Instagram, Marcelo Ramón comenzó a extorsionarla, exigiéndole la suma de 3 millones de guaraníes, a cambio de no divulgar fotos y videos.

Le advirtió que dichos materiales llegarían también a la empresa donde trabajaba como promotora. La víctima se dedica al fisioculturismo.

Conforme con los antecedentes, la dama llegó a girarle 300 mil guaraníes y luego presentó la denuncia penal, con la que pudo parar la sistemática presión que venía sufriendo.

La agente fiscal, Zunilda Ocampos representó a Ministerio Público y la defensora pública, Liz Paola Espínola asistió al acusado.

ESTANDO PROCESADO SEGUÍA EXTORSIONANDO, HACIENDOSE PASAR POR MINISTROS

Durante el proceso surgió una nueva denuncia en contra de Barreto Núñez, la cual indica que el mismo seguía extorsionando con el mismo modus operandi.

Resulta que, el hombre fue beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión, y mientras gozaba de ese beneficio, seguía cometiendo los mismos hechos, lo que le valió una nueva privación de libertad. Es que, incluso, se hizo pasar por los ministros del Interior, Arnaldo Guzzio, y de Salud Pública, Julio Borba, mediante perfiles falsos, conforme pudieron descubrir los policías antisecuestros.

A raíz de eso, se revocó su libertad y se dispuso otra vez su prisión preventiva que la seguirá guardando en el penal de Misiones, según dispuso el Tribunal.

Este jueves, la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro, presentó imputación contra un joven por Extorsión y Simulación de Hecho Punible. Se trata de Fernando Centurión Bobadilla (29), quien habría simulado su secuestro para exigir un pago de rescate a sus familiares.

Refieren los datos, que el 4 de mayo del presente año, a las 10:09 aproximadamente, la ciudadana Laura Verónica Centurión Bobadilla (39) se presentó en la comisaría Nº 16 de la localidad de María Auxiliadora, departamento de Itapúa, y denunció el supuesto secuestro de su hermano Adán Fernando.

La recurrente mencionó que esa mañana, a las 08:21 horas, recibieron videos y mensajes de textos en el grupo de whatsapp familiar, que integran ella, su hermana Liz Yolanda y el supuesto secuestrado.

En las imágenes aparece Adán Fernando supuestamente privado de su libertad en la habitación de una casa, maniatado hacia atrás, con amenaza de que sería asesinado en caso de que los familiares no pagaban 30 millones de guaraníes para las 13:00 de ese mismo día. Los videos y mensajes provienen del mismo teléfono de la supuesta víctima.

Tras recepcionar la denuncia, la Fiscalía y la Policía Antisecuestro iniciaron el trabajo investigativo y obtuvieron informaciones sobre el posible paradero del joven, en la capital del Alto Paraná.

De esa manera, llegaron hasta el hotel denominado Pionero, ubicado en la calle Arturo Garcete casi avenida 1º de Mayo del barrio Obrero de Ciudad del Este. Allí, los intervinientes fueron recibidos por la recepcionista, quien les informó que Adán Fernando Centurión se encuentra hospedado en el lugar desde el 23 de abril pasado.

Luego, los integrantes de la comitiva fiscal-policial conversaron con el dueño del establecimiento, Mariano Vergara, quien autorizó el ingreso y verificación de la habitación Nº 19. Al golpear la puerta, salió el joven en paños menores, sin atadura, totalmente libre, confirmándose en ese momento la simulación.

En poder del hombre fue hallado el aparato celular, del cual fueron enviados los mensajes y videos al grupo de whatsapp de la familia y donde se exigió la suma de 30 millones por la liberación del supuesto secuestrado.

A raíz de esta situación, el sospechado fue aprehendido y quedó a disposición del Ministerio Público. El mismo compareció este 5 de mayo en sede de la Fiscalía de Ciudad del Este, acompañado de la defensora pública Gloria Arce, y se abstuvo de prestar declaración indagatoria, en virtud de su derecho constitucional.

Finalmente, la fiscal Zunilda Ocampos decidió el procesamiento de Centurión Bobadilla y requirió al Juzgado Penal de Garantías su arresto domiciliario, considerando que los hechos imputados son delitos.