En una plenaria marcada por mensajes de unidad y orden interno, Horacio Cartes destacó el rol institucional de la ANR y dio señales claras sobre el posicionamiento de Pedro Alliana en la estructura partidaria.

Durante la plenaria nacional de Honor Colorado, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, centró su intervención en el fortalecimiento del Partido Colorado y en la necesidad de consolidar la unidad interna. Señaló que «los movimientos son pasajeros» y que el trabajo político debe girar en torno a la Asociación Nacional Republicana.

En su mensaje, Cartes valoró a los referentes históricos del partido y resaltó el peso de la dirigencia. Según la lectura de sectores colorados, el reconocimiento a «Kalé» Galaverna como «nuestro sabio» y la afirmación de que su presencia «autoriza este tipo de plenarias» fueron señales hacia el liderazgo tradicional de la ANR.

Otro punto destacado del discurso fue la referencia directa al presidente de la República. Cartes pidió a la dirigencia que «no lo abandone» y sostuvo que Santiago Peña «tendrá que acercarse más al partido», lo que dirigentes interpretan como un llamado a recomponer la relación entre el Gobierno y la estructura partidaria.

El tramo central de su intervención estuvo enfocado en Pedro Alliana. Cartes señaló que el vicepresidente «será el próximo presidente de la República», reforzando su posicionamiento interno. Dirigentes consultados señalan que el hecho de llamarlo «presidente» en reiteradas ocasiones es un mensaje simbólico que busca ordenar la interna de cara al próximo ciclo electoral.

Cartes también insistió en que el Partido Colorado debe sostener una conducta coherente y un ejercicio permanente de transparencia. Afirmó que la ANR está en condiciones de convertirse en un modelo de gestión, enfatizando que la honestidad debe ser un trabajo cotidiano dentro de la institución.

El líder colorado adelantó que tendrá una presencia más activa en la sede partidaria y en su residencia, con espacios habilitados para recibir a dirigentes de todo el país. «Todo lo que conseguí en mi vida importante lo hice gracias al Partido Colorado», manifestó, en un mensaje orientado a reforzar la responsabilidad compartida entre la conducción y la base.

El cierre de la plenaria estuvo marcado por un llamado a la cohesión. Cartes afirmó que «si estamos juntos no nos gana nadie», destacando la necesidad de sostener una línea interna unificada y evitar confrontaciones en la etapa previa al próximo proceso electoral.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa conocida como «Caso Tía Chela», en la que el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros diez procesados enfrentarán cargos por presunta lesión de confianza y asociación criminal. La decisión fue tomada tras la audiencia preliminar realizada en Asunción, donde el magistrado rechazó los incidentes de nulidad, sobreseimiento y exclusión de pruebas solicitados por las defensas.

La resolución admite la acusación fiscal y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, al tiempo de aceptar parcialmente la producción ofrecida por los abogados defensores. Asimismo, se dispuso la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar mensualmente el libro de control judicial.

El expediente se refiere a la adquisición de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia del COVID-19, compra realizada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela. Según la acusación, la empresa no contaba con capacidad operativa para cumplir el contrato y se habrían detectado incongruencias documentales entre facturas, entregas y registros administrativos.

El Ministerio Público sostiene que parte de los productos no habría ingresado realmente a los depósitos municipales, pese a que fueron pagados con fondos públicos. El perjuicio patrimonial estimado supera los G. 2.130 millones. Para la Fiscalía, los hechos constituyen un esquema planificado que involucró a funcionarios municipales y representantes privados en una estructura supuestamente destinada a desviar recursos en un contexto de emergencia sanitaria.

Lo que sostiene la defensa

Los abogados de los acusados señalan que la acusación carece de un relato claro y preciso de los hechos, que no existe una descripción puntual del rol individual de cada procesado y que la Fiscalía no habría sostenido de manera técnica sus afirmaciones. Solicitaron nulidad del requerimiento y el sobreseimiento definitivo, alegando irregularidades en la investigación y ausencia de pruebas concretas sobre un perjuicio real.

También recusaron al juez Otazú, asegurando que su imparcialidad podría verse afectada por supuestos vínculos políticos con sectores adversos a la administración de Prieto. Sin embargo, los planteamientos fueron desestimados y el proceso continuará en etapa de juicio oral.

El envío del caso a juicio oral implica que la Justicia considera que existen elementos suficientes para debatir públicamente la hipótesis de responsabilidad penal. El proceso será relevante no solo por el monto del perjuicio denunciado, sino porque pondrá bajo escrutinio el manejo de fondos municipales durante la pandemia, un periodo de excepcionalidad administrativa donde se flexibilitaron los procesos de contratación.

El resultado del juicio marcará un precedente para futuros casos de compras excepcionales con recursos públicos. Para la fiscalía, representa la posibilidad de sostener en juicio una acusación de corrupción en tiempos críticos; para la defensa, es el escenario para cuestionar la investigación y demostrar que no existió perjuicio ni esquema ilícito.

El tribunal de sentencia deberá ser sorteado en los próximos días, tras lo cual se fijará la fecha de inicio del juicio oral.