Un nuevo incidente se registró en la conocida finca 66, donde esta mañana intentaron ejecutar un mandamiento de desahucio. Los pobladores al parecer ya manejaban datos sobre el procedimiento, pues al llegar los intervinientes les atacaron con todo tipo de objetos contundentes.

Las patrulleras quedaron con daños materiales. También quemaron cubiertas, afectando a los estudiantes de una escuela aledaña. Los agentes del orden utilizaron gases lacrimógenos para tratar esparcir a los manifestantes, sin embargo, no pudieron avanzar y tuvieron que retroceder para reorganizarse.

La finca 66, por mandato de Ley 35/90, es municipal, pero falta determinar su ubicación teniendo en cuenta que se trata de una finca madre y de miles de desprendimientos, según dieron a conocer.

Los vecinos del asentamiento ubicado en la franja -donde se supone que está la finca 66- ejercen todo tipo de presión para evitar el cumplimiento de unas 80 órdenes de desalojo dispuestas por la Justicia.

Desconocidos prendieron fuego a tres vehículos en una playa de autos ubicada sobre la avenida Monseñor Rodríguez, barrio San Isidro de Ciudad del Este.

El siniestro intencional se registró a las 00:15 horas aproximadamente. Según el reporte policial, fueron quemados una camioneta Kia Sportage, blanco, año 2006, chapa DAG 672; una camioneta Mazda, modelo BT 50, blanco, 2015, matrícula BTO 397, y un automóvil Toyota Allion, plata, 2010, sin chapa.

Estos automotores son propiedad de Néstor Fabián Acosta Garcete.

Un guardia de seguridad del lugar comentó que momento antes del hecho, vio a una persona en motocicleta deambulando por el sector.

Intervinieron los agentes del Departamento de Investigación de Delitos y de Criminalística de la Policía Nacional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander imputó a dos hombres presuntamente involucrados en un hecho de reducción de máquinas mineras de criptomonedas, denunciadas como robadas. Los encausados son Alejandro Miguel Paredes Sosa (32) y Francisco Javier Cáceres Escobar (31).

Según la investigación del caso, el 24 de junio pasado, alrededor de las 10:00 horas, los implicados habrían llevado a cabo transacciones comerciales de compra-venta de los equipos informáticos, a un precio de 1.400 dólares americanos cada uno, sin contar con la documentación que respalde su origen y propiedad.

Inicialmente, agentes del Departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná arrestaron a Cáceres Escobar en la vía pública, quien supuestamente había vendido cinco máquinas a Paredes Sosa. Posteriormente, una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en la residencia del presunto comprador, ubicada en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Durante el operativo, los intervinientes detuvieron a Alejandro Paredes y se incautaron de 17 máquinas mineras, de las cuales cinco están denunciadas como robadas el 8 de junio pasado. Tras recopilar elementos de sospecha, el fiscal Santander presentó la imputación contra los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición del Juzgado de Garantías.

El director de Inteligencia de la Policía Nacional, Ramón Morales, y director de Talento Humano y de Asuntos Internos, Francisco Andino, verificaron el trabajo de la Dirección de Policía, a cargo de Osvaldo Ávalos, para conocer la utilización que están dando a las 30 motocicletas nuevas, que fueron entregadas en su momento.

Morales sostuvo que cuentan con 11 comisarías, más la Dirección de Policía, que disponen del sistema de tableo, que hace un trabajo georeferencial de los diferentes hechos delictivos, pero que al parecer, no está funcionando como debe ser.

Añadió que es urgente encontrar una solución, teniendo en cuenta al comunicado del sector empresarial, respecto a los hechos de inseguridad en esta parte del país.

Aseguró, que conforme a lo que encuentren en el sistema de trabajo, cambiarán de estrategia si así se requiere.

El fin de semana último, la Cámara de Comercio y de Servicios emitió un comunicado, repudiando la ola de asaltos, secuestros exprés y extorsiones, con amenazas de muerte a turistas.

Exigieron a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto, pues pese a las reuniones reiterativas a nivel local, no obtuvieron respuestas.

El presunto responsable del robo de más de 400 máquinas de criptomonedas, Víctor Cesar Meaurio Enciso, fue denunciado por amenaza de muerte ante el Ministerio Público. La acción fue radicada por Osmar Marecos, víctima del atraco. El mismo, afirmó que constantemente es coaccionado y amedrentado para que retire su denuncia.

Un allanamiento realizado el 8 de mayo pasado, en una minería clandestina, situada en la ciudad de Yby Yau, (Concepción), propiedad de Meaurio Enciso, condujo al hallazgo de las máquinas robadas, dando pie a esta situación. Desde entonces, según el denunciante, Meaurio Enciso utilizó a terceras personas y diversos medios para intimidarlo, llegando al extremo de amenazar con quitarle la vida si no desiste de la acción.

En su declaración, Marecos relató haber sido contactado a través de llamadas de números desconocidos debido a que tiene bloqueado el número de Meaurio. Dijo también que recibió comentarios intimidatorios en grupos de WhatsApp y durante reuniones con personas cercanas a él. Incluso, aseguró que el acusado mencionó que le «meterá tres balazos en el pecho» y que, aunque pasaría 3 o 4 años en prisión, saldría libre mientras él estaría muerto.

El objetivo de estas amenazas, según el afectado, es quedar impune en el grave delito que se le acusa.

Alegó igualmente, que el sindicado ingresa constantemente al condominio Paraná Country Club, a pesar de no ser residente, con el único propósito de presionarlo. Mencionó que un ciudadano ecuatoriano de nombre Luis Fernando Alvarez Jaramillo ha transmitido las mismas amenazas, asegurando ser el único que impide que Meaurio atente contra su vida.

Según las palabras del extranjero, una vez que él ya no pueda protegerlo, Meaurio lo matará. El indiciado es temido debido a que frecuentemente porta armas de grueso calibre.

ANTECEDENTES

Las amenazas dirigidas a Osmar Marecos tienen su origen en un robo que tuvo lugar en la Granja Arimar, ubicada en la colonia Alfredo Pla de Presidente Franco, el pasado mes de abril. En la ocasión, los delincuentes se apoderaron de más de 400 máquinas procesadoras de criptomonedas que posteriormente fueron encontradas en una propiedad perteneciente al denunciado.

El mes pasado, las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en una propiedad vinculada a Víctor Cesar Meaurio Enciso, donde encontraron los equipos robados. Sin embargo, en lugar de cesar las tensiones, este descubrimiento marcó el inicio de una serie de amenazas y coacciones dirigidas a Osmar Marecos, quien no deja de recibir advertencias de muerte.