Osmar Marecos López, víctima de un robo agravado, presentó una denuncia ante el Inspector General del Ministerio Público, solicitando una intervención en la unidad fiscal dirigida por la fiscal Viviana Sánchez. En el escrito plantea inquietudes sobre la presunta parcialidad de la fiscal y la falta de progreso en la investigación relacionada en la causa.

El denunciante expone una serie de argumentos basada en hechos y normativas legales que, según Marecos López, cuestionan la imparcialidad y la objetividad de la investigación llevada a cabo hasta el momento.

El suceso objeto de investigación se remonta al 15 de abril de 2022, cuando un grupo de individuos irrumpió en una propiedad situada en el barrio Alfredo Pla, km 11 de Presidente Franco y sustrajo 492 máquinas mineradoras y otros objetos de valor.

Refiere el accionante, que a pesar de haberse identificado a los sospechosos y de haberse encontrado parte del material robado en un allanamiento realizado el 8 de mayo de 2023, la investigación tiene demasiada demora.

Señala además, que estos retrasos incluyen recusaciones e impugnaciones que, desde su perspectiva, afectaron la continuidad del proceso investigativo.

Aseguró que la fiscal Viviana Sánchez demostró una supuesta parcialidad hacia los sujetos bajo investigación desde el momento en que asumió la responsabilidad del caso.

Igualmente, resalta la falta de avance desde que la agente fiscal asumió interinamente la causa. Afirmó que esta demora ha contribuido a la paralización de la investigación y a la posible impunidad de los responsables del robo.

En vista de esta situación, el denunciante se ampara en el artículo 70 de la Ley N° 1562/00 «Orgánica del Ministerio Público», que permite denunciar situaciones de parcialidad o irregularidades en el desempeño de la función fiscal. Por ende, Marecos López solicitó la intervención del Inspector General del Ministerio Público para asegurar una investigación justa y transparente.

Un violento percance se registró este martes, en horas de la noche, en el km 77, cruce Itakyry, al norte del Alto Paraná. Varias personas quedaron gravemente heridas.

El accidente involucró a un camión Mercedes Benz, rojo, chapa AEV 238, que se encontraba al mando de Federico Benítez Portillo; un transporte universitario de la Municipalidad de Mbaracayú, con chapa CFA 081, guiado por Fernando Luis Robín, quien llevaba a varios pasajeros.

Estos últimos fueron identificados como Pablo Fabián Portillo, Elías López Rodríguez, Brancieli Rudyger y una persona individualizada solamente como Tania. Además, una camioneta Hyundai, color gris, chapa CBA 045, al mando de Myrian Antonia Portillo Sugastti.

Los lesionados, según el parte policial, fueron llevados primeramente al centro de salud de San Alberto. Posteriormente, se les trasladó al Hospital Distrital de Hernandarias, donde quedaron internados.

Tres hombres denunciaron haber sido prácticamente secuestrados, golpeados, amenazados y extorsionados por policías de civil pertenecientes a la comisaría 23 de CDE. Fueron liberados tras pagar parte de los G. 10 millones que les exigieron los presuntos policías. La referida comisaría fue desmantelada tras la denuncia.

Según el relato de una de las víctimas, el menor del grupo había contactado con una mujer a través de las redes sociales, con la cual habían pactado un encuentro en un lugar específico del barrio La Blanca. No obstante, el encuentro se tornó en una situación totalmente diferente cuando los tres hombres fueron interceptados por individuos que se movilizaban en dos vehículos particulares.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado, cerca de las 23 horas. En medio de la oscuridad, dos autos particulares se cruzaron en el camino de las víctimas cuando llegaban a la dirección indicada por la mujer.

El relato del afectado continúa: «Nos llevaron a la comisaría de Las Carmelitas, no me permitieron hablar, yo quería hablar, pero continuaron agrediéndome. A mis amigos les presionaron para que confesaran que llevaban droga». La presunta coacción por parte de los individuos que se presentaron como agentes de la ley se llevó a cabo con violencia y amenazas.

En medio de la situación, los tres hombres fueron acusados de tráfico de drogas por los mismos individuos que los habían interceptado. «Éramos tres personas, los policías nos acusaron de tráfico de drogas», declaró el denunciante.

El denunciante menciona que la pesadilla continuó cuando los policías les advirtieron que serían llevados ante la fiscalía, pero con una condición económica. «Nos dijeron que nos iban a llevar a la fiscalía y luego nos exigieron 10 millones de guaraníes para dejarnos en libertad».

El relato se torna aún más sombrío cuando el denunciante revela que incluso su sobrino de 16 años no se salvó del acoso policial: «A mi sobrino de 16 años le presionaron mucho para que confesara que vendíamos droga».

La situación finalmente se resolvió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, después de que las víctimas cedieran a las amenazas y demandas económicas. «Solamente nos liberaron luego de pagar 1.500.000 guaraníes. Mi cuñado me dio 500 reales y a otro amigo le quitaron 500 mil luego de empeñar su moto. Así juntamos esa suma para que nos dejaran en libertad».

A raíz de la denuncia, los jefes policiales de la zona tomaron medidas drásticas y desmantelaron la comisaría 23a., poniendo al personal a disposición del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.