Cuatro hombres fueron detenidos en el microcentro de Ciudad del Este, tras ser denunciados por dos turistas brasileños que afirmaron haber sido víctimas de extorsión, asalto y amenazas de muerte en el interior de un local comercial sin nombre. Según el relato de las víctimas, fueron guiados hasta el establecimiento por un “pirañita”, un captador de clientes que opera en la zona, y una vez dentro, fueron retenidos contra su voluntad y obligados a transferir dinero mediante el sistema PIX.
El hecho ocurrió en la mañana del miércoles 29 de enero. Según la denuncia presentada ante las autoridades, los turistas Reinam Domingos de Matos y Edcarlos Bernardo de Souza fueron llevados hasta el comercio ubicado sobre la avenida Regimiento Piribebuy, casi Adrián Jara. Una vez dentro, las persianas fueron cerradas y seis hombres los rodearon.
Bajo amenazas con armas de fuego y golpes, los obligaron a realizar transferencias bancarias a cambio de su libertad. Por temor a represalias, ambos accedieron. Luego de recibir el dinero, los agresores los dejaron salir del local.
El Departamento de Seguridad Turística (DESETUR) tomó conocimiento del hecho tras la denuncia de las víctimas y procedió a un operativo en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el comercio abierto y a cinco hombres en su interior. Uno logró escapar corriendo, mientras que los otros cuatro fueron detenidos.
Los aprehendidos fueron identificados como: • Alex Junior Tillería Carísimo (27 años) • Néstor Daniel Tillería (49 años), con antecedente por robo • Milder Ortiz Avalos (35 años), con antecedente por tentativa de homicidio y lesión grave • Alcides Chávez Romero (45 años)
Tras su captura, fueron trasladados al Hospital Regional para una evaluación médica y luego derivados a la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad. El caso fue comunicado a la fiscal interina Olga Melgarejo.
El Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, denunció la creación de un perfil falso en la red social TikTok que utiliza su identidad sin su consentimiento. A través de un comunicado oficial, Rolón aclaró que no posee cuentas en esta plataforma y expresó su preocupación por el uso indebido de su nombre.
El Fiscal instó a la ciudadanía a estar alerta y tomar las precauciones necesarias para evitar caer en fraudes relacionados con este tipo de perfiles fraudulentos. “Es fundamental que los usuarios de redes sociales verifiquen la autenticidad de las cuentas y no se dejen engañar por contenidos que puedan involucrar mi nombre de manera ilícita”, señaló Rolón.
Este tipo de acciones, explicó el Fiscal, no solo afectan la imagen de las personas involucradas, sino que también constituyen delitos tipificados en la legislación vigente, cuyo objetivo es proteger a la sociedad frente a la creación y difusión de cuentas fraudulentas.
El Ministerio Público, como representante de los intereses de la ciudadanía, reafirmó su compromiso con la lucha contra los fraudes digitales y la protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno virtual. A través de esta denuncia, busca sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados con el uso irresponsable de las redes sociales y la necesidad de tomar medidas para evitar ser víctimas de estafas en línea.
El Fiscal General concluyó su mensaje recordando que, en caso de encontrar cuentas falsas, los ciudadanos deben denunciar estos hechos ante las autoridades correspondientes, con el fin de agilizar la resolución de estos delitos y evitar consecuencias negativas para la comunidad.
Desde este jueves 30 de enero, varias estaciones de servicio en Paraguay aplicarán un ajuste en los precios de los combustibles. El aumento promedio será de G. 350 por litro y afectará tanto a gasoil como a naftas.
Nuevas tarifas de combustibles:
• Gasoil tipo I: G. 9.340 por litro
• Gasoil tipo III: G. 7.540 por litro
• Nafta 88 octanos: G. 6.480 por litro
• Nafta 92-93 octanos: G. 6.980 por litro
• Nafta 96-97 octanos: entre G. 8.330 y G. 8.340 por litro
El ajuste impactará en los precios de emblemas como Petrochaco, Petromax, Compasa, Fuelpar y Energy. Aunque no se descarta que más emblemas se sumen a la medida en los próximos días, aún no se han anunciado variaciones en los precios de Petropar.
Este incremento en los combustibles se da en un contexto de fluctuaciones en el mercado internacional del petróleo y podría incidir en los costos del transporte y otros productos de la canasta básica.
Un ciudadano brasileño condenado a más de 19 años de prisión por tráfico de drogas y asociación criminal fue detenido en la noche del 29 de enero en la ciudad de Dr. Raúl Peña, en el sur del departamento de Alto Paraná. La captura fue posible gracias a un operativo conjunto entre agentes policiales de Paraguay y Brasil, en el marco de un acuerdo de cooperación internacional.
El detenido fue identificado como Anilso Romanzini, de 39 años, quien tenía una orden de captura pendiente en su país. Su condena fue impuesta por el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, específicamente por la Vara de Ejecución Penal de Foz de Iguazú.
Según el informe policial, la detención se realizó en la vía pública del centro de Dr. Raúl Peña. La información clave para su captura surgió de un intercambio de datos entre fuerzas de seguridad de ambos países.
El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal María del Carmen Meza, de la ciudad de Iruña, para las diligencias correspondientes. Se espera que el detenido sea expulsado del territorio paraguayo y entregado a las autoridades brasileñas en los próximos días.
La Municipalidad de Ciudad del Este anunció la extensión del horario de atención al público este sábado, de 08:00 a 12:00, para facilitar el pago de impuestos con descuentos del 12 %. La medida busca agilizar los trámites y permitir que más contribuyentes regularicen sus obligaciones tributarias antes del 1 de febrero, fecha límite para acceder al beneficio.
El horario especial abarcará a funcionarios de la Dirección de Recaudaciones, Mesa de Entrada, Liquidación de Impuestos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Rodados y Tesorería. Desde la comuna destacan que la iniciativa pretende brindar una atención más eficiente y personalizada a los ciudadanos.
El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, en una entrevista con Forbes Paraguay, destaca el avance de inversores argentinos en Ciudad del Este, especialmente en el sector inmobiliario.
La Municipalidad de Ciudad del Este resolvió declarar asueto distrital el lunes 3 de febrero con motivo del 68° aniversario de la fundación de la ciudad y la festividad de su santo patrono, San Blas.
La medida, establecida mediante la resolución N° 8209 A.M., busca permitir la participación de la ciudadanía en los actos cívicos y religiosos programados para la fecha. Según el documento, se prevén actividades en homenaje a los pioneros de la ciudad y celebraciones litúrgicas en honor al santo bajo cuya advocación fue fundada la actual capital del Alto Paraná.
La resolución, firmada por el intendente Miguel Prieto Vallejos y el secretario general Francisco Arrúa, exhorta a la comunidad a adherirse a la conmemoración. Con este asueto, se busca garantizar la libre asistencia a los eventos culturales y religiosos enmarcados en la celebración.
Un hombre identificado como Andrés Fabián Rivas Martins (28) fue detenido este miércoles en un operativo fiscal y policial en el km 17 lado Acaray, barrio Padre Guido Coronel de Minga Guazú. El sospechoso era buscado por al menos tres casos de hurto agravado en la zona, con un patrón particular: siempre utilizaba capucha para cometer los hechos.
El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Osvaldo Zaracho, de la Unidad Penal N° 10, con apoyo de la Comisaría 8va., el Departamento de Investigaciones y personal de la GEO. Se allanaron dos viviendas en busca del presunto delincuente y evidencias que lo vinculen con los robos.
Durante el operativo se incautaron tres camperas (una gris y otra negra), un par de zapatos de cuero negro y una pata de cabra, herramienta comúnmente utilizada para forzar accesos. Sin embargo, no se informó si se hallaron objetos robados.
Según la investigación, Rivas Martins atacaba comercios en distintos puntos de Minga Guazú, entre ellos una ferretería y una agroveterinaria. Siempre actuaba con el rostro cubierto y elegía horarios estratégicos para evitar ser identificado.
El empresario Long Jiang, propietario de la maquiladora Hoahi S.A., ha sido reiteradamente denunciado por explotación laboral y violaciones al Código Laboral paraguayo. Sin embargo, su empresa sigue operando con impunidad y accediendo a licitaciones estatales millonarias, gracias a su estrecha relación con figuras del poder político.
Según fuentes cercanas, Jiang mantiene vínculos directos con el abogado Blas Pereira, un hombre de confianza del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Pereira, conocido por su historial de tráfico de influencias, especialmente en el ámbito judicial, actuaría como intermediario entre Jiang y las más altas esferas del poder, garantizando la protección de sus intereses económicos y minimizando el impacto de las denuncias en su contra.
Blas Pereira ha construido su carrera a partir de su cercanía con influyentes políticos y empresarios. Fue jefe de gabinete de los exintendentes de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod, y su hermano, el juez Juan Pereira, ocupa un puesto clave en el Poder Judicial. Esta red de contactos le permite mover influencias a favor de empresarios que, como Long Jiang, enfrentan cuestionamientos pero gozan de respaldo institucional.
Los informes señalan que Pereira utiliza su conexión con Pedro Alliana para garantizar que Hoahi S.A. no enfrente sanciones significativas por sus prácticas laborales. A pesar de las múltiples denuncias de empleados sobre jornadas extenuantes sin pago de horas extras, despidos arbitrarios y condiciones insalubres, los organismos encargados de velar por los derechos laborales han hecho caso omiso a los reclamos.
Además, bajo esta estructura de influencias, Jiang logró que su empresa fuera beneficiada con adjudicaciones estatales millonarias. Una de las más recientes supera los 30 millones de dólares, lo que refuerza las sospechas sobre el poder de sus conexiones políticas.
Pese a las reiteradas denuncias, en 2024 el Gobierno reconoció públicamente a Hoahi S.A. por su supuesto aporte al empleo en Paraguay. Esta distinción, que habría sido gestionada por Blas Pereira con el aval de Pedro Alliana, generó indignación en sectores sindicales y organizaciones laborales, que denunciaron la complicidad del Estado en la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Pero el reconocimiento de Hoahi no se limita solo a las autoridades gubernamentales. A pesar de los cuestionamientos sobre su operativa y las múltiples denuncias, la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, de la cual Hoahi S.A. es socio, otorgó a la empresa el reconocimiento como la maquiladora con el mayor número de empleados. Este premio ha sido visto como una muestra más de cómo las relaciones empresariales y políticas se entrelazan para mantener a empresas como Hoahi S.A. en una posición privilegiada, a pesar de sus prácticas cuestionables.
La falta de sanciones contra Jiang y su empresa pone en evidencia la protección política de la que goza. Mientras tanto, los empleados de Hoahi S.A. siguen trabajando en condiciones precarias sin que las autoridades intervengan de manera efectiva.
El caso de Long Jiang y su conexión con Blas Pereira y Pedro Alliana refleja un esquema donde el poder político y económico se entrelazan para garantizar impunidad y beneficios exclusivos a determinados empresarios. Esta estructura de tráfico de influencias permite que compañías con un historial de abusos laborales sigan operando sin restricciones y, en algunos casos, sean incluso premiadas por el Gobierno y otras entidades empresariales.
A pesar de las múltiples denuncias contra Hoahi S.A. y su propietario, la ausencia de sanciones demuestra el peso de las relaciones políticas en Paraguay. Mientras los trabajadores continúan siendo víctimas de explotación, las redes de corrupción siguen fortaleciendo su control sobre el aparato estatal, asegurando privilegios para unos pocos a costa del bienestar de la mayoría.
Lisa Jiang Juying, madre de Long Jiang, recibiendo un reconocimiento de la CEMAP.
Empresarios del sector portuario privado estarían ejerciendo presión para detener la construcción de la segunda etapa de la terminal portuaria de cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Presidente Franco, en inmediaciones del Puente de la Integración.
Fuentes señalan que la cancelación de la licitación iniciada en septiembre de 2024 podría estar relacionada con intereses privados, ya que algunos grupos empresariales aún no han concretado la compra de terrenos e instalaciones en la zona. El avance de las obras públicas daría una ventaja operativa al sector estatal, lo que generaría preocupación entre los empresarios que buscan posicionarse en el área.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) canceló el proceso licitatorio sin brindar explicaciones, lo que aumentó las sospechas de que hay factores externos influyendo en la decisión.
Impacto en la región
El freno a la obra genera incertidumbre en Presidente Franco, donde se espera que la terminal portuaria, una vez concluida, facilite el tránsito de camiones y turistas, además de aliviar la congestión del Puente de la Amistad.
La postergación de la infraestructura estratégica podría responder a una maniobra para permitir que el sector privado consolide su presencia en la zona antes de que el puerto público entre en funcionamiento.
Residentes de Minga Guazú analizan la posibilidad de movilizarse contra el aumento del peaje en el km 26 de la ruta PY02. La falta de respuesta del intendente Diego Ríos ante el reclamo ciudadano ha generado un creciente malestar, especialmente entre transportistas, deliverys y productores hortigranjeros, quienes aseguran que la suba afecta directamente su economía.
Mientras en otros municipios los intendentes han encabezado protestas exigiendo una reducción en la tarifa, en Minga Guazú la ausencia de gestión municipal ha obligado a los afectados a organizarse de manera independiente. Además de las manifestaciones, los mingueros evalúan presentar acciones legales y habilitar un camino alternativo a la altura de la calle 2000 para evitar el cobro del peaje.
Transportistas cuestionan que la concesionaria Tape Porã haya implementado el incremento sin un diálogo previo ni un estudio sobre su impacto económico. A pesar de las advertencias de la empresa sobre posibles denuncias penales en caso de bloqueos, los afectados insisten en que tomarán medidas para revertir la situación.
El intendente Diego Ríos (d) es cuestionado por su silencio ante la suba del costo del peaje.
