Un padre de familia, de nombre Porfirio Rojas Oviedo (48), fue sentenciado a dos años con suspensión de la ejecución de la condena por el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. La sentencia se dio a conocer este miércoles 8 de junio durante un juicio oral y público desarrollado en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

La fiscal Liliana Denice Duarte (foto), en representación del Ministerio Público, solicitó tres años de prisión para el acusado. Sin embargo, las magistradas Haydée Barboza, Zunilda Martínez y Alba Meza, que integraron el tribunal, consideraron suficientes los 2 años pena. El organismo juzgador tuvo en cuenta la condición de no vidente del encausado para reducir la condena. 

Según los antecedentes, la denuncia fue presentada en el Ministerio Público el 29 de mayo de 2012 por la ciudadana Gertrudis Martínez de Rojas, exesposa del acusado, en representación de sus tres hijos menores. 

Previamente, la jueza de la Niñez y Adolescencia, Graciela Ovelar Viñales, mediante resolución definitiva número 561, había condenado al padre de familia a pagar la suma de 352.700 guaraníes mensuales. El dinero debía depositarse en una cuenta judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero el hombre nunca realizó el depósito correspondiente, totalizando 20.071.500 guaraníes el monto adeudado a sus tres hijos menores.

La fiscal Analía Rodríguez presentó imputación contra Gabriel Zarza Brítez (28), quien está sindicado de haber raptado a su novia de 17 años para obligarla a practicar un aborto. También fue imputada Adalberta Rodríguez (67), la mujer que supuestamente interrumpió el embarazo de la víctima. De igual modo está bajo investigación Sixto Ramón Alderete (28). El primero de los citados soporta el proceso penal por aborto y privación de libertad, la mujer por aborto y el último de los citados como cómplice. 

Los ahora encausados fueron aprehendidos este miércoles durante un procedimiento efectuado por la fiscal Analía Rodríguez y agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, en el kilómetro 4 de Ciudad del Este. Fue luego de una denuncia radicada por Eloisa Vallejos Portillo, madre de la víctima. La misma declaró que su hija fue traída a la fuerza por el novio de Salto del Guairá a Ciudad del Este, donde le realizaron el aborto provocado. 

En el marco de la investigación, la representante del Ministerio Público realizó un allanamiento en el barrio San Roque de Presidente Franco, en la vivienda de Adalberta Rodríguez. Del lugar fueron incautados varios elementos que se utilizaron presumiblemente para la práctica abortiva, como ser medicamentos, cajas de jeringas desechables usadas y no usadas, instrumentales ginecológicos, ampollas utilizadas de diferentes antibióticos. También fue requisado del sitio un revólver calibre 32 mm. 

El allanamiento fue realizado en cumplimiento a una orden judicial firmada por el juez penal de garantías Amílcar Antonio Marecos. La fiscal Analía Rodríguez requirió la prisión preventiva para Gabriel Zarza y Adalberta Rodríguez, y aplicación de medidas alternativas para el cómplice Sixto Alderete.

Un aspecto ordenado, limpio y el remozado presenta el Depósito de Evidencias de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, con asiento en el barrio Fátima de la capital del Alto Paraná. Las mejoras se concretaron mediante las gestiones realizadas por el encargado del establecimiento, el abogado Pánfilo Garay, y el administrador de la Región X, Lic. Luis Alberto Ojeda Robledo.

Recientemente los pabellones del recinto fueron sometidos a reparaciones y pintura, además de mantenimiento general, a fin de preservar las evidencias depositadas en el sitio. Igualmente, los automotores que están en el predio fueron reubicados correctamente, mejorando considerablemente el aspecto visual del lugar. De igual modo, se introdujeron mejoras en los camineros y empastados y a la entrada vehicular. 

En el depósito se almacenan evidencias, como automóviles, camiones, buses, motocicletas, al igual que electrónicos, informáticos, y otros tipos de equipamientos y productos requisados en distintos procedimientos efectuados por los agentes fiscales del Ministerio Público. 

El complejo depende de la Dirección de Evidencias de la Fiscalía General del Estado, a cargo de la Lic. Alicia Franco, y es supervisado por el fiscal adjunto del Área Penal X, abogado Alejo Vera. El lugar cuenta con custodia policial y de funcionarios que reguardan el recinto durante las 24 horas.

La Fiscalía Zonal de Yguazú, a cargo del abogado Hugo Vázquez, entregó en donación una heladera y un horno eléctrico al hogar infantil Santa Elena del barrio San José de Ciudad del Este. El donativo, por valor aproximado de 4 millones de guaraníes, se realizó en la mañana de este jueves 2 de junio durante una visita realizada por el representante del Ministerio Público a la citada institución de beneficencia. 

Los electrodomésticos fueron donados por una persona investigada por el supuesto hecho punible de omisión de auxilio, en carácter de resarcimiento del daño social causado, y que de esa manera obtuvo una salida procesal menos gravosa.

Los responsables del hogar, María Elena Tindel y Eduardo Brítez Villagra, agradecieron al fiscal Hugo Vázquez la donación y resaltaron que los aparatos eléctricos serán de mucha utilidad a los 45 niños, de entre 6 meses y 16 años, que viven en el albergue. Señalaron que el hogar viene funcionando hace 3 años mediante la ayuda de instituciones y algunos benefactores. 

Los encargados de hogar explicaron que actualmente necesitan de ropas, abrigos, calzados, frazadas y colchones para los niños. Además de un lavarropas, atendiendo que el equipo con el cual contaban quedó averiado. También necesitan de útiles escolares, considerando que 32 de los menores acuden a la Escuela.

La fiscal Carolina Rosa Gadea requirió la prisión preventiva de Críspulo Ibarra Duarte (54), tras imputarlo por el supuesto hecho punible de coacción sexual. El sospechado está sindicado de haber toqueteado en sus partes íntimas a una adolescente de 14 años, a quien también amenazó de muerte al apuntarle con un revólver calibre 38 mm. 

El hecho ocurrió este 31 de mayo pasado, a las 15:00 aproximadamente, en el interior de un almacén del kilómetro 13,5 Acaray del distrito de Minga Guazú. Según la investigación fiscal, la menor estaba sola en el negocio cuando llegó al lugar Ibarra Duarte, quien pidió un pack de cervezas y luego se negó a pagar. Acto seguido, el hombre tocó en sus partes íntimas a la menor aprovechando que estaba sola y la agarró del brazo con la intención de llevarla a la fuerza al interior de la casa presumiblemente para someterla sexualmente. Sin embargo, en ese momento llegó la madre de la adolescente. 

El hombre se retiró rápidamente del sitio, pero después regresó aprovechando que los padres de la niña fueron a la comisaría para realizar la denuncia. Esta vez, el presunto agresor sexual apuntó su arma de fuego primeramente en la cabeza de la víctima, a quien exigió que le dé un beso. Seguidamente, le apretó el revólver en el estómago, amenazando con matarla. Tras la denuncia, agentes policiales del barrio Norma Luisa procedieron a detener al sospechoso, quien quedó a cargo del Ministerio Público.