La fiscal Mónica Larroza Romero (foto), de la Unidad Zonal de Yguazú, presentó acusación contra Miguel Germán Vergara Salinas y Nilson Cerdán Benítez por el supuesto hecho punible de homicidio doloso. El requerimiento conclusivo contra el primero de los citados fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 8, a cargo de la magistrada Nilda Estela Cáceres. Mientras contra el segundo se presentó en el Juzgado Penal de Adolescencia, atendiendo que en el momento del hecho era aún menor de edad. 

Los acusados están sindicados de atacar y asesinar de 8 puñaladas al Isacio Suárez Osorio (77). El crimen ocurrió el 17 de junio del 2016, a las 18:00 aproximadamente, en el barrio San Blas, a unos 4 mil metros de la ruta internacional número 7 “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia”, del distrito de Juan León Mallorquín. 

Según la investigación, los dos hombres llegaron a la vivienda de la víctima con la intención de robar un monto de dinero, producto de la venta de un animal vacuno. Nilson era conocido de la familia y para simular el hecho pidió agua al anciano, acto seguido Miguel Germán lo atacó con un cuchillo. Sin embargo, el dueño de casa se resistió y luchó cuerpo a cuerpo contra el presunto criminal, circunstancia en que sufrió las heridas con arma blanca. El herido inmediatamente fue socorrido por familiares y trasladado a un centro asistencial, donde se constató su deceso. 

Tras la denuncia, agentes policiales de la comisaría 10ª de la Juan León Mallorquín iniciaron un rastrillaje hasta que lograron la aprehensión de los dos presuntos homicidas, quienes actualmente se encuentran recluidos en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. La fiscal Mónica Larroza solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. 

Los fiscales Cinthia Leiva Cardozo y Marcelo Saldívar formularon acusación contra la empresaria Carmen Carolina Fernández de Peralta (43) y los arquitectos Pedro César Duarte Núñez (53) y Asunción Beatriz Maidana Vega (52) por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción. El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado Penal de Garantías número 3, a cargo del magistrado Carlos Vera. Los fiscales investigadores pidieron la elevación de la causa a juicio oral y público. 

Los citados están sindicados como los responsables de la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán Torres (2 años y 11 meses), quien se había electrocutado en una plaza pública de Ciudad del Este el 3 de enero de 2016. Carmen Fernández es la directora de la empresa Lainuz S.A., firma que realizó los trabajos de remodelación de la plaza donde ocurrió el hecho, mientras los profesionales arquitectos abalaron las obras en su carácter de directores de Área Urbana y de la División de Obras Municipales de la comuna de Ciudad del Este. 

Según la acusación, el 3 de enero del presente año, a las 18:00 aproximadamente, la niña Sara Amapola se encontraba jugando en la plaza Agustín Van Aaken de la capital del Alto Paraná y al caminar sobre un cantero que rodea a un árbol sufrió la descarga eléctrica. La pequeña fue socorrida y trasladada al hospital de la Fundación Tesâi, donde estuvo internada por 17 días hasta que falleció el 20 de enero por “edema cerebral difuso pos electrocución. Quemadura por electrocución”, según el diagnóstico médico. 

En el marco de las tareas investigativas, una comitiva de la Fiscalía y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se constituyó hasta la plaza y constató el grave incumplimiento de las exigencias del cuidado técnico que requieren los sistemas de instalación eléctrica en espacios públicos. 

La acusación sostiene que la empresa constructora Lainuz S.A., dirigida por Carolina Fernández, entregó el trabajo de mejoramiento de la plaza a la Municipalidad, el 30 de marzo de 2015, de manera irregular, y los arquitectos Beatriz Maidana y Pedro Duarte recibieron la obra, sosteniendo que fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad. 

Sin embargo, posterior al hecho, un informe técnico de la ANDE sostiene que las instalaciones eléctricas no fueron realizadas conforme a tales especificaciones ni se respetaron las reglas generales de la construcción. Esta situación generaba un peligro constante a las personas que acudían a la plaza de referencia y en un hecho condicionante para que se produjera la descarga eléctrica que sufrió la niña Sara Amapola, que posteriormente le causó la muerte.