La abogada Liz Carolina Alfonzo y don Pedro Torraz, dueños de unas parcelas que están bajo permanente amenaza de invasión por indígenas en La Fortuna, Hernandarias, denunciaron esta mañana a Radio Concierto, que los invasores son instigados por senadores del Frente Guasú, el INDI y que están avalados por una jueza de Asunción.
En la oportunidad, señalaron que a pesar de que fueron desalojados los indígenas del lugar, la amenaza de una nueva invasión es permanente, debido a que falsamente desde el INDI (Instituto Nacional del Indígena) se les indica que existe allí una propiedad de más de 1.300 hectáreas pertenecientes supuestamente a comunidades indígenas.
Estas propiedades, que pertenecen a distintos dueños ya fueron restituidas a sus dueños en junio pasado, en el marco de un recurso promovido por María Selva Alfonzo Vera c/Marta Isabel Díaz Martínez. Se trata de la Finca 1808, Lote Agrícola Nº 24, Colonia Tape Yke, con una superficie de 16 hectáreas.
Así también, en la misma zona, tras un recurso promovido por Liz Carolina Alfonzo de Rojas c/ Marta Isabel Díaz de Gonçalves, fueron restituidas unas tierras pertenecientes a una paraguaya, pero es esposa de un brasileño que tiene enormes plantaciones de soja en la zona.
A pesar de que cuentan con otro recurso de amparo promovido por los dueños de las tierras, que dispone la detención de cualquier persona que ingrese a la propiedad sin la autorización debida de los dueños, sin embargo los invasores incluso se tomaron el atrevimiento de instalar una tranquera, donde él debía pedir permiso al cacique para ingresar a su propia tierra, según don Pedro Torraz.
“Es el colmo, no es posible que la justicia permita estas injusticias que estamos pasando. Nuestros títulos son de muchos años atrás, y cómo es que esos documentos no pueden valer hoy día, cuando cualquiera viene y entra en nuestra propiedad”, manifestó el afectado.
En tanto que la abogada Liz Carolina Alfonzo, manifestó que esas fincas formaban parte de una colonia cedida por el entonces IBR (Instituto de Bienestar Rural (IBR) a ex combatientes de la guerra del Chaco, y por eso ese lugar llegó a llamar “Colonia Chaco-re’i”.
La misma añadió que la finca que pertenece a su familia, tiene apenas 7 hectáreas y que sus padres vivían allí hasta hace tres años, cuando fue invadida y tuvieron que rescatarlos para protegerles de los violentos indígenas que todos los días ingerían bebidas alcohólicas.
“El sueño de mis padres era vivir en el campo, en una propiedad que legítimamente les pertenece, y hoy tienen que ser exiliados por culpa de gente que no quiere trabajar, y además no tienen ni un solo documento válido”, lamentó.
A pesar de que ya tenían la disposición definitiva de la Corte Suprema de Justicia, para la restitución de la propiedad después de tres años, los indígenas recibieron llamados telefónicos de senadores del Frente Guasú para que sigan en el lugar. Esto, a pesar de que el propio INDI confirmara que la propiedad invadida no les pertenece, y que el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) confirmara que los títulos de los dueños de esas fincas son legítimos.
A esto se suma la resolución de una jueza de Asunción, Alejandra Magalí Zabala de Biederman, quien admitió una medida cautelar en medio de un recurso de reivindicación, a favor de los invasores, basándose en el Código Procesal Civil de Argentina, donde admite que “las medidas de urgencia son privativas de Amparos Constitucionales, y que obviamente no se extiende como tal a otro tipo de procesos”. Ante esto, prevén denunciar a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
