La fiscal Liliana Denice Duarte (foto) presentó imputación contra dos directivos del Grupo Buen Futuro, quienes habrían fraguado dos pagarés por valor de 2.500.000 dólares americanos con la aparente intención de consumar una estafa. Los procesados son los brasileños Spartagus Wanderley Lordani (41) y Flavio Pereira Soares (37), quienes soportan el cargo por producción de documentos no auténticos. La representante del Ministerio Público requirió la aplicación del arresto domiciliario para los dos imputados, quienes están a cargo del Juzgado Penal de Garantías.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía por el abogado Marco Rubén Fernández en representación de la empresa Tecnomyl S.A., que resultó víctima al falsificarse las firmas de sus principales directivos. Según los antecedentes, el 17 de febrero de 2016, el gerente de créditos de la firma, el economista Arnaldo Campuzano, recibió una llamada telefónica de parte de Carlos López, gerente de la compañía Dekalpar S.A., quien le informó que tenía en su poder dos pagarés de su empresa, identificados con el número 001 y 002, ambos con valor de 1.250.000 dólares cada uno, y solicitó una reunión para establecer la forma de pago.
Los documentos, que tienen fecha de emisión el 10 de mayo de 2015, habían sido entregados a la compañía Dekalpar S.A. por representantes de la empresa Grupo Buen Futuro S.A., en pago de deudas mediante una cesión de créditos celebrado ante una escribanía pública, el 11 de febrero de 2016.
Sin embargo, las firmas de los directivos de la empresa Tecnomyl que aparecen en los millonarios pagarés fueron falsificadas, según se pudo comprobar mediante un peritaje que dispuso la Fiscalía. El Lic. Darío Benítez Otazo, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público, concluyó que, “los documentos dubitados identificados como pagarés 001 y 002, con fecha de emisión 10 de mayo, por valor de 1.250.000 dólares americanos cada uno, presentan vestigios de adulteración”.
A raíz de esto, la fiscal Liliana Duarte determinó el procesamiento de los dos presuntos responsables del hecho punible de producción de documentos no auténticos, dentro de las previsiones del Art. 246, inciso 1 y 4, en concordancia con el Art. 29 del Código Penal, que tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de prisión.