Cuando finalmente se perfilaba el inicio de la audiencia preliminar contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros 12 acusados por un perjuicio de G. 306 millones a la comuna, su defensa volvió a interponer un recurso que generó una nueva postergación.
Esta vez, la estrategia fue una acción de inconstitucionalidad, acompañada de una reposición con apelación subsidiaria, que según la Fiscalía fue claramente improcedente y con el único fin de dilatar el proceso.
El fiscal Silvio Corbeta, acompañado de sus colegas Yeimi Adle y Verónica Valdez, fue tajante al afirmar que la audiencia no pudo realizarse por maniobras reiteradas que impiden el avance del juicio. Incluso se solicitó sanción disciplinaria contra la defensa por el uso abusivo del derecho.
“Cuando por fin se iba a desarrollar la audiencia, se presenta nuevamente una oposición. Nosotros creemos que es con el fin de dilatar el desarrollo”, expresó Corbeta.
Desde la Fiscalía recordaron que una acción de inconstitucionalidad no suspende el proceso penal, salvo que la Corte Suprema lo ordene expresamente, lo cual no ocurrió en este caso.
La causa se originó en 2020, por una compra presuntamente amañada de insumos para fabricar panificados con fines sociales durante la pandemia. La empresa adjudicada, Tajy Servicios Generales, habría cobrado por mercaderías que nunca entregó.
Hasta hoy, ninguno de los acusados fue sometido a medidas cautelares. La audiencia, reprogramada para abril, vuelve a quedar en pausa, en medio de un proceso que ya acumula varios recursos y presentaciones incidentales.
Argumentos del fiscal
Corbeta explicó que la acción presentada no tiene efectos suspensivos y que el Código Procesal Penal es claro al respecto: este tipo de demandas se tramitan por cuerda separada, salvo que exista una medida cautelar de la Corte, cosa que no sucedió.
Además, señaló que no se pudo imponer medidas cautelares contra los acusados por la cantidad de incidentes dilatorios, lo que afectó todo el desarrollo del proceso desde la etapa investigativa.
“Finalmente terminó con una acusación fiscal, pero tampoco se pudo imponer las medidas sobre todos los acusados por las constantes presentaciones. Hay como 12 personas aproximadamente acusadas”, puntualizó.