Comerciantes de Ciudad del Este se encuentran preocupados por el proceder de la Policía Nacional y el Ministerio Público, tras una serie de allanamientos que, según denuncian, se estarían utilizando para extorsionarlos. El fiscal Luis Alberto Trinidad Colmán ha encabezado varios procedimientos que, bajo la excusa de investigar robos de vehículos, terminan centrados en depósitos de mercaderías, donde los comerciantes son presionados para presentar documentos bajo amenaza de abrirles procesos por contrabando.

Uno de los casos más recientes se registró en un local sobre la avenida José Martí, casi avenida San Miguel. La orden judicial, firmada el 23 de septiembre de 2024, permitió a las autoridades ingresar a un depósito identificado como propiedad de una empresa comercial, en el marco de la investigación de un hecho punible de reducción. Sin embargo, en lugar de encontrar vehículos robados, o partes de los automotores, los agentes requisaron perfumes y celulares, exigiendo pruebas de compra y pago de impuestos a los propietarios.

De acuerdo con los afectados, estas incursiones no responden a investigaciones legítimas, sino a una estrategia de amedrentamiento. «Llegan con la excusa de buscar autos robados, pero se enfocan en los depósitos de mercaderías. Si no tenés todos los papeles al día, te proponen arreglos para no abrir una causa», declaró un comerciante que prefirió el anonimato.

Este tipo de procedimientos, infelizmente, han sido la constante en Ciudad del Este, principalmente en los últimos meses de cada año. La opinión pública jocosamente los denomina «operativos pan dulce», en alusión a que el mencionado producto es comercializado en épocas navideñas, coincidiendo con el incremento de estos operativos de la fiscalía, apoyados por agentes policiales.

En un solo mes, varios comerciantes reportaron haber sido víctimas de esta misma modalidad. Según sus testimonios, tras el allanamiento, los fiscales y policías ofrecen «solucionar» la situación con un pago para evitar problemas legales. «No podés decir que no, porque ellos manejan la situación. Si no aceptás, te abren una causa de oficio por contrabando», relató otra víctima.

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han intentado rebatir estas denuncias. Entretanto, los comerciantes exigen que cesen este tipo de procedimientos, que consideran abusivos y fuera del marco legal.

La situación genera alarma entre los comerciantes de Ciudad del Este, donde los crímenes callejeros son una preocupación constante. Mientras la Policía concentra sus esfuerzos en estos allanamientos, la prevención de los robos y hurtos en las calles, que afectan a decenas de locales a diario, parece haber quedado en un segundo plano.