Otra vez, la desidia y la corrupción del Ministerio de Salud se cobran una vida. Esta vez fue un niño de apenas 8 años que, en medio de una emergencia, tuvo que ser trasladado 70 kilómetros porque en Ciudad del Este, supuestamente, no había camas de UTI disponibles. ¿Realmente no había? ¿O simplemente estamos ante el mismo esquema de siempre donde la salud se maneja como un negocio y no como un derecho?

El relato del pediatra Juan Del Puerto es claro: el niño llegó al Hospital Distrital de Presidente Franco en estado crítico y necesitaba terapia intensiva con urgencia. Pero el SEME le negó un lugar en la red pública. En vez de derivarlo a un sanatorio cercano, fue enviado a otro en Santa Rita, mucho más lejos. Murió en el camino. Y el Ministerio de Salud, en lugar de asumir su responsabilidad, sale con el mismo libreto de siempre: prometen auditorías, investigaciones, medidas. Puras palabras. ¿Cuántos niños más tienen que morir para que haya cambios reales?

La ministra de Salud, María Teresa Barán Wasilchuk, reaccionó con un mensaje en X: «No toleraremos irregularidades. Se auditará cada proceso y se tomarán medidas donde sea necesario». Es difícil creerle. La falta de camas UTI y la mafia en las derivaciones no son problemas nuevos. Son una bomba de tiempo que este gobierno ha preferido ignorar. Y ahora que explotó, intentan salvar su imagen con promesas vacías.

Lo peor es que el sistema está diseñado para que el que no pueda pagar, muera. Porque eso es lo que pasa. El Ministerio de Salud ha convertido las emergencias médicas en una ruleta rusa donde las vidas dependen de favores políticos, negocios privados y una estructura corrupta que nadie se anima a desmontar. Mientras tanto, la gente sigue sufriendo, esperando que la salud pública haga lo que, en teoría, debería hacer: salvar vidas.

Hoy le tocó a este niño. Mañana, ¿a quién más? Si el Ministerio de Salud sigue administrando la vida y la muerte como un negocio, el costo lo seguirán pagando los paraguayos con sus vidas.